Más elevados que los famosos Altos de Cazucá están los Altos de la Florida, en la Comuna Seis del municipio de Soacha. Un sector de invasión, habitado por muchas familias desplazadas y unas tantas soachunas, que cada día enfrentan los ya tradicionales problemas de la pobreza, la falta de titulación de predios, la inseguridad, la droga y la violencia, por sólo mencionar algunos. Allá arriba, a duras penas se ve pasar de vez en cuando una patrulla. De resto, como dice uno de los líderes comunales, “reina la ley del miedo”. El escenario es un piloto para el posconflicto: colombianos afectados por la guerra y por las iniquidades del modelo económico, que buscan rehacer sus vidas, pero que se ven arrojados a un contexto de extrema vulnerabilidad.
Reina con tanto peso esa ley del miedo que, aunque todos los conocen, nadie se atreve a denunciar de frente a los grupos ilegales que hacen presencia en la zona, que la utilizan como corredor para su movilidad y el tráfico de distintos bienes entre Bogotá y el Sumapaz, y que tienen varios puntos de expendio de drogas. Según informes de la Defensoría del Pueblo, en las comunas Uno, Tres, Cuatro, Cinco y Seis de Soacha, el escenario de riesgo está determinado por la presencia de grupos armados ilegales que buscan ejercer control social y territorial, autodenominados Águilas Negras- Bloque Capital y Rastrojos Comandos Urbanos, así como de integrantes de posibles milicias de las Farc.
Desde 2011, la presencia de estos grupos se ha extendido en los alrededores de Altos de la Florida, así como su control de las finanzas ilícitas y su intimidación y hostigamiento a la población de manera directa o a través de estructuras delincuenciales o pandillas. En Altos de la Florida, la presencia de estos actores ha generado un elevado número de homicidios, extorsiones y doble desplazamiento. No es extraño que circulen panfletos y declaraciones de toque de queda impuestos por grupos ilegales.
Además de los homicidios y la extorsión, la drogadicción de los jóvenes es una de las principales preocupaciones para los habitantes del sector. A falta de empleo y educación, muchos caen en el consumo o son reclutados para participar en el expendio u otras actividades ilícitas. Hay, sin embargo, notables excepciones como la de Julieth Obando, una líder de 17 años que madruga a la 1:30 a.m. y se va caminando hasta Corabastos, a cargar bultos, para traer algo con lo que ayuda a mantener a su familia.
La exclusión económica, política y social, también ha impedido que los habitantes puedan construir un proyecto de vida y, en cambio, vivan en permanente situación de riesgo. Altos de la Florida vive en la completa informalidad. Aunque hay familias que llevan allí más de diez años, no hay un solo predio formalizado. Son los llamados “tierreros”, personas o colectivos que estafan a la gente vendiéndole terrenos que no les pertenecen, los que han hecho por su cuenta el negocio con las tierras. Mientras se manifiesta con cada vez más claridad la incapacidad de las autoridades locales para ordenar el territorio, las casas de invasión ya van llegando hasta la punta del cerro, a pesar de los límites a la construcción que, por mano propia, han intentado imponer algunos habitantes.
Como no hay formalización de predios, el sector no se puede considerar un barrio, por eso las administraciones de turno no han tenido la obligación de llevar allí servicios públicos como el acueducto. El agua llega en carrotanques por entre las trochas, si es que llega. Luz sí hay, porque la llevan privados.
Los habitantes de Altos de la Florida viven en un limbo entre lo rural y lo urbano. Con la majestuosidad del Sumapaz a sus espaldas, no constituyen un cordón agro-productivo ni tienen una forma de vida rural. Por un lado, las posibilidades de desarrollar una vida campesina (muchos son desplazados de regiones rurales del país) se ven cada vez más coartadas por la multiplicidad de empresas extractivas que rodean al sector y que poco a poco, como denuncian los lideres comunitarios, han ido acabando con las montañas y contaminando el aire y el agua. Por el otro lado, tampoco el lenguaje de lo urbano ha llegado hasta el cerro. Así, han quedado en la negación de su derecho al campo y a la ciudad.
A falta de una presencia estatal permanente, han sido fundaciones, ONG y agencias de la ONU las que han pensado el desarrollo para esta comunidad. Esto a pesar de que la búsqueda de soluciones al desplazamiento forzado es en teoría una prioridad para el Gobierno Nacional. El enfoque que han implementado los actores no estatales es el de la integración local urbana, es decir, la forma en que los desplazados se integren a la vida urbana y poco a poco dejen de necesitar la ayuda humanitaria y la asistencia para el desarrollo. Para esto, lo primero que han impulsado es el sempiterno proceso de titulación de predios, que debería dar sus primeros resultados en este mes de diciembre.
También impulsan la creación de empleos al interior del sector, para que los habitantes no tengan que irse, como Julieth, a rebuscar en la ciudad. Esta última iniciativa es bastante ambiciosa en un lugar donde años de asistencialismo han creado un generalizado adormecimiento social; para muchos es más rentable vivir de las ayudas que producir para su propia subsistencia. Además, la intimidación por parte de estructuras ilegales ha impedido la participación activa de los habitantes en procesos comunitarios. No es una exageración decir que quien pretenda ingresar en una actividad económica distinta, reciba amenazas de muerte o un plazo para abandonar el barrio.
A pesar de todo, organizaciones como la Fundación Kairos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han impulsado nuevos proyectos de vida. Hoy hay algunos empresarios que se midieron a poner sus fábricas en Altos de la Florida y contratar mano de obra del sector. Este puede ser el camino para entender este espacio, hasta ahora marginal, como innovador o competitivo, pero el día en que esto se consolide se ve aún muy lejano.