Publicidad
Nacional 23 Dic 2012 - 6:32 pm

¡AL LLANO! Tercera y última parte

La altillanura en crudo

El ‘boom petrolero’ ha supervalorizado la tierra. Avanzan proyectos de desarrollo que mueven millones de dólares y a la vez se convierten en verdaderos imanes de la guerra.

Por: Alfredo Molano Bravo, Especial para El Espectador
  • 36Compartido
    http://www.elespectador.com/noticias/nacional/altillanura-crudo-articulo-393947
    http://tinyurl.com/n4mg5ga
  • 0
insertar
Una perspectiva de los Llanos Orientales. Pese a que las administraciones de Uribe y Santos permitieron aumentar la concentración de la tierra, la Corte Constitucional lo prohibió.

La altillanura resultó ser uno de los depósitos de petróleo más importantes del país. Desde hace un par de décadas, las grandes compañías ponían todas sus esperanzas en los trabajos de sísmica no sólo en Meta y Casanare, sino en Vichada. El resultado ha sido prodigioso. Los yacimientos de Meta son hoy los más ricos y producen un total de 200.000 barriles diarios, la quinta parte de la producción nacional. Los trabajos de sísmica tuvieron varios efectos sobre la región. De un lado, abrieron trochas que interrumpieron cauces de agua tanto subterráneos como superficiales y afectaron muchos humedales con consecuencias ambientales irreparables. De otro lado, las vías y las expectativas de encontrar petróleo valorizaron la tierra de un modo extraordinario y acelerado. Tierras que valían muy poco, quizá $50.000 por hectárea, costaban $500.000 por hectárea después del paso de las nuevas trochas. Empresas como Hocol Colombia y Hocol Plus; Talismán Colombia Oil & Gas Ltd.; Energy Inc.; BHP Billiton, y últimamente Rubiales, hicieron fabulosos negocios en esa primera fase de la bonanza petrolera, lo que fue aprovechado por los grupos armados tanto para extorsionar compañías contratistas, como para venderles seguridad, que a la hora de verdad es la misma cosa. De alguna manera estos grandes proyectos de desarrollo que mueven millones de dólares son de hecho verdaderos imanes de la guerra. Sin duda, el conjunto de efectos de la explotación petrolera contribuyó a la apertura de la altillanura a la nueva economía empresarial.

Para realizar las exploraciones de sísmica en la región, comenzadas en los años 80 y 90, el principal obstáculo era el control que ejercía la guerrilla. Eso no sólo impedía realizar esas operaciones sino que paralizaba las posibles explotaciones. El primer paso a favor de restablecer el orden fue soltarles las manos a los grupos paramilitares, los Carranceros, los Martín Llanos y los Buitragueños, que llegaron todos al mismo tiempo y terminaron en sangrientos enfrentamientos. Estos facilitaron la retoma de la región por parte de la fuerza pública. Los precios de la tierra estaban asociados a la suerte de las guerras. Con la entrada de las guerrillas hubo una primera gran caída de los precios de las tierras en razón de la existencia del secuestro y la extorsión. Muchos hatos tradicionales fueron vendidos a bajos precios o abandonados. Pero desde otro lado, con la explotación de la coca los precios de las tierras subieron. Así que los precios eran muy inestables y lo mismo la explotación ganadera. Con la entrada de los paramilitares la tendencia a la baja de las tierras se agravó porque el objetivo no fue sólo atacar a la guerrilla sino despojar y expulsar población campesina o asociarla a la economía de la coca. Quizá fue la época en que los precios conocieron su más bajo nivel.

Una vez restablecido el orden por los paras, y pese a sus enfrentamientos, los negocios de compras en gran escala comenzaron a prosperar mediante unos personajes siniestros, acaudalados, armados y muy conocedores de las reglamentaciones. Así, las tierras pasaron de manos de ganaderos, colonos y topocheros a manos de estos intermediarios, verdaderos testaferros de grandes capitales que hoy parecería tenían ya en aquella época claro el futuro: las grandes inversiones agroindustriales. Las tierras privilegiadas para los proyectos fueron las de las vegas del río Meta y de sus grandes afluentes. Tierras bajas e inundables la mayoría, pero muy fértiles, de tal manera que con la regularización del curso del Meta —una obra en marcha— los nuevos llaneros liquidaban un nuevo obstáculo. Quedaban sólo tres: las garantías de inversión, dado que existía la Ley 160 de 1994, que limitaba el tamaño de la UEF a 1.800 hectáreas; la consolidación del orden por parte de las instituciones, y la acidez de la tierra. El primer problema se resolvió trampeando la ley: el Plan de Desarrollo autorizó la extensión de la UEF a 30.000 hectáreas; el segundo problema lo resolvió —o trató de resolverlo— Uribe con el aumento de la fuerza pública, la creación de nuevas unidades militares y el apresamiento de los Martín Llanos, el de Don Mario y la muerte de los Cuchillos. De ahí en adelante el Gobierno inauguró un ambiguo plan de consolidación cívico-militar. La adecuación de tierras, facilitada con créditos, está en marcha y va a la zaga de los planes y desarrollos señalados.

