Al menos 500 empleados de la Gobernación de Santander podrían irse a paro indefinido

Gobernación de Santander. /Cortesía

Reclamando el pago de una prima de antigüedad, al menos 500 funcionarios de la Gobernación de Santander amenazan con irse a un cese de actividades indefinido.

De acuerdo con los empleados, se trata de un derecho adquirido de antigüedad –reglamentado en el Decreto N° 0081 de 2009– el cual no se hace efectivo desde 2014, por lo que ante la negativa de la administración departamental evaluarán si se determina ‘una hora cero’ para entrar en paro.

“Estamos pidiendo que nos paguen lo que nos corresponde. El jueves tendremos una asamblea general y ahí determinaremos cuánto tiempo le daremos a la administración para que cumpla, de lo contrario se estudiará la posibilidad de llegar a un cese definitivo de actividades”, aseguró al diario Vanguardia Liberal Doris Gordillo, presidenta del sindicato de empleados de la Gobernación.

Desde hace más de 15 días, los empleados de planta de la administración han adelantado ceses parciales de sus funciones y en horarios específicos del día promueven protestas al interior de las instalaciones de la Gobernación.

No obstante, el Gobierno de Santander, a través del director de la Oficina Jurídica, Jorge Céspedes Camacho, aseguró que no tienen facultades para otorgar la prima de antigüedad, pero gestionan su pago ante la Nación.

Según el funcionario, la Gobernación pagó oportunamente la prima de antigüedad “hasta cuando el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de este acto, atendiendo que la Asamblea Departamental no es competente para crear este tipo de prestaciones salariales, y el Ministerio de Hacienda ordenó al departamento que demandara su propio acto”.

Céspedes explicó que el Consejo de Estado respaldó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, y desde 2013 se adoptó la determinación judicial, por lo que hasta esa fecha se pudo pagar la prima de antigüedad a los trabajadores de la Gobernación.

“La administración departamental reconoce el clamor justo de los trabajadores de reclamar mejoras salariales pero es necesario atender la juridicidad o legalidad de esas peticiones”, agregó el director de la Oficina Jurídica, precisando que la facultad de crear dicha prima “es exclusiva del Congreso de la República o del presidente Juan Manuel Santos, de acuerdo con la Ley 4 de 1992”.