Los papeles y documentos, cuando se encuentran organizados en forma de expedientes o responden a las actividades de una institución, sufren una o varias metamorfosis con el paso del tiempo y el cambio de perspectiva: pueden quedar en el olvido, ser destruidos o —como viene siendo reinvindicado desde hace algunas décadas— su uso puede modificarse diametralmente.
Es conocido, desde que existen los archivos, que estos han sido fundamentales para consolidar el dominio político y administrar los Estados; sin embargo, el lado oscuro de la gestión documental se hace particularmente visible cuando quien detenta el poder se siente amenazado o no ha sido legitimado, y elige el miedo como herramienta de persuasión. No otra cosa han sido los archivos creados por los organismos de seguridad de los gobiernos dictatoriales o los de aquellos que han cometido o auspiciado sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Estos archivos pueden funcionar como una cámara de registro hasta cierto punto anónima y burocrática que se dirige hacia los otros, pero también pueden devolver la imagen de aquellas instituciones o Estados que los crearon, para dejar ver a través de sus mismos expedientes, los modos en que aquellos observaban o acechaban, según sea el caso.
Los archivos hoy no sólo sirven para reconstruir los métodos y procedimientos con los que actuó tal o cual gobierno o institución; para reformarlos o determinar los modos en los que se debe plantear la transición sin faltar a la justicia que se les debe a las víctimas; sino para restituirles a los ciudadanos derechos fundamentales, como el derecho a conocer la verdad, a aclarar el destino de sus familiares, a comprender el funcionamiento de las maquinarias de violencia y de despojo que se activaron en su contra, así como el derecho a señalar y juzgar a los responsables de los daños que sufrieron, y el derecho a exigir la reparación, la indemnización y la restitución de los bienes que les fueron enajenados.
Así lo demuestran, de manera flagrante, los usos diametralmente opuestos que tuvieron y tienen hoy en día los archivos de la Stasi, que pasaron de ser archivos del terror, creados para controlar a los ciudadanos bajo un gobierno totalitario que se impuso y se mantuvo por la fuerza, a ser el espacio de reivindicación de los mismos derechos que les fueron alienados a las víctimas de las prácticas de seguridad de tal Estado.
No sólo los archivos gubernamentales responden a estas expectativas en momentos de transición, sino también los archivos de las comunidades, de los movimientos sociales, de los grupos de defensa de los DD.HH. o de las organizaciones de familiares de víctimas. Los suyos son archivos que activan la memoria, y son escenarios de luchas políticas y sociales por su conservación o destrucción; su integridad o fragmentación; su carácter privado o público; las condiciones físicas en las que son preservados; el acceso a sus documentos y expedientes; la seguridad que los protege; o la probidad de los custodios que los guardan. Pero son todavía más vitales las disputas en torno suyo durante los procesos de negociación, como el que ahora estamos viviendo en Colombia, pues entonces son mucho más vulnerables, ya que los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, o los poderes que se oculten detrás de aquellos, se sienten amenazados e intentan —y lo consiguen las más de las veces—, destruirlos, esconderlos, o restringir al máximo su acceso.
La relevancia de los archivos en el proceso de paz por el que atraviesa Colombia es obvia; incluso se volvió tema de controversia pública a raíz de la demanda de las Farc de abrir los archivos de inteligencia del Estado y su pedido de crear una Comisión de Archivo y Acceso a la Información Reservada; si bien el Estado debe tener la audacia y la confianza de permitirle a la sociedad en transición el libre acceso a sus documentos, es decir, la audacia de desmitificar el miedo a desclasificar, la petición de las Farc debería ser complementada con las demandas de la sociedad a la propia insurgencia para que haga lo mismo con sus archivos, que son muy importantes para que podamos llegar a una verdad integral del conflicto. Con esto queremos hacer énfasis en la necesidad de obtener la verdad que contienen los archivos de todos los actores armados.