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La zona del Bajo Cauca antioqueño, limítrofe en su norte con el sur de Córdoba y Bolívar (Montes de María), está en el radar de quienes analizan las dinámicas de grupos armados ilegales. Esto se debe a que desde hace poco más de tres años, en el marco del desarme de las Farc, organizaciones criminales como los Caparros, el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas), el Eln y las disidencias de las Farc, se han apoderado del territorio y constantemente tienen disputas territoriales para prevalecer entre el resto.
Los niveles de violencia han dejado a, por lo menos, 150 personas desplazadas, aunque de cifras no oficiales mostradas por Teleantioquia, en las que veredas de Tarazá, como La Caucana tienen al 90 % de su población desplazada.
Las Fuerzas Militares se vienen enfrentando desde hace meses con estos grupos, especialmente con la estructura del Eln, Héroes de Tarazá, como afirmó el general Luis Fernando Navarro, pero aún así los índices delincuenciales no se ven reducidos en las calles. Los datos sobre las víctimas o el modo de operar de estos grupos no son lo suficientemente precisos, tanto así que se cruzan las voces oficiales con los testimonios académicos y especializados, como el de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Ariel Ávila, subdirector de Pares denunció en su cuenta de Twitter que 20 hombres armados estarían censando niños para, posteriormente, reclutarlos a sus filas. "La gente no ha logrado identificar a este grupo. Yo me imagino que se trata del Bloque Virgilio Peralta de los Caparrapos", sostuvo Ávila en diálogo con El Espectador. Además, precisó que los problemas de reclutamiento forzado a menores que vienen reportando en su fundación están vigentes en veredas de La Caucana que limitan con San José de Uré, Córdoba.
Además, dijo que habló con autoridades de El Doce y La Caucana, sin tener novedades sobre cuestiones de reclutamiento. "Si las personas no denuncian es porque no pasa nada. [...] Y si alguien denuncia por teléfono (en alusión al 'tweet' de Ariel Ávila), eso no tiene veracidad para nosotros porque nadie ha venido a hablar ni con la Secretaría de Gobierno ni con la Personería", asevera Miguel.
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La versión de la alcaldesa es compartida por fuentes del Ejército que le dijeron a este diario que no conocen de denuncias por reclutamiento, aunque dicen hacer presencia en las zonas de conflicto del Bajo Cauca antioqueño. La alcaldesa, a su vez, dijo desconocer lo sucedido con un cuerpo decapitado encontrado al borde del río Nechí, en el corregimiento de Puerto Claver, municipio de el Bagre; hecho que ya fue comprobado y atribuido a Los Caparros, quienes cerca del cuerpo dejaron un cartel amenazando a miembros del Clan del Golfo.
Según la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), en El Bagre, Los Caparros están involucrados en todas las etapas del narcotráfico y para junio de 2019 tenían reportadas ganancias por más de USD $725.000. Por su parte, el centro de investigación y análisis de crimen organizado InSight Crime advierte que desde comienzos de 2019, enfrentamientos entre Los Urabeños y Los Caparros (antiguos aliados) han obligado a por lo menos 48 familias a desplazarse de sus hogares, las cuales son atendidas en Tarazá o se desconoce de su paradero.
Este fenómeno ha permitido, para esta misma fuente, que en el Bajo Cauca antioqueño Los Caparros hayan logrado expandirse por las zonas dejadas por los frentes 48 y 36 de la antigua guerrilla de las Farc; y que para contrarrestar esto, "la falta de acopio de inteligencia y no saber quién es el enemigo, implica que los soldados puedan tener no más que un leve efecto disuador", según datos recogidos de la Defensoría del Pueblo.