AH1N1, una gripe costosa para el erario

El oseltamivir es la cura conocida contra las gripes aviar y AH1N1.

Si se propaga por el mundo la gripe que por estos días ha matado a 27 personas en China, Colombia está preparada. En estanterías de los hospitales del país hay casi 300.000 tratamientos (que se vencen en 2014), de la única cura conocida contra el virus: el oseltamivir o tamiflú. Sin embargo, detrás de la noticia se esconde un dato que preocupa: para sostener esta reserva el Estado ha perdido en cuatro años casi $20.000 millones.

Esto es producto de la multimillonaria compra de oseltamivir que hizo el Ministerio de Protección en 2009, en medio del pánico por la gripe AH1N1. Se compraron más de un millón de tratamientos, por $34.000 millones, que, según los contratos, se justificó en un estudio hecho a través de un programa de computador, que calculó que la pandemia podía matar a 15.000 colombianos e iba a contagiar a casi 2 millones. Por fortuna fueron pocos los infectados, pero gran parte del medicamento se venció.

Los primeros casos de la mortal gripe AH1N1 se reportaron en México, a mediados de marzo de 2009. El mundo entró en pánico cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que el virus era de rápida propagación y que podría ser la primera pandemia del siglo XXI. Ante la publicitada emergencia y antes de la alerta de pandemia en el mundo, algunos países se adelantaron a comprar el medicamento antes de que se agotara.

Colombia fue uno de esos países. Sin llegar el virus, y sólo teniendo como referencia a México, el gobierno Uribe decretó el 28 de abril de 2009 el “Desastre Nacional” y, al día siguiente, el “Estado de Emergencia”. Las decisiones las adoptaron los ministros del Interior, Fabio Valencia Cossio, y de Protección, Diego Palacio. Eran medidas necesarias para hacer compras y celebrar contratos sin licitación, para enfrentar la anunciada crisis.

Con una prevención inusual en el sistema de salud colombiano, el 30 de abril de 2009, es decir, al día siguiente de expedidos los decretos referidos, el Ministerio de Protección compró a la farmacéutica Roche (productora del antivirus original) 426.000 tratamientos de tamiflú, a $38.400 cada uno. Eso significó un gasto de casi $16.000 millones. Amparado en la emergencia, en esta compra el Estado obvió algunas normas que habitualmente se tienen en cuenta en estos procedimientos.

Por ejemplo, a pesar de que la ley ordena adquirir medicamentos con mínimo cuatro años de vida útil, en el caso de la compra del tamiflú al laboratorio Roche le aceptaron un lote que se vencía en dos años (2011). Era la única droga disponible para Colombia en ese momento. De igual modo, a pesar de que se debe exigir reposición del 25% del medicamento vencido, en esta ocasión no lo hicieron.

Al margen de la cuantiosa compra, cuando apenas iban tres casos confirmados y 148 sospechosos, el Gobierno determinó 15 días después que se necesitaba más medicamento. A través de una proyección hipotética se calculó que se requerían al menos un millón de tratamientos. Como Roche ya no tenía más para Colombia, el Ministerio aceptó la oferta de dos empresas que importaban medicamentos genéricos (copia del tamiflú).

Los proveedores fueron BioHealth S. A., que ofreció cada tratamiento a $32.000, y Biotoscana S. A., que lo ofreció a $28.600. A pesar de que la segunda oferta era más económica, el Ministerio negoció con BioHealth y, el 21 de mayo de 2009, le compró 373.500 tratamientos, por $11.200 millones. Una semana más tarde le compró 275.000 tratamientos a Biotoscana, por $7.155 millones. A estos contratos sí les incluyeron cláusulas de reposición del 25%.

Para el 28 de mayo de 2009, dos semanas antes de que la OMS lanzara la alerta de la pandemia, Colombia ya tenía casi 1’100.000 tratamientos, sobrepasando sus cálculos. En ese momento el país tenía siete casos confirmados y en sus bodegas casi tres veces más medicamento del que inicialmente compró México (cuna del virus) y cuatro veces más del que Perú tenía disponible, según reportes internacionales.

Si bien la compra fue necesaria, un informe de la Contraloría revela que el Gobierno tomó decisiones que generaron pérdida de dineros públicos. Un caso puntual, de acuerdo con una auditoría del ente de control conocida por El Espectador, fue la compra que hizo el Ministerio a BioHealth S. A. en la que se pagó un sobrecosto cercano a los $4.400 millones y se cometieron faltas que pudieron representar más gastos.

El sobrecosto se descubrió en el manifiesto de importación. BioHealth compró los tratamientos en $6.872 millones y al día siguiente los vendió al Ministerio en $11.219 millones. Fue la venta más importante del año para esa compañía. En cifras concretas, la farmacéutica compró cada tratamiento a $18.000 y lo vendió a $32.000 ($14.000 más caro). Con este precio de referencia, si el Gobierno hubiera importado el millón de tratamientos que necesitaba, hubiera gastado $18.000 millones y no $34.000 millones.

La Contraloría cuestionó al Ministerio de Protección no sólo por el desorden en las compras, sino también por haber pagado casi el doble por un medicamento genérico (copia del original). A esto el Ministerio respondió: “El vendedor no está obligado a revelar la estructura de costos de su negocio. Cualquiera sea la utilidad que se logre determinar, la ley no impone restricciones a las utilidades que pueden recibir los proveedores”.

Este no fue el único cuestionamiento al negocio con BioHealth. La Contraloría encontró además que el Ministerio iba a cobrar menos impuestos al contratista y que incumplió una cláusula del contrato que lo obligaba a girar el dinero de la compra al banco BBVA (que había prestado los recursos para la importación) y lo consignó en otra cuenta de la farmacéutica. Esta maniobra, según la Contraloría, no libraba al Estado de pagarle a BBVA. Ante el reclamo, el Ministerio dijo haber corregido el problema y que BBVA no iba a reclamar.

