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Consciente o no, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente y del vicepresidente de la República, dará hoy un carácter político a una celebración que desde la ley que la instituyó, la 725 de 2001, es fundamentalmente cultural: el Día de la Afrocolombianidad.
El foro, organizado por Óscar Gamboa, director del programa presidencial para el desarrollo integral de la población afro, promete ser un encuentro por la paz con alto valor simbólico. Vale decir, conspicuos adalides del proceso con las Farc ante un auditorio de afrocolombianos que no fueron traídos en buses por Marcha Patriótica. Así, el foro sirve al Gobierno, ¿pero también a la población que permite el simbolismo? Pudiera ser que sí, con ciertas precauciones.
Al apelar a la afrocolombianidad en relación con la terminación del conflicto armado y el posconflicto se le da un inusitado alcance político a lo que es una identidad cultural y/o racial. Hasta ahora no ha habido una tendencia significativa dentro de la población negra que conecte el objetivo de controlar la discriminación racial con las negociaciones en La Habana.
Algunos dicen que si hay desigualdad, pobreza y discriminación no puede haber paz, pero ni esos pocos se atreverían a sostener en público que las guerrillas sigan en armas si el Estado y la sociedad no se comprometen con una política pública seria contra el racismo. El Gobierno, con buen criterio, expuso sólo unos cuantos temas a las negociaciones de paz, y ese no fue uno.
La gente negra, por sentido común o madurez política, entiende que su problema de discriminación específico, derivado de su diferencia “racial” y agravado o atenuado por la condición socioeconómica, no se soluciona “llevándolo” a La Habana. ¿Cuál es, entonces, el fin de apelar a la afrocolombianidad frente a la paz?
Sin duda que por parte del Gobierno no puede ser convertir una identidad étnico-racial en una identidad política, porque dentro de la población afro hay pluralismo de opiniones sobre el proceso con las Farc. La precaución es importante para el proceso mismo, pues al abordar el punto del derecho de las víctimas sería problemático darle connotación étnico-racial a la masacre de Bojayá, Chocó, o al asesinato sistemático de trabajadores bananeros en el Urabá antioqueño a comienzos de los años 90, por ejemplo.
La afrocolombianidad tampoco ayuda mucho para encarar el punto de las drogas y los cultivos ilícitos en el Pacífico sur (Tumaco, Barbacoas), en Buenaventura y en el Chocó. Las Farc no están allí, o en el norte del Cauca, por perjudicar a la población negra, sino por razones geoestratégicas, como seguro se dirá en el primero de los dos paneles del foro, “Impacto del conflicto armado en la población afrocolombiana”, con Marino Córdoba, líder de desplazados, y Rosa Amelia Hernández, defensora de víctimas.