Abusos de la Fuerza Pública en el paro de Buenaventura

El comité de derechos humanos del puerto ha registrado nueve personas heridas por armas de fuego. Asegura que en los hechos están involucrados miembros de la Fuerza Pública. El presidente Santos designó al ministro Guillermo Rivera como interlocutor.

Un carro de combate de la Infantería de Marina protege las instalaciones del Puerto de Buenaventura, donde desde hace 18 días se viven duras protestas. AFP

Cuando se cumplen 18 días de paro en Buenaventura y el Gobierno se juega sus restos para normalizar la situación, la Comisión Veeduría de Derechos Humanos Paro Cívico para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio entregó un informe de denuncias de abusos realizados por miembros del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) y la Policía Nacional.

Con fotografías de heridos, casquillos de balas y detalles de la manera como ocurrieron las agresiones de miembros de la Fuerza Pública a los manifestantes, fue entregado a los medios de comunicación un informe de la situación de derechos humanos durante el desarrollo de las protestas en el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico.

Los bonaerenses protestan por el abandono histórico que ha sufrido el puerto por parte del Estado, donde en los últimos años se ha incrementado la lucha por el control de los barrios por parte de actores armados, la pobreza alcanza al 80 % de la población y el desempleo y el analfabetismo rondan el 60 %. Además, los pobladores del puerto rechazan a la clase política que ha manejado por décadas la administración local, los asesinatos selectivos, la desaparición forzada de personas y hasta las casas de pique que han sido denunciadas.

El informe de derechos humanos advierte que “en una acción conjunta entre Esmad y miembros de la Sijín, quienes se transportaban en una camioneta blanca, dispararon con arma de fuego contra las comunidades que se encontraban en el punto de ‘Sabrosuras’. La acción brutal de la fuerza pública dejó seis heridos graves. Las comunidades se encontraban manifestándose por el paso de las tractomulas, situación sobre la que el comité de paro había solicitado al Gobierno Nacional en la mesa de negociación del día 28 de mayo de 2017 realizar una ‘tregua’ de tránsito por 72 horas de este tipo de vehículos en el territorio”.

El documento recoge información sobre nueve personas heridas por impacto de arma de fuego y detalla horas, lugares y situaciones en que se presentaron los hechos. Es de resaltar que todos los heridos son menores de 30 años y la mayoría tienen entre 18 y 23 años. Otra de las denuncias expuestas por el comité del paro es el exceso de fuerza con que actuaron los escuadrones antimotines en una zona aledaña a un centro de salud.

“Informa un empleado del centro de salud del barrio La Independencia (de la empresa Hospital Distrital Luis Abianque de la Plata) que siendo aproximadamente las 2 a.m. del 31 de mayo, el centro de salud se llenó de gases lacrimógenos lanzados indiscriminadamente por el Esmad en los alrededores del centro médico, afectando tanto a pacientes como a trabajadores –misión médica– (tres pacientes y aproximadamente ocho trabajadores). Las afectaciones fueron tan severas que una funcionaria presentó convulsiones y varios se enfermaron”, relata el informe.

Y agrega el documento: “la fuerza pública disparó armas de fuego en los alrededores de la institución médica. Siendo aproximadamente las 6.30 a.m., la policía ingresó con un agente herido con un golpe en el enfrentamiento con manifestantes, lo cual indica que la policía sí eran consciente de que ahí existía una institución médica. En este momento el centro de salud se mantiene cerrado y el personal manifiesta que no pueden volver a entrar pues no hay garantías para prestar el servicio”.

Al final, el comité del paro solicita el acompañamiento de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y de Naciones Unidas. Ante las denuncias y la dimensión que han cobrado las protestas, el presidente Juan Manuel Santos ha designado al recién posesionado ministro del Interior, Guillermo Rivera, para que sea la voz del Ejecutivo en la mesa de concertación que busca pactar los pasos que permitirán que el puerto vuelva a la normalidad.