Las dudas alrededor de la cantidad de tratamientos que se compró y los detalles detrás de la negociación se refuerzan con un elemento adicional: hoy en el país no existe inventario completo del medicamento. El Espectador, a través de un derecho de petición al Ministerio y a las secretarías departamentales de Salud, estableció cuánto se compró y cómo se repartió, pero encontró que no existe un consolidado de cuántas dosis se usaron, cuántas caducaron y en manos de quién están actualmente. El Gobierno admitió que el sistema de información tiene limitaciones para establecer estos datos.

Frente a la forma de distribución, en su respuesta al derecho de petición el Ministerio de Protección explicó que se hizo atendiendo pedidos de los departamentos. “La Dirección de Promoción expedía la orden de despacho, teniendo en cuenta el consumo histórico y casos reportados. La distribución a municipios, así como el seguimiento de pacientes, era responsabilidad de cada departamento”.

Según la base de datos que entregó el Ministerio a El Espectador, el año de la emergencia (2009) se distribuyeron casi 500.000 tratamientos, de los cuales 175.000 se quedaron en Bogotá y 85.000 se despacharon a Antioquia. En septiembre de 2011, sin amenaza de por medio y hospitales con medicamento, se reactivaron los despachos. Se distribuyeron 220.000 tratamientos, de los cuales gran parte se vencía en seis meses. El mayor despacho de ese año fue a Venezuela, a donde enviaron 35.000, por valor de $1.200 millones.

Finalmente, en junio del año pasado el Ministerio terminó de distribuir lo que quedaba en bodega. Repartió 330.000 tratamientos, de éstos buena parte se vence en marzo del próximo año. En medio de los últimos despachos también se enviaron algunos vencidos. Al final, de casi 1’100.000 tratamientos que el Gobierno compró en 2009, entregó casi 980.000 y quedó con una reserva de 65.000 en bodega.

A pesar de las cifras oficiales, El Espectador encontró que la cantidad que el Ministerio reconoció haber enviado a algunos departamentos no corresponde con lo que las regiones dicen haber recibido. Al analizar cifras de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Caldas, Meta, Nariño, Risaralda, San Andrés y Guainía, por ejemplo, se encuentra que el Ministerio dice que entregó 370.000 tratamientos y ellos dicen que recibieron 260.000, es decir, 100.000 menos, que no se sabe dónde están.

Evaluando las respuestas a los derechos de petición aportadas por 12 departamentos (que tampoco saben cuántas personas recibieron el medicamento), queda en evidencia una tendencia: por cada 100 tratamientos que se distribuyeron, menos de la mitad llegó a hospitales. El resto se quedó en bodega. Más de la mitad se venció en manos de direcciones territoriales o centros de salud.

Las estadísticas mundiales dicen que el virus dejó 19.000 muertos en el mundo. En Colombia la cifra alcanzó 500 y casi 100.000 casos sospechosos. Gracias a que la anunciada pandemia no cobró millones de víctimas como se dijo, el cálculo es que de los tratamientos comprados Colombia usó máximo 200.000. Esto quiere decir, en síntesis, que actualmente hay 300.000 drogas vigentes hasta el próximo año y el resto está vencida en almacenes de hospitales de todo el país.

Al consultar al Ministerio la causa de las pérdidas, respondió que el oseltamivir o tamiflú sólo se podía usar en casos específicos, atendiendo el protocolo de manejo del virus AH1N1. Preguntado al exministro de Protección Diego Palacio, señaló que no fue una compra exagerada y que se hizo por recomendación del equipo técnico, asesorado por la Organización Panamericana de la Salud. “La responsabilidad de un gobierno, cuando existe una enfermedad desconocida, es prepararse para lo peor. En Colombia lo hicimos atendiendo recomendaciones de la máxima autoridad de salud en el mundo, la OMS”.

Al preguntarle por el negocio con BioHealth, dijo que no recordaba detalles. “Teníamos un equipo técnico. No recuerdo a quién se compró porque no participaba en el comité. Lo que sé es que se buscó la cantidad suficiente para atender la recomendación de la OMS. Creo que Colombia salió bien librada. Hicimos un manejo juicioso para enfrentar algo desconocido. En ese momento no sabíamos si era mucho o poco. Una vez en el Senado nos criticaron porque habíamos comprado poco. Si hubiera ocurrido algo grave, la crítica sería: ¿Y por qué no compraron más?”.

Durante la urgencia manifiesta por la gripe AH1N1, el Ministerio de Protección firmó 30 contratos, por $60.000 millones, incluyendo la compra del tamiflú. De acuerdo con la Contraloría, en medio de esa contratación hubo hechos cuestionables como que el Ministerio no hizo invitaciones a cotizar para escoger la mejor oferta ni se convocó a veedurías ciudadanas para vigilar la contratación. Además, los informes de los supervisores no fueron detallados. En la compra del medicamento no se exigieron certificados de calidad.

En términos generales, ahora que vuelve a hablarse de la gripe mortal en el Lejano Oriente, la experiencia que quedó de la crisis del AH1N1 en 2009 es que las únicas ganadoras fueron las farmacéuticas. Por venta del medicamento reportaron ese año ingresos por casi US$7.000 millones (casi $12 billones), gracias al pánico que vivió el mundo con el virus y a las compras elevadas que hicieron países como Colombia, donde se llenaron las estanterías de medicamento, pero sólo dejaron cuantiosas pérdidas y un mínimo de tratamientos usados.