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Nacional 19 Jul 2012 - 10:38 pm

Abuso subterráneo

Luego de que se conociera que hay una relación entre la sobreexplotación de las aguas subterráneas y el hundimiento de los suelos en algunas zonas de la Sabana, se abre el debate por el manejo que las autoridades ambientales le están dando a este recurso.

Por: Viviana Londoño Calle / vlondono@elespectador.com
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Hace menos de un mes, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, advirtió de que si Bogotá dejaba de venderle agua en bloque a los municipios de la Sabana, para desarrollos en zonas rurales, los constructores sólo tendrían una opción: abrir pozos para extraer aguas subterráneas.

En ese momento varios expertos protestaron por las implicaciones ambientales que podría tener el plan B de los constructores, pero sólo hasta esta semana la administración distrital reconoció públicamente el impacto real que puede tener el uso de acuíferos en la región. La alarma la prendió el director del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (Fopae), tras reconocer la relación entre algunos de los hundimientos de la ciudad y la explotación de acuíferos, basado en una investigación de Ingeominas, de la Universidad Nacional y el Fopae.

Tras varios años de análisis fue posible determinar que la Sabana se puede hundir hasta 5 centímetros por año en zonas en las que hay sobreexplotación del agua subterránea, no sólo en la ciudad sino en lugares como la cuenca alta del río Bogotá. Actualmente, en la capital hay 95 pozos activos y con los demás municipios de Cundinamarca la cifra asciende a 1.533.

Pero no es la primera vez que se habla de los efectos por la sobreexplotación de las aguas subterráneas. En 1998 el profesor Thomas van der Hammen advirtió que la recarga de los acuíferos es muy lenta y puede tardar millones de años, lo que convierte al agua subterránea en un recurso agotable. “Por cada litro que se extrae, queda un vacío que no se recarga y después produce estos movimientos; cuidar esta agua es la única posibilidad de humedad para el suelo de la Sabana”.

Lo mismo le dijo a este diario Sergio Gaviria, investigador y experto en suelos de la Universidad Nacional: “Este es un recurso no renovable. Se ha demostrado que la explotación de aguas subterráneas no sólo genera hundimiento, también hace que muchas quebradas desaparezcan como efecto colateral”.

Por eso, el tema de la tarifa es otra de las fichas en la polémica. “ Hoy algunas industrias en Bogotá pagan $40 por metro cúbico de agua subterránea. Si usaran el servicio del acueducto, pagarían casi $4.000, lo que es preocupante teniendo en cuenta la dificultad para la renovación del agua subterránea”, advierte el concejal Diego García, que también viene trabajando sobre el tema desde hace varios años.

Aunque los nuevos hallazgos no indican que no se pueda hacer este tipo de extracciones, sí son un llamado de advertencia para que la Secretaría de Ambiente de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional —entidades encargadas de entregar las concesiones para la extracción de pozos en la capital y el departamento, respectivamente— sean más rigurosas a la hora de otorgar estos permisos.

Hasta hace un mes funcionarios de la Secretaría de Ambiente aseguraban que no había ningún estudio que demostrara los efectos de la explotación de acuíferos y que ese despacho podía demostrar que cada una de sus concesiones era sostenible. Sin embargo, después de que se desatara la polémica esta semana, la secretaria de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que se tomarán medidas al respecto y que “es hora de cerrar algunas concesiones”.

¿Cómo está el panorama en Cundinamarca?

La mayoría de los 1.533 pozos en el departamento están ubicados en los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá (ver gráfico). Según Rómulo Camacho, de la Subdirección de Recursos Naturales de la CAR, anualmente se extraen, en promedio, más de 42 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas. Sumado a esto, casi todos los pozos tienen menos de 100 metros de profundidad, por lo tanto son pozos superficiales y con mayor posibilidad de generar hundimientos.

Debido a la utilización de pozos en la agricultura, la región tiene hoy una zona crítica con una mayor sobreexplotación del recurso: aunque no ocupa ni el 10% del área total de la Sabana, el 50% de los pozos se encuentra allí (ver gráfico). Camacho cuenta que con el fin de proteger los acuíferos, la CAR es bastante rigurosa a la hora de dar concesiones en esta zona, pero que “en los demás lugares no hay problemas”.

Frente a la nueva alerta, la secretaria de Ambiente del departamento, Marcela Orduz, señala que el plan es crear un acueducto regional para evitar en lo posible el uso de este recurso. Se estima que además de los registrados, actualmente puede haber un 60% de pozos ilegales en toda la región.

El reto no es sencillo. Así lo explica el secretario de Planeación, Gerardo Arsila: “Como no vemos los acuíferos no sabemos cómo trabajan y tomamos decisiones pensando que el agua es inagotable, pero no lo es, eso implica una gran responsabilidad en su manejo. No podemos seguir sacando en un minuto el agua que puede tardar hasta 10.000 años en renovarse”.

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