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Este martes se conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por no proteger a la lideresa comunitaria Ana Teresa Yarce, quien fue asesinada en 2004, y por las detenciones arbitrarias e ilegales de otras defensoras de la Comuna 13 de Medellín: María del Socorro Mosquera, Mery del Socorro Naranjo y Luz Dary Ospina. Además, por los riesgos que corrió la también lideresa Myriam Rúa Figueroa, quien resultó desplazada, y su casa, destruida por los paramilitares.
Todas se convirtieron en víctimas desde 2002, luego de que la Fuerza Pública, con apoyo de la Fiscalía y los gobiernos local y nacional, ejecutara allí cuatro operaciones militares. Orión fue la más sonada, pero no la única. “Las mujeres de la Comuna 13 fueron afectadas especialmente por la violencia y por el fenómeno del desplazamiento intraurbano, así como las lideresas y representantes comunitarias se hallaban en situación de riesgo”, señaló la Corte.
El Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) representó a las víctimas de la Comuna 13 ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde se emitió este fallo histórico en relación con el trabajo de las defensoras de derechos humanos en el país. El Espectador habló con María Victoria Fallon, directora del GIDH y abogada de las víctimas, para conocer los alcances de esta sentencia.
¿Cómo empezó este proceso?
Documentamos la operación Orión y presentamos 10 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un solo proceso se acumularon los de estas cinco defensoras. En 2014 pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora salió la sentencia.
¿Qué significa este fallo?
Es muy importante. Es la primera sentencia con Colombia donde la Corte analiza el trabajo de las defensoras de derechos humanos y lideresas del país y pone perspectiva de género. No sólo declara culpable al Estado por el asesinato de la lideresa Ana Teresa Yarce, sino por la vulneración de derechos de las lideresas de la Comuna 13.
¿Qué ha pasado con estás lideresas? ¿Están en la Comuna 13? ¿Siguen desplazadas?
De las cuatro lideresas, hay dos que están en la Comuna 13 trabajando en acciones comunales y en la asociación de mujeres de Las Independencias. Tienen medidas de protección desde hace un año por parte de la Comisión Interamericana. Las otras dos están fuera. Una de ellas era la presidenta de la asociación de mujeres y tuvo que salir del país un año y la asociación se afectó mucho: pasó de tener 600 integrantes a sólo 150. Estas situaciones generan rupturas de procesos muy difíciles de componer. A estas dos lideresas primero les invadieron sus casas y después se las desmantelaron ladrillo por ladrillo.
¿Se conoce quiénes fueron los responsables?
No. No hay ninguna investigación al respecto, ningún responsable de estos hechos.
¿Este fallo permitirá adelantar investigaciones para saber la verdad de lo que ha pasado?
Sí, esa es la mayor expectativa que tenemos. Hay responsables por el asesinato de Ana Teresa (Yarce) y una persona por el desplazamiento de una de ellas, pero hay mucho por investigar aún. A pesar de que (el exjefe paramilitar) Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, declaró que la Policía y el Ejército actuaron con ellos durante las operaciones en la Comuna, las investigaciones no avanzan. Nuestra expectativa es que el Estado cumpla la parte de la sentencia en la que se pide dinamizar esas investigaciones internas.
Aparte de las investigaciones, ¿qué más esperan con la sentencia?
Esperamos que revisen las políticas de protección para que las mujeres puedan desarrollar su trabajo con las comunidades, y así evitar que nuevamente sean víctimas de agresiones y estigmatizaciones.
¿Cómo recibió la gente en la Comuna 13 este fallo?
Hay mucho movimiento social y barrial. La gente está atenta al tema, porque si bien es un fallo sobre el caso de estas defensoras, es un contexto general en la Comuna 13. Esto, de alguna manera, puede incidir en los que hay pendientes por fallar.
¿Cuántos casos más hay en la Corte Interamericana sobre la Comuna 13?
Este es el primer fallo de la Corte en relación con los hechos de la operación Orión. En la Comisión Interamericana hay tres casos más, uno sobre desaparición forzada y uso de La Escombrera para los desaparecidos, cuya víctima es Arles Edison Guzmán. Otro sobre tres casos de ejecución extrajudicial, y el caso de la muerte de un niño de 12 años en fuego cruzado en la operación Orión. Estamos pendientes de que pasen a la Corte Interamericana.
¿Qué medidas de reparación ordena la sentencia?
Ordena que repare integralmente a las víctimas, que pida perdón y reconozca su responsabilidad. El fallo ya es una forma de reparación, porque estas mujeres fueron estigmatizadas y este es un reconocimiento a su trabajo. Queremos llegar a algo fundamental: la verdad. Para ello es necesaria una investigación integral, está por establecerse la responsabilidad de los comandantes de la Policía Metropolitana de la época, general (r) Leonardo Gallego, y de la Cuarta Brigada del Ejército, general (r) Mario Montoya, y la del expresidente Álvaro Uribe, quien ordenó la operación (Orión).