¿Están monopolizando los alimentos en las comunas de Medellín?

Las arepas y los huevos son algunos de los productos que deben pagar “vacuna”.

En una oficina amplia e iluminada de una bodega del Valle de Aburrá, un curtido comerciante pone sobre la mesa un puñado de cartas con peticiones bienintencionadas. La mayoría solicitan dinero o productos para celebrar fiestas para niños. Unas con firma, cédula, NIT, y otras sólo con la solicitud y la garantía: “Les pedimos el apoyo económico de $300.000 (para) así brindar más seguridad a los empleados y habitantes del sector (…) Agradecemos su pronta colaboración”.

Las cartas, remitidas de comunas populares de Medellín y municipios como Bello e Itagüí, son enviadas a grandes comerciantes antes de fechas especiales como la Noche de Brujas y Navidad. ¿Y qué pasa si no responden? “Si no colaboramos es posible que (los combos) nos quiten el carro o que nos lo paren”, dice un distribuidor.

Él y otros dos comerciantes coinciden en que estos mensajes, que ellos asumen como presión y a los que responden sin poner resistencia, son la punta de un problema más grande. Cuentan que lo más grave es el pago diario que deben realizar en algunas de las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín para que sus vendedores puedan trabajar. “Cada carro debe pagar dos o cuatro cuotas al día a diferentes combos, y eso al año suma cuatro o cinco millones”, dice un comerciante.

Al pago de estas cuotas se habría sumado una modalidad relativamente nueva: el impedimento de distribuir algunos productos, como arepas. “Nosotros distribuíamos arepas en toda el área metropolitana. Pero lo hicimos hasta hace tres meses porque en un barrio le dijeron al vendedor que no podíamos continuar con este producto. Dijeron que estaban favoreciendo las fábricas de las comunas”, dice un distribuidor.

Lo último que afirma el comerciante es sólo una hipótesis para Andrés Julián Rendón, exsecretario de Gobierno de Antioquia y docente investigador de la Universidad Eafit, tras el avance de un estudio sobre nuevas economías criminales. Las 86 encuestas a tenderos de cuatro comunas con presencia de “combos” (Popular, Aranjuez, San Javier y San Antonio de Prado) y tres donde no hay (Poblado, Laureles y La América) indicaron que en los negocios ubicados a unos 500 metros de los centros de influencia de estos grupos hay “un monopolio de algunos bienes de primera necesidad”, como arepas y huevos sin marca. “¿Quiénes son los oferentes?”, preguntaron los investigadores. “La gente del sector”, respondieron los tenderos.

¿Existe una industria negra? “Se podría estar ejerciendo una especie de coerción para que los tenderos en esas comunas vendan unas categorías. No es casual que estas tengan una alta participación en aquellas comunas donde hay combos”, responde Rendón.

La conclusión preliminar no es compartida completamente por el general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, quien dice que no se debe generalizar ni criminalizar la informalidad. Su posición es respaldada por un investigador del Gaula de la Policía, quien afirma que en las labores de indagación con los tenderos, “ninguno ha mencionado ser presionado por combos para vender algún tipo de producto”.

Otro investigador policial cree, sin embargo, que si bien los combos no están montando fábricas de arepas, sí apoyan la industria barrial como una forma de reconocimiento social o solidaridad con sus vecinos. “Buscan apoyo de la comunidad para que cuando los vayan a capturar la gente salga a hacer las asonadas, avise, los esconda, les guarde las armas”.

Pese a la renuencia de algunos tenderos y productores a hablar sobre extorsión o a calificarla como tal, reconocen que pagan $5.000 pesos semanales a “los muchachos del barrio”. Un distribuidor de leche aseguró que en sectores de San Javier (Comuna 13) le piden diario que deje algún producto, leche o quesitos. “La realidad es que todos pagan, llámese arepas con marca o sin marca. La pregunta es quién no paga”, dice Luis Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades.

Aunque Ricardo Sandoval, excoronel de la Policía y gerente de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), cree que el cuestionamiento de Quijano sobre que en Medellín “todos pagan” no es tan exacto, reconoce que la extorsión oculta, la que se camufla en otras estrategias de pedir dinero, se empezó a identificar desde 2001 con el pago que algunas personas hacían por su seguridad, y que el monopolio de algunos productos como huevos y arepas sin marca se detectó desde 2007. Expresa, sin embargo, que esto no se puede entender como una extorsión porque los mismos comerciantes adquieren los productos, con calidad satisfactoria y precios adecuados, de manera voluntaria.

Ante las quejas de los grandes distribuidores, como el pago a peticiones por medio de cartas para trabajar, Sandoval dice, mientras observa los mensajes, que con una carta de esas no se puede hablar de extorsión en el sentido estricto del término. “Es un tema supremamente complejo, sobre todo desde el punto de vista de cómo criminalizarlo”, dice. Posición similar tiene el general Vásquez: “Yo con esta carta no podría privar de la libertad a nadie porque esto de extorsivo nada tiene; si él (el comerciante) paga, es una cuestión voluntaria”.

Aunque Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de la Fenalco Antioquia, sabe que la situación es muy compleja, ha denunciado insistentemente las extorsiones que padecen algunos de los 25.000 tenderos que hay en área metropolitana y los grandes distribuidores y ha cuantificado el monto: $40.000 millones (cifra calculada en 2011). “Son cifras muy conservadoras porque no todo el mundo denuncia. Esta multiplicación sencilla parte de vacunas semanales de entre $50.000 y $100.000”.

Soto espera que las autoridades lideren un motor que sacuda a la Fiscalía, incluso al Congreso de la República para que tramite leyes, se penalice con mayor severidad este tipo de actos delincuenciales y se termine lo que él llama el “reino de la impunidad”.

Justamente, el alcalde Aníbal Gaviria anunció el pasado 23 de octubre la llegada de 32 fiscales, 150 asistentes y 200 policías más. Así como el respaldo de la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa para la creación de la Unidad de Objetivos de Alto Valor, cuyo objetivo central, desde el próximo 15 de diciembre, será atacar las cabezas de las bandas criminales. “Esto ayuda (…) Pero aquí podemos traer 10.000 fiscales, 30.000 policías, y si no existe la cultura de la denuncia, de nada va a servir”, dice el general Vásquez.

Los grandes comerciantes, sin embargo, dicen que están cansados de poner denuncias ante la Policía y la Fiscalía —El Espectador también solicitó entrevista con la directora seccional de Fiscalías y no obtuvo respuesta— y que ante la poca o ineficaz respuesta se resignaron a pagar dinero para entrar a los barrios y a justificar esos recursos como peajes en el estado de pérdidas y ganancias. En contraposición, el general Vásquez dice que la Policía se ha reunido con los jefes de seguridad de empresas para fijar horarios y acompañarlos en la distribución. “Si están pagando, es porque quieren. Si ellos denunciaran, tenga la plena seguridad de que ya habría capturados”, dice.

“Sé que estamos convalidando esa situación —reconoce un distribuidor que surte unas 8.000 tiendas en Medellín y municipios cercanos—, pero cómo hacemos para trabajar si la escolta es un suicidio comercial”. Y otro comerciante remata: “Todos los distribuidores populares estamos pagando. Nosotros, los de licores, los de las gaseosas... Comerciante que diga que no está pagando no está diciendo la verdad (…). En Medellín nos acostumbramos a vivir así”.