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Medio Ambiente 11 Jun 2013 - 10:00 pm

El 54% del área pertenece a Nicaragua

Turismo amenaza la reserva marina Seaflower

La presión ambiental de los 500 mil visitantes que San Andrés recibe al año podría poner en peligro la reserva con la que Colombia busca una modificación del fallo de La Haya.

Por: Redacción Vivir
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En el año 2000 la reserva Sea Flower fue declarada Patrimonio de la Humanidad, reconociendo así su riqueza coralina. / Fotos: Juan Sebastián López

Sea Flower, la reserva marina de 180.000 kilómetros cuadrados que rodea las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue divida por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en noviembre pasado cuando concluyó que 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe ya no eran colombianos sino nicaragüenses.

Aunque hace unas semanas El Espectador dio a conocer que el gobierno colombiano podría refutar el fallo, alegando —entre otras cosas— que el alto tribunal desconoció la delimitación de Seaflower (declarada por la Unesco Reserva de la Biósfera en el año 2000) y la gestión que Colombia ha adelantado para su conservación, un estudio de la Universidad Nacional encontró que la reserva marina se encuentra en riesgo debido a las presiones del alto volumen de turistas que recibe San Andrés, el desarrollo urbano, el vertimiento de aguas residuales al mar y la sobrepesca.

El investigador Luis Alberto Guerra, biólogo y magíster en estudios del Caribe pudo identificar, a través de la elaboración y superposición de mapas de amenazas, que en San Andrés existen zonas donde se unen la explotación de madera, el desarrollo urbano y la pesca dentro de los manglares, poniendo en peligro estos importantes ecosistemas que son claves para la reproducción de muchas especies. “A esta situación habría que agregar las consecuencias del fallo de La Haya para los pescadores colombianos, quienes deberán concentrarse todos en pocos lugares, generando sobrepesca y poniendo en riesgo los recursos”.

Asimismo, explica Guerra, la basura y los desechos orgánicos generados por la dinámica hotelera construida en zonas de San Andrés que hacen parte del territorio de protección del litoral (el borde de los primeros 50 metros de costa) ya están ejerciendo una fuerte presión sobre los ecosistemas de las islas. La directora de Mares y Costas del Ministerio de Ambiente, Elizabeth Taylor, está de acuerdo con que es necesario tomar medidas económicas para enfrentar la presión ambiental que ejerce el elevado número de turistas (que pasó de 500.000 a 700.000 en el último año).

“Existe una tasa que se les cobra a los turistas (unos $20.000), establecida por la Ley 47 de 1993, que indica que estos recursos deben destinarse a infraestructura pública hotelera y a conservación; sin embargo, a pesar de que la ley lo indica, no existe esa retribución ambiental y el gobierno local no ha destinado los recursos necesarios para la conservación. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), que ha hecho grandes esfuerzos durante la última década para preservar los ecosistemas marinos, recibe en promedio US$500.000 para administrar todas sus áreas protegidas, pero por su extensión necesitarían más de US$6’000.000 (por cada 1.000 km² de mar se necesita por lo menos 1 millón de dólares). Esos dineros podrían salir de los recaudos de la tasa”, dice la directora y bióloga marina.

Por otro lado, agrega Taylor, es necesario trabajar más en la creación de conciencia frente a la protección de los recursos naturales en la isla, que finalmente son el foco de atracción del 95% de los turistas que viajan a San Andrés. “El 76% de los arrecifes de Colombia está en ese archipiélago y amerita una protección especial, pero muchos turistas no son conscientes ni siquiera de que más del 80% del agua que se consume es subterránea y hay que cuidarla; por el contrario, un turista en San Andrés gasta tres veces más agua que un habitante”.

Por su parte, el director de Coralina, Dorsey Stephen, acepta que San Andrés tiene un grave problema de erosión y que necesita un nuevo proceso de ordenación, “pero a pesar de todo, las playas pueden calificar como de primera categoría”. Stephen afirma que para los sanandresanos el océano significa el 90% del territorio, genera sus riquezas, la cultura y es la base de su economía. Sin embargo, “la contaminación por descargas de los barcos, la disminución de las áreas de manglar por el mismo crecimiento urbano, la disminución de especies como el caracol y la langosta, ponen en peligro nuestro futuro”.

Si bien la directora de Mares y Costas del Ministerio de Ambiente explica que el gobierno nacional ha apoyado, junto con el Banco Mundial, las iniciativas regionales de conservación, y en los últimos años se ha trabajado en la elaboración de un plan de manejo de la reserva Seaflower, la falta de recursos para la protección del área la hace vulnerable.

Aunque aún puede asegurarse que la reserva es un ecosistema altamente conservado, si no se toman las medidas necesarias en el futuro Seaflower podría perder la categoría de Reserva de la Biósfera. De modo que si el gobierno colombiano quiere hacer de la reserva marina su bastión de negociación ante La Haya deberá tener en cuenta este panorama.

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