Más líos para la doble calzada Bogotá-Girardot

Como si fuese poco con los contratiempos que ha tenido la doble calzada Bogotá-Girardot a lo largo de su ejecución, otro revés se suma a esta serie de dificultades. Se trata de un caso que data de 1989, cuando el contratista Imregilo LTDA buscó adquirir un predio ubicado en el trayecto que va desde El Paso a la intersección San Rafael, en la carretera que comunica a Melgar con Girardot. A pesar de que el contratista adquirió los terrenos para construir la variante, nunca cumplió la obra.

Por ello Inversiones Sandra Liliana, dueña del predio, inició un proceso en 1997 que para el 2006 arrojó una sentencia en favor de los demandantes por parte del juez 22 del circuito de Bogotá, indicando que efectivamente el tramo pertenecía al particular.

Así las cosas Inversiones Sandra Liliana buscó por varios medios que se le permitiera disponer de sus tierras o que finalmente se cancelara la deuda, que para hoy suma cerca de 4.600 millones de pesos, sin embargo para el presente año la situación aún no se resuelve.

Durante los últimos años, según Carlos Peña, abogado de los dueños del predio, el gobierno fue permisivo con  Imregilo, pues favoreció al contratista ‘que se robó la plata del estado’ y estaba en ‘la obligación de solicitar que respondiera por el no pago de los predios, de cualquier manera’

Tal como lo indica Peña el 3 de mayo de este año un juez de la República le entregó el predio con fundamento en las sentencias judiciales previas. Ante ello, unos días después del fallo los propietarios en busca de que se les reconociera su propiedad intentaron cercar el tramo que les corresponde de la doble calzada Bogotá-Girardot.

No fue la única vez que se intentó bloquear los predios, el pasado martes Carlos Peña anunció un bloqueo nuevamente, por lo que La policía de Tránsito y Transporte adelantó un dispositivo especial para evitarlo.

Con el mismo fin se citó a una audiencia a todas las partes el mismo martes, donde según Peña se evidenció ‘que se vulneró el derecho a que los ciudadanos pretendieran que la justicia ejerciera sus acciones y el Ministerio de Transporte y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura se burlaron de la institución de la justicia’, lo anterior haciendo referencia al fallo del juez donde le concedía la potestad de las tierras.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se encuentra a la espera de la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre su petición de anular el fallo adoptado por el Juez 22  del Circuito de Bogotá, buscando que, tal como lo señalan en un comunicado, se declare que se incurrió en una decisión judicial de hecho, en torno a una parte del corredor vial que tradicionalmente ha conectado a Bogotá y Girardot.

De la misma forma la ANI critica el intento de cercar los predios, afirmando que se viola el derecho al trabajo de todos los usuarios de la vía, que se debe proteger un bien de uso público que no puede ser objeto de medidas patrimoniales y que debe primar el interés general sobre el particular.
La ANI hace gran énfasis en que el pleito viene de años atrás, mucho antes de la creación de su entidad y del INCO, cuando el terreno fue negociado pero “inexplicablemente, el título de propiedad no quedó a nombre de la Nación”

Mientras tanto Carlos Peña indica que ‘no está pretendiendo algo diferente que ejercer los derechos concedidos por un juez de la República’ y que no permitírselo supone claramente que mucho antes de perder él ‘pierde la institución de la justicia en Colombia’

“El ejecutivo está burlándose de la sentencia judicial, el estado de derecho y  la rama judicial han sido apuñaleados” recalcó.

Mientras con indignación Peña cuenta que durante la audiencia de conciliación se le hizo saber que  “la policía nacional atendiendo el código de ciudadanía me iba a  judicializar si yo intentaba ejercer los derechos que me concedieron”; La ANI espera que el fallo de segunda instancia sea a favor “de los derechos de los usuarios de la vía, dado que una sentencia de la Corte Constitucional ( C-699-2010) protegió el derecho al debido proceso del Estado colombiano por un hecho similar, en donde en defensa del patrimonio del Estado, anuló decisiones de orden civil”.