El deseo de que el soldado Camilo Andrés Martínez Cárdenas, enviado a la cárcel de Villavicencio tras abusar sexualmente de una bebé de cuatro meses el fin de semana pasado en Fuentedeoro (Meta), reciba la mayor condena, hizo que varios en redes sociales creyeran el rumor sobre su asesinato en prisión.
Ayer en la mañana, luego de que el exmilitar de 19 años aceptara los cargos de acceso carnal violento agravado y tentativa de feminicidio, se dijo, incluso en algunas emisoras locales, que Martínez habría sido asesinado apenas ingresó a prisión.
Lo cierto de todo, según las autoridades que custodiaron al sujeto, es que en Granada, hasta donde fue llevado para la audiencia de garantías, sí hubo un conato de asonada para agredirlo y tomar la justicia por su propia cuenta, por lo que, mimetizado, fue trasladado hasta un municipio cercano. Tras los exámenes médicos que le practicaron, se confirmó que Martínez no estaba bajo la influencia de ninguna droga ni sustancia psicoactiva mientras cometía el abuso. Martínez había alegado estar borracho para intentar justificar el atroz crimen.
Entre tanto, ayer en Villavicencio continuaban las manifestaciones de repudio. En la tarde, la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, y un equipo de gobierno presidieron en Fuentedeoro una sala situacional en la que se evaluó la forma en que las instituciones actuaron para atender el caso.
“Solicitamos de inmediato a todo el equipo de gobierno priorizar y reforzar las acciones interinstitucionales adelantadas por la administración central, las cuales están orientadas a garantizar la seguridad y el respeto por los derechos de los niños y niñas del Meta”, dijo Amaya.
El objetivo es revisar cada una de las responsabilidades que se tienen en dicha ruta de atención y que la misma sea eficaz y no suponga indisposiciones para que las víctimas denuncien.
Desde el año pasado, la mandataria emprendió una intensa campaña para prevenir que en Meta sigan ocurriendo casos de violencia contra la mujer y se estableció el 25 de cada mes como el Día Naranja, un símbolo de la lucha contra la violencia de género.
En el país, el departamento del Meta ocupa uno de los primeros puestos en abuso sexual contra menores de edad y de violencia contra las mujeres: con 181 casos en los primeros tres meses del año y es séptimo con más exámenes médicos por presuntos delitos sexuales contra menores de edad, de acuerdo con el Sistema de Información Clínica Forense. Según el Instituto de Medicina Legal, entre 2009 y 2014 en el país se registraron 379 muertes violentas de mujeres, de las cuales 331 son homicidios y 48 suicidios; mientras que para 2015 el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) notificó 1.521 casos de violencia contra la mujer, es decir, un 20 % más que en 2014.
El ICBF, que tiene habilitada la línea gratuita nacional 141 para garantizar la atención oportuna a los niños, reveló ayer que “de los más de dos millones de llamadas recibidas entre enero de 2016 y febrero de 2017, el 67 % corresponden a llamadas “no serias”.
Anoche, un grupo de ciudadanos indignados realizaron un plantón frente al Hospital Departamental de Villavicencio, donde se recupera la bebé de cuatro meses, para rechazar estos actos y solicitar a la justicia la imposición de una pronta y severa condena contra el responsable.