¿Abonando el campo para las regionales?

A finales de mayo, de cara a las elecciones regionales y antes de que empiece a regir la Ley de Garantías, el Ministerio de Agricultura tendrá que haber entregado casi $1 billón a los que se comprometió con los actuales alcaldes y gobernadores. Esta iniciativa forma parte de la reestructuración que se vive en la cartera agropecuaria desde que Aurelio Iragorri Valencia se posesionó como su titular. Con un presupuesto nunca antes visto de $5 billones para la vigencia 2015, la forma como hoy se distribuye el gasto ya está en la mira de sus críticos.

“La distribución del presupuesto no la podemos hacer en Bogotá detrás de un escritorio, sino en las regiones, con los campesinos, las organizaciones sociales y la institucionalidad departamental y municipal”, ha dicho el ministro Iragorri, quien decidió reformular el programa de convocatorias abiertas que habitualmente recibía proyectos regionales de inversión para controlarlos desde la capital, y creó los denominados Planes de Articulación Regional (Pares), que determina que ahora se haga a través de los entes territoriales.

“Es un ejercicio a través del cual se analizan las necesidades de la gente y se definen recursos para solucionarlos”, ha insistido Iragorri para defender su modelo de gestión, en un momento determinante para el Ministerio que orienta. No sólo por el significativo presupuesto que debe ejecutar o los compromisos pactados con los organizadores de los recientes paros campesinos, sino porque en desarrollo del proceso de paz que se adelanta en La Habana, el acuerdo agrario firmado en junio de 2013 constituye un desafío aparte para este sector.

El Espectador revisó todos los boletines de prensa del Ministerio desde que llegó Aurelio Iragorri e inicialmente constató la prioridad que el titular de la cartera de Agricultura le ha otorgado a su programa Pares. Hasta hoy se han adelantado 18 encuentros en distintos departamentos en los que él prometió ejecutar más de $896.000 millones. Las palabras del ministro detallan sin dudas su afán por distribuir los recursos. “Pasaremos de la habladera a la sembradera”, expresó, por ejemplo, en Ocaña (Norte de Santander).

Su argumento primordial es que los Planes de Articulación Regional integran la nación con los territorios y constituyen una manera de descentralizar los recursos públicos. “Las necesidades surgen de la región, las prioridades las determina la región, la ejecución de los recursos la hace la gente de la región y la interventoría la hace el pueblo en la región, a través de las juntas de acción comunal y las organizaciones de base campesina e indígena”, precisó el ministro Iragorri Valencia el pasado 5 de diciembre en Antioquia.

Sin embargo, la convicción que exalta en sus discursos ya despierta suspicacias. “Ese plan de Iragorri es un ejercicio antitécnico y populista porque está entregando una astronómica cantidad de dineros públicos a entes territoriales para abonar campañas políticas”, comentó un funcionario de Planeación Nacional que pidió reserva de su identidad. Detrás de su crítica surge un interrogante: ¿si se tiene en cuenta que en tres meses entra a regir la Ley de Garantías, la concesión de estos recursos está obrando como incentivo electoral?

A estos comentarios se suman informaciones periodísticas de distintos medios, según las cuales, además de la apurada entrega de recursos públicos en las regiones en un año electoral, en el interior del Ministerio de Agricultura, en los últimos tiempos, se advierte un inusitado aumento en la nómina de los contratistas. Incluso se habla de nómina paralela. Por lo menos así lo calificó el senador del Centro Democrático Alfredo Ramos, quien en un reciente debate de control político afirmó que esa nómina adicional “ha crecido 258% en dos años”.

“Han ingresado muchos asesores. En el área de comunicaciones, por ejemplo, hasta hace pocos meses había tres personas y ahora trabajan 18. Eso ha desencadenado incertidumbre entre los funcionarios y cómo han cambiado también a varios directores y hasta un viceministro se fue, la sensación que impera es que llega mucha gente, pero nadie tiene nada asegurado”, expresó una fuente de la propia cartera. Incluso se dice que por mucho tiempo este Ministerio era un fortín burocrático del Partido Conservador, pero ahora está cambiando.

A través de un derecho de petición, El Espectador solicitó la relación de contratos entre el Ministerio y varios particulares desde agosto de 2014 a enero de 2015. La respuesta, con más de 20 páginas, detalla los nombres, funciones y sueldos de 132 contratistas que llegaron en ese tiempo. La suma de pagos para estos contratistas supera los $530 millones mensuales. De los 132 contratos, 29 son de asesores jurídicos, 26 para apoyo del programa de formalización de tierras, 19 de apoyo técnico, 10 para información y 8 para comunicaciones.

En particular, resaltan cinco contratos de quienes hoy ofician como asesores directos del ministro. Un círculo personal integrado por Boris Zapata, Arturo Dajud, Julián Murcia, Juan Pablo Pineda y Andrés Buriticá. Según un funcionario consultado, “la llegada de estos gerentes, que Iragorri puso por encima de los directores y hasta de los viceministros, ha causado muchas tensiones”. El propio ministro de Agricultura lo reconoce al decir que “el equipo que estaba hoy se siente incómodo, pero la ejecución pasó del 30 al 92%”.

