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Este sábado las autoridades indígenas del resguardo Gitó Dokabú, ubicado en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda) se reunirán y con acompañamiento de la Defensoría coordinarán el retorno de 239 personas a sus territorios, que por temor a miembros armados del Eln abandonaron el pasado 20 de octubre.
Ese día, las comunidades indígenas de Canchidó, en el resguardo indígena Gitó Dokabú del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), abandonaron sus territorios tras la presencia de hombres fuertemente armados que de acuerdo con el testimonio de las comunidades, pertenecerían al Eln. Según la información que los pobladores del resguardo brindaron a las autoridades, los guerrilleros portaban armas de largo alcance.
Ante la delicada situación, la Defensoría del Pueblo acompañó a las comunidades para que recibieran atención en salud. En total, ese organismo garante de derechos coordinó la atención médica de cinco niños y dos mujeres embarazadas que estaban en delicado estado de salud.
Los testimonios recogidos con la comunidad desplazada advierten que el territorio, históricamente ocupado por la guerrilla de las Farc, comenzó a ser ocupado por nuevos actores armados, presuntamente miembros del Eln. El éxodo, que se registró el pasado miércoles, se dio desde el resguardo hacia la cabecera del corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico (Risaralda).
El secretario de Gobierno del Departamento, Julio César Londoño, manifestó en su momento que el desplazamiento se dio como una medida de protección, mas no por hostigamientos concretos contra la comunidad. Inmediatamente después de los hechos, hombres del Ejército y de la Policía se desplazaron hacia el resguardo, para verificar las condiciones de seguridad de la zona limítrofe entre Risaralda y Chocó.
El pasado 2 de agosto la Defensoría le había solicitado al Ministerio del Interior declarar una alerta temprana para el municipio de Pueblo Rico, por cuenta de grupos ilegales como el ELN. En el informe de 33 páginas, la entidad expresó su preocupación por las condiciones de seguridad de 6.780 personas, quienes pertenecen a los pueblos Embera Chamí y Embera Katío, a comunidades afrodescecendientes y a dignatarios de juntas comunales en los corregimientos de Santa Cecilia y Villa Clareth.
De acuerdo con el informe que la Defensoría difundió hace tan solo tres meses, los grupos armados ilegales buscan ocupar los espacios otrora dominados por el Frente Aurelio Rodríguez de las Farc, debido a que estos representan la conexión terrestre entre a zona de producción minera del Alto Andágueda y la zona de producción de alcaloides en el medio San Juan Chocoano.
Según la entidad, el Eln ha venido fortaleciendo su presencia en la zona desde mediados del año 2015 afianzándola aún más en los paros armados de mayo y diciembre de 2015, y de febrero y abril de 2016 .Con estas acciones,c uya consecuencia más reciente fue el desplazamientod e los 239 indígenas, el Eln estaría afectando la movilidad de personas y productos necesarios para la supervivencia de la población en la vía que conecta Pereira con Quibdó.
Entre los hechos más graves que afectan la supervivencia de los pueblos indígenas del municipio, señaló la Defensoría, son las amenazas sufridas por los gobernadores mayores de los resguardos de Embera Katío Gitó Dokabú y Embera Chami ocurridas en febrero y junio de 2016 respectivamente. Además, destacó con preocupación el atentado que el pasado 21 de junio de 2016 sufrió Diego Querágama, comunero Embera Katío de la comunidad de Conondo, en el resguardo Gitó Dokabú.
Si bien la comunidad ansía su retorno al territorio, la Defensoría conoció que ha habido instalación de campamentos del Eln en zonas de plantas medicinales y sitios sagrados del resguardo Embera Katío de Gitó Dokabú, y que además, al resguardo estarían tratando de entrar hombres pertenecientes al clan del Golfo, para consolidar el corredor vial que conecta Chocó con el interior del país.