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Aunque la actividad minera en Segovia y Remedios es ancestral, y por épocas se han vivido momentos de tensión entre las multinacionales y los pequeños mineros, el asunto parece agravarse con el paso de los años. Como en 1976, cuando la Frontino Gold Mines se declaró en quiebra y entregó la empresa a los mineros como dación en pago a trabajadores y pensionados. La mina alcanzó a tener 1.500 trabajadores y 400 pensionados, y para su sostenimiento se creó una figura denominada liquidación permanente. Así convivieron por años y la mina daba para todos, pero en 2009 el Gobierno decidió venderla respaldado en la confianza inversionista en el país. “La vendieron a precio de gallina vieja. Fueron en total US$200 millones que pagaron al Seguro Social para la pensión de sus empleados”, explica Jorge Gómez, exdiputado de Antioquia.
Entonces llegó la Gran Colombia Gold. Los mineros ancestrales estaban acostumbrados a arañar la tierra en los terrenos de la multinacional, pues esta se concentraba en los grandes yacimientos y dejaba el resto a los pequeños mineros, pero con los nuevos propietarios eso cambió. “El problema es que la Gran Colombia Gold pretende sacar a los mineros, porque tienen un proyecto de minería a cielo abierto. Ellos se sienten con su derecho de que no los expulsen de su territorio porque históricamente han estado allí”, comenta Gómez.
Desde hace varios años, el Gobierno viene formalizando a los mineros informales y ancestrales. En ese proceso ya hay 34 cooperativas que tienen resuelta su situación legal y sólo quedan ocho pendientes de hacerlo. A esto se suma la presencia de actores ilegales en la zona, quienes siempre han pretendido controlar la explotación del oro. Segovia y Remedios no han sido ajenos a la llegada de mineros ilegales, que valiéndose de los pequeños mineros han pretendido legalizar el oro que extraen con sus dragas de manera ilegal. Por eso el Ministerio de Minas fijó unos topes según los cuales un minero ancestral sólo podría extraer 435 gramos al año. Sin embargo, por cuenta de la ilegalidad, algunos pretendían vender esa cantidad mensualmente.
Las dos versiones
Ese ha sido uno de los detonantes del paro que tiene a la población en constante zozobra. Las versiones de un lado y otro son confusas y el orden público no ha podido restablecerse.
Según Javier Ávila, del Comité Humanitario Minero, la situación después de más de 30 días de paro es muy compleja, pues “hay mucha zozobra, el comercio muy preocupado, los pequeños comerciantes van a quedar en la quiebra”.
Sin embargo asegura que el respaldo al paro es total, “toda la población de Segovia y Remedios sigue firme, porque decimos que es el último paro. Necesitamos soluciones de fondo”.
Sin embargo, la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, afirma que ese respaldo generalizado no es real: “Hemos realizado reuniones con varios grupos de la comunidad. Ellos dicen que no todos los representan y que no es sólo una organización, sino que hay otras, como la de mujeres y las acciones comunales, que quieren ser tenidas en cuenta”.
La Gobernación insiste en que entre los manifestantes hay infiltrados ilegales. “Sabemos que hay fuerzas contrarias al interés de normalizar la situación. Hay unas fuerzas ajenas que hay que contrarrestar, por eso se ha dicho que hay dos paros: de minería ilegal, que son los que generan desorden, y otro de mineros ancestrales, que se está atendiendo de manera distinta”, explica Ramírez.
En efecto, los mineros reconocen que la infiltración es real. “Allá han operado bandas ilegales que mantienen azotados a los mineros y comerciantes con sus vacunas. Como lo ha dicho el gobernador, hay infiltrados, pero el paro es total de las comunidades. Rechazamos todo acto de violencia porque esta es una manifestación pacífica. Lo que pasa es que es imposible controlar que se produzcan alteraciones de orden público entre 70.000 habitantes”, comenta Javier Ávila.
Los manifestantes insisten en la salida del Esmad de la población, mientras que la Gobernación asegura que la Fuerza Pública no se irá. “Nosotros estamos con la institucionalidad, pero el Esmad llegó como fuerza de choque y ahí fue donde se presentaron enfrentamientos, y con un pueblo encerrado, con hambre y que lo acosen con gases lacrimógenos es cuando se presentan enfrentamientos”, dice Ávila.
“El Esmad se queda. No tiene armas, sólo gases lacrimógenos contra disturbios. Si hay agresión que perturbe el interés general, el Esmad actúa. Mientras protesten de manera pacífica no hay problema, pero si generan disturbios, ellos intervienen”, explicó la secretaria de Gobierno.
Tanto mineros como Gobernación están interesados en que el paro se levante con soluciones de fondo. Por eso, a las 10 de la mañana de este viernes se efectúa una reunión en el batallón de Segovia, a donde asistirán representantes del Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la mesa minera, para buscar una solución que permita levantar el paro.
Con esa idea, en la zona ya se encuentra una comisión del Gobierno y otra de la Gobernación, que continuarán la negociación con los mineros ancestrales que reclaman su derecho a permanecer en el territorio. Eso sí, sin la manipulación de los ilegales que pretenden pescar en río revuelto.
“Si logramos lo que queremos, que se proteja la cadena productiva, aquí va a haber un buen arreglo, pero el Gobierno Nacional apenas hace dos días se apareció, después de 30 días de paro. Ha tenido sordera con la pequeña minería ancestral de Segovia y Remedios, que tanto le ha aportado al país. La gente no levanta el paro porque ya fuimos engañados, preferimos morirnos de hambre. No levantamos el paro hasta ver solución de fondo”, advierte Ávila.
Ese discurso es apoyado por Ramírez: “Queremos levantarlo bien levantado y organizado para no entrar en un año de nuevo en otro paro. Este es un problema olvidado de 400 años. Estamos tratando de solucionarlo de raíz y promover la legalización de quienes no lo han hecho. Antes no se tenían normas claras y ahora sí. Los que no están de acuerdo son los que están generando el desorden”. Entre los puntos del pliego de peticiones de los mineros al Gobierno, figuran la exigencia de retirar el proyecto de ley 169 de 2016 que –aseguran– criminaliza la actividad minera y que la eliminación del mercurio en la minería a pequeña escala sea gradual. En principio, han llegado a hablar de un año de transición para sacar del proceso ese elemento.
Por el momento, los manifestantes lograron que la multinacional Gran Colombia Gold pagara precios más justos por el oro, pues pasó de US$400 a US$700 la onza.