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A través de un auto sustanciatorio, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó amplió las medidas de protección adoptadas desde al Auto 00181 de 2014 para el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, ubicado en los límites de Antioquia y Chocó, en la región de Urabá.
Con el reciente auto, el 00197 del 22 de julio de 2016, el juzgado le ordenó por segunda vez al Instituto Geográfico Agustín Codazzi entregar la información solicitada dentro del proceso, y pidió realizar un censo especial de reclamantes que retornaron a la vereda Guacamayas.
Esto último, ante los continuos ataques e intimidaciones de los que han sido víctimas los campesinos en meses recientes. De junio a la fecha la asociación Tierra y Paz ha denunciado seis agresiones contra los reclamantes en Guacamayas. El 7 de junio hombres armados amenazaron a varias personas, robaron 50 cabezas de ganado y se llevaron los celulares de la gente para evitar que se comunicaran. El 11 de junio golpearon a varios labriegos, realizaron disparos al aire y robaron herramientas de trabajo. El 28 de junio, un grupo de hombres intentó destruir las viviendas de varios reclamantes, mientras dos mujeres distraían a la comunidad ofreciendo productos naturistas. El 1 de julio hubo un tiroteo entre miembros del Ejército y personas armadas que incendiaron la vivienda de un campesino. El 16 de julio tres presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas amenazaron a la familia Payares ordenándoles que se desplazaran y les dejaron un panfleto. Y el 19 de julio, a la una de la madrugada, siete hombres armados llegaron hasta la vivienda de la familia Payares y amenazaron de muerte a sus integrantes insistiéndoles en que debían desplazarse.
Según indicó el fallo, el censo en Guacamayas deberá realizarlo la Comisión Interinstitucional que se conformó desde el Auto 00181, integrada por las Alcaldías de Turbo y Riosucio, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (Uariv), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Personería, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo.
El proceso será coordinado por la Unidad de Víctimas y deberá realizarse en compañía de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. El plazo para realizar el inventario será de un mes contado a partir de la notificación a la Uariv.
Instituto Codazzi no ha cumplido
Desde el 24 de junio del presente año, a través del auto 00169, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó le solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en un término de cinco días, responder si la vereda Guacamayas se encuentra dentro de la jurisdicción de Riosucio, Chocó, y entregar un mapa con los límites actuales y oficiales entre los departamentos de Antioquia y Chocó. Pero dicho instituto no respondió a la solicitud.
Por eso en el reciente auto, 00197 del 22 de julio, el juzgado le pidió nuevamente al instituto Codazzi certificar los límites actuales y oficial de Antioquia-Chocó, respondiendo si Guacamayas se encuentra dentro de la jurisdicción de Riosucio; y enviar un plano delimitando el consejo La Larga Tumaradó de acuerdo con las coordenadas emitidas en la resolución N° 2805 del 22 de noviembre de 2000, por medio de la cual se creó el consejo comunitario. En dicho mapa se pide ubicar la vereda Guacamayas y la zona de conflicto limítrofe entre Antioquia y Chocó.
El juzgado señaló que estos requerimientos al instituto se realizan por última vez, ya que de no acatar, la Sala procederá a la aplicación de poderes disciplinarios y de orden.