En noviembre pasado, por ejemplo, hubo revolcón. Salió de la entidad Margarita Varón, directora de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, quien había participado activamente en la confección del acuerdo agrario con las Farc y estaba dedicada a diseñar la implementación de estos acuerdos. “La salida de Margarita Varón ha generado preocupación hasta en el equipo de negociadores en La Habana, pues era ella quien más conocía los detalles de los acuerdos”, comentó una fuente consultada.

Con Margarita Varón se fueron también Miguel Fadul, exdirector de Cadenas Agrícolas y Forestales, y Andrés Silva, exdirector de Capacidades Productivas. “El clima laboral se puso difícil. En enero vino un nuevo sismo con la renuncia del viceministro de Desarrollo Rural, Aníbal Fernández de Soto, quien desarrollaba los acuerdos con las organizaciones sociales. Ya renunció Adelaida Cano, directora de Gestión de Bienes Públicos Rurales, y se la pidieron a Victoria Peña, directora de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria”.

“La llegada del ministro Iragorri ha sido difícil para los que estábamos. Primero, porque ha desacreditado el trabajo que se venía haciendo con el argumento de que era una cartera ineficiente que acostumbraba a manejar todo desde Bogotá. A eso se suma que ahora se quiere ejecutar mucho dinero en programas que algunos creen sin suficiente fundamento técnico, y hay que entender que después del escándalo de Agro Ingreso Seguro la gente no quiere terminar en la cárcel o perder su patrimonio”, recalcó una fuente de información.

Por lo pronto, la nueva cúpula del Ministerio es protagonista. El más notorio es Boris Zapata, un abogado cordobés que fue director de Comunidades Negras del Ministerio del Interior cuando Aurelio Iragorri oficiaba como viceministro de Germán Vargas, Lleras. Se dice que sigue siendo muy cercano al ministro de Agricultura, al punto de que ha sido su voz en algunos eventos de los Pares. Sin embargo, también se rumora que hay presiones desde la Casa de Nariño para su salida. Lo cierto es que tiene vigente su contrato por tres meses.

Algunos incluso le cobran el fracaso de la construcción jurídica del espacio nacional de consulta previa con los pueblos afros en tiempo reciente, un hecho que llevó a que el año anterior la Corte Constitucional regañara a través de un fallo al Ministerio del Interior. Específicamente a través de la Sentencia T- 576 del 4 de octubre de 2014, a través de la cual el alto tribunal consideró que la cartera de gobierno, en la que Boris Zapata precisamente tenía a su cargo el desarrollo del tema, había violado los derechos de las comunidades afros.

El otro integrante del círculo personal del ministro Iragorri es el también abogado cordobés Arturo Dajud, quien apareció en el sector rural como asesor de Luis Fernando Caicedo en el ICA, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, y después se sumó a las filas de Aurelio Iragorri en el Ministerio del Interior. Hoy cumple funciones de apoyo en la articulación de las entidades adscritas al Ministerio y estará encargado de los agroencuentros, una iniciativa para organizar eventos regionales con empresarios, productores y entidades del agro.

Los restantes hombres de confianza son: Juan Pablo Pineda, abogado bogotano de 32 años que apoya a las organizaciones gremiales; Julián Murcia Ardila, otro abogado bogotano que trabajó en la Registraduría y llegó en septiembre a contribuir con la formulación de políticas institucionales, y Andrés Buriticá Albarracín, quien apoya al ministro Iragorri en la formulación de políticas públicas. Buriticá fue además director de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior y es politólogo de profesión con énfasis en gestión pública.

Según las fuentes consultadas, a esta cúpula de asesores se suma el influjo del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien tiene personas de su confianza en el Ministerio en temas de tierras. De hecho, Vélez hoy ejerce como ministro encargado para el proyecto 133 de 2014, que busca crear las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, un proyecto de ley que, en criterio de los entendidos, originó una de las diferencias sustanciales entre el ministro Aurelio Iragorri y la exfuncionaria Margarita Varón.

En síntesis, se advierten apremios en el Ministerio. Su titular sostiene que se trata de una campaña interna para debilitarlo y que las críticas surgen de un equipo que se ha sentido incómodo con la nueva dinámica. “El sector agropecuario está como está porque hace 50 años se vienen haciendo las cosas así. Yo estoy haciendo el esfuerzo para que esto salga bien y además creo en la descentralización con la gente. Entiendo que hay un grupito que me quiere hacer daño, pero seguiré adelante en mis objetivos”, manifestó Iragorri.

Lo cierto es que hay cisma interna en la cartera de Agricultura, en un momento crucial en que se requiere unidad para encarar los retos agrarios del posconflicto. Iragorri dice que tiene a su disposición más de 15.000 cargos y lo están criticando por cuatro nombramientos. Sin embargo, todos los ojos están puestos en su estrategia de Planes de Articulación Regional, que según él se implementaron para tener en cuenta las regiones, pero que en Bogotá se dice que son estrategias para salir avante en un año electoral.