El Quimbo, en la mira de la Contraloría General

Las presuntas irregularidades pudieron causar un detrimento patrimonial superior a los $350 mil millones. /Cortesía

La Contraloría General de la Nación abrirá indagación preliminar al proyecto hidroeléctrico de El Quimbo en el Huila, tras hallar presuntas irregularidades en el trámite de otorgamiento de la licencia ambiental, que dio vía libre a la obra el 15 de mayo de 2009. La decisión se conoció ayer y fue tomada por el ente de control luego de evaluar varios documentos presentados por la Asociación de afectados por la hidroeléctrica el Quimbo (Asoquimbo), que serían prueba de que Emgesa-Endesa obtuvo la licencia sin contar con los estudios de impacto ambiental.

Aunque el contralor delegado para el Medio Ambiente, Javier Cruz, le dijo a El Espectador que por ahora el proceso se mantendrá en reserva, por tratarse de una indagación preliminar, confirmó que las presuntas irregularidades pudieron causar un detrimento patrimonial superior a los $350 mil millones debido a los daños sociales, ambientales y económicos generados con la intervención.

Además, señaló que la investigación busca determinar las posibles anomalías en las en que pudo haber incurrido el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) frente al trámite de esta licencia, con el cual se avaló el proyecto hidroeléctrico planeado para generar 2.260 gigavatios de energía al año.

Sumado a esto, la Contraloría señaló que es necesario un nuevo censo a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica, debido a que el que realizó la empresa se habría dejado por fuera varias localidades que no fueron visitadas y que en efecto resultarían afectadas por la generadora de energía. La construcción de la central que estaría lista en el 2014 y que ha avanzado en un 50%, tendría un área de influencia de 8.500 hectáreas, comprometiendo territorios de los municipios de Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Tesalia, y Paicol. Para adelantar las obras fue necesario desviar el río Magdalena, con graves efectos ambientales, y reubicar al menos 300 familias que tuvieron que vender sus tierras para que fueran inundadas.

Hoy los miembros de Asoquimbo, que han hecho una férrea oposición al proyecto, celebran que la obra esté en la mira de la Contraloría. Siete meses atrás, representantes de asociación se reunieron con la contralora Sandra Morelli en su despacho en Bogotá para explicarle durante casi dos horas por qué consideran que la intervención tendría “serias anomalías suficientes para detener el proyecto”. De acuerdo con Miller Dussan, líder de Asoquimbo “Se otorgó la licencia sin tener listo el diagnóstico ambiental de alternativas, necesario para cualquier proyecto de este tipo”. Esos argumentos harían parte de las pruebas que tuvo en cuenta el ente de control para iniciar la investigación.

A través de un comunicado oficial Emgesa manifestó “que no ha formado parte de ningún proceso de indagación preliminar por parte de la Contraloría General de la República y tampoco ha sido notificada de ningún proceso de responsabilidad fiscal en su contra”.

Esta no es la primera vez que el proyecto está en la mira de un ente de control. El 8 de mayo de 2009, la Procuraduría General de la Nación recomendó al Ministerio de Ambiente “abstenerse de otorgar licencia para la construcción, debido a que no es conveniente que se inunden una de las mejores tierras de la región cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas”. A su turno, también manifestaron sus reparos a la hidroeléctrica el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Corporación Autónoma del Magdalena entre otros.

“Lo que demuestra la decisión de la Contraloría es que teníamos razón: las pérdidas ambientales, económicas y sociales que consideramos como un detrimento nacional son mucho mayores a las compensaciones que planea la empresa”, basado en esta premisa, Asoquimbo planea instaurar una demanda ante el Consejo de Estado la próxima semana con el fin de que sean detenidas las obras de inmediato. Sin embargo, Emgesa insiste en que la empresa “cumplió debidamente con todas las obligaciones para el proceso del licenciamiento ambiental y que viene ejecutando las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo dentro del marco de lo establecido en dicha licencia”.