Mujeres colombianas lideran lucha por restitución de tierras

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Para los hombres es más arriesgado dar la cara en la lucha por la tierra. Eso pensó un día Liria Rosa García, campesina de Curvaradó, un retazo de selva húmeda cerca de la frontera de Colombia con Panamá, en la zona de Urabá. Y se echó sobre los hombros la tarea de pelear por un territorio ancestral de comunidades negras del que huyó en 1997 cuando los paramilitares, con la complicidad del Ejército, entraron a adueñarse de todo.

"Nosotras decidimos dar la vida por la tierra, porque los hombres estaban más perseguidos", cuenta con una sonrisa que no logra borrar la mirada cargada de dolor de esta mujer de 55 años. En el largo proceso para conseguir que devuelvan estas tierras a sus verdaderos propietarios, es ella la que asiste a las reuniones con el Gobierno, mantiene informada a su comunidad, aconseja y, si es necesario, regaña.

En Curvaradó, como en la vecina cuenca del Jiguamiandó, empresarios y particulares estuvieron detrás del desalojo de 23 comunidades de raza negra de sus propias tierras. Cuando el territorio quedó vacío, sembraron palma africana y agrandaron fincas ganaderas y bananeras. Para legitimar el despojo se valieron de miles de artimañas.

Se trata de la mayor usurpación de tierras documentada hasta ahora: la mitad de las casi 100.000 hectáreas de los dos consejos comunitarios fueron invadidas. En la actualidad, la fiscalía investiga a varios empresarios en esta causa. Liria Rosa, cansada de mendigar trabajo en los pueblos, lideró en 2007 el primer retorno a su tierra. Encontraron que la finca de sus vecinos, que antes era de 400 hectáreas, tenía ahora 5.000 más. "Desde ese día me paré firme", cuenta. Entonces, ella y otras mujeres que habían conseguido recuperar una parte de sus tierras empezaron a ser objeto de una cadena de amenazas e intentos de desalojo. Aún hoy se turna, con otras mujeres, para espantar el ganado enviado al anochecer para destrozar lo que han sembrado. "También fumigan nuestros cultivos para que no produzcan, pero no nos damos por vencidas", asegura.

Devolver a estas comunidades sus tierras es una prueba de fuego para el programa de restitución en el que está empeñado el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En total, fueron robadas 6,6 millones de hectáreas en todo el país, según un informe reciente divulgado por Naciones Unidas. De esta cantidad solo han sido recuperadas medio millón de hectáreas. Otro dato escandaloso: la mitad de la tierra en este país está en manos del 1,15% de los propietarios.

Liria Rosa exige que el Gobierno cumpla y les entregue los títulos definitivos que acreditan a estas mujeres como propietarias. Sueña con vivir libre en su tierra, dedicada a lo que ama: sembrar arroz y maíz, cuidar gallinas... Ahora vive con 48 familias más en Curvaradó, en una zona donde gozan de la protección de organismos nacionales e internacionales. En total han regresado 1.300 familias a las dos comunidades. Nadie sabe cuántas son las que no han podido volver.

Pero reclamar la propiedad de la tierra es una misión de alto riesgo. La lista de los que han sido asesinados es larga: 66 en los últimos nueve años. Figuran varias mujeres. Yolanda Izquierdo es una de ellas. La asesinaron en 2007 en el departamento de Córdoba, cuna de los paramilitares. Liria Rosa está en la lista de los amenazados: "Me han perseguido para golpearme; me han gritado: te vamos a acabar", cuenta. En los últimos días el grito amenazante es distinto: "Ya te han mentido en el censo para que te devuelvan la tierra; nosotros tenemos un censo distinto para irles matando uno a uno".

El proceso de recuperación de las tierras dio un gran paso adelante hace dos años. Los ladrones de la tierra recurrieron una orden de devolución, dictada por las autoridades para repoblar la zona, y la Corte Constitucional frenó la devolución. Pero también pidió un censo de los que fueron expulsados de sus tierras en 1997. Parte de ese censo ya está elaborado.

Liria Rosa siente que no hay garantías para continuar. Grupos de paramilitares están rondando la zona, están sembrado coca y nadie hace nada a pesar de que la zona está fuertemente controlada por el Ejército. Y contiene las lágrimas cuando recuerda a los que han muerto estos años intentando recuperar su tierra, entre ellos el padre de cinco de sus ocho hijos.

"Las mujeres están jugando un papel clave en este proceso de restitución", asegura Ana Teresa Bernal, de la Comisión Nacional de Reparación. Y tiene una explicación: a los hombres los mataron. Nombra a varias dirigentes. Una de ellas es Carmen Palencia que, tras el asesinato de su marido y sufrir un atentado que la dejó en estado de coma dos meses, lidera desde su asociación Tierra y Vida la devolución de 150.000 hectáreas en el Caribe, otro retazo de la región bananera de Urabá, donde en los años noventa se implantaron, a punta de terror, los paramilitares.