Hoy el eje principal de estos grandes proyectos agroforestales y agropecuarios son las márgenes del río Meta desde Cabuyaro hasta Puerto Carreño, pasando por El Viento, Tres Matas y llegando hasta La Primavera, Santa Rosalía. El otro eje va de Puerto Gaitán hacia la Cristalina, en dirección a las márgenes y vegas del Vichada y a lo largo del Guaviare.

El problema se ha ido agravando y puede llegar a constituirse en un dolor de cabeza para el Gobierno. De un lado está la valorización del suelo como efecto de la construcción y el mejoramiento de vías y de las grandes inversiones en agroindustria ya citadas. De otro, el gobierno de Santos, aunque parecía haber abandonado el llamado Modelo Carimagua, que pretendía titular grandes extensiones a empresas multinacionales, dejó en pie la posibilidad de hacerlo con la venia de Presidencia.

Los proyectos de desarrollo agroindustrial seguían en pie, la tierra era apropiada o comprada como se ha descrito, hasta que se puso en duda cuando el representante a la Cámara Wilson Arias “denunció que 134.000 hectáreas de los Llanos están en manos de italianos, chilenos, brasileños, norteamericanos y españoles. Y agregó que el precio de la tierra en esta región ha tenido un elevado incremento al pasar de $500.000 por hectárea a casi $10 millones, todo debido a las fuertes inversiones que ha hecho el Gobierno”.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, apelando a una maroma jurídica, desconoció el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar definido por la Ley 160 de 1994 para la adjudicación de baldíos en los Llanos Orientales. Con el objetivo de impedir la concentración de tierra en la región había determinado un tope máximo de 1.800 hectáreas. Pero las administraciones de Uribe y de Santos resolvieron desconocer esta medida y permitir adjudicaciones hasta de 30.000 hectáreas con el visto bueno del Gobierno. La idea era darles todas las garantías a proyectos empresariales en la altillanura. Pero la Corte Constitucional salió al paso y tumbó los artículos 60, 61 y 62 del Plan de Desarrollo en beneficio de los campesinos. El Estado, según el fallo, no puede vender, arrendar o ceder baldíos a grandes empresas para dedicarlos a la actividad agropecuaria. Con este fallo la Corte frenó en seco los proyectos tipo Carimagua que Santos había prometido no impulsar. El ministro de Agricultura reviró de inmediato diciendo que se acataba pero no se compartía el pronunciamiento en cuanto paralizaría la inversión extranjera ya comprometida en unos 800 millones de dólares. El presidente de la SAC declaró su oposición argumentando que en la Orinoquia son necesarias la economías de escala y, por tanto, agregamos nosotros, el gran latifundio tipo El Cercado en Brasil. El ministro a su vez añadió que esa región no se puede desarrollar con base en una economía parcelaria. La ambigüedad del Gobierno podría poner en cuestión el panorama de orden público en la región. Primero, porque los resguardos indígenas procurarán ampliarse, como ya lo están haciendo en el noroccidente del Vichada, aduciendo la falta de precisión de los límites de sus territorios, pero en el fondo acicateados por la valorización de la tierra. En segundo lugar, los enfrentamientos entre empresarios agroindustriales y colonos no se harán esperar, más en la medida en que las titulaciones y las posesiones sobre la tierra quedan en una especie de limbo jurídico. A lo anterior habría que sumar la perspectiva de la explotación de minas de coltán, oro y petróleo, que suponen en los dos primeros casos una actividad ilegal, y la defensa que hace el Estado del derecho de servidumbre en el segundo. El enfrentamiento entre colonos y mineros, cualquiera sea la escala de producción, es un nuevo factor que se agrega al clima cargado del conflicto agrario en Vichada.

El resultado del forcejeo está por verse. Pero por ahora la UAF campesina está vigente, aunque las grandes inversiones realizadas por los nuevos llaneros no se verán afectadas. Quizá la cuestión sea zanjada en la mesas de negociación entre la guerrilla y el Gobierno.

inserte esta nota en su página
  • 0
  • 1
  • Enviar
  • Imprimir

Última hora

Lo más compartido

  • Isabella, la niña que descrestó con su 'Flaca' en La Voz Kids
  • La mejor inventora del mundo es colombiana
  • Atlas científico de relaciones sexuales
Publicidad

Suscripciones impreso

362

ejemplares

$312.000 POR UN AÑO
Publicidad
Ver versión Móvil
Ver versión de escritorio