Polémica por explotación minera en Chocontá

Suspensión de explotación minera en el municipio de Chocontá y recuperación ambiental adelantada por Holcim en la zona de extracción. /CAR y Holcim

Luego de 14 años de explotación minera y captación de agua por parte de la multinacional Holcim en la vereda Retiro de Blancos, en el municipio de Chocontá (Cundinamarca), la CAR ordenó la suspensión de estas actividades por tratarse de una zona ubicada en reserva forestal. Sin embargo, la medida promete convertirse en una batalla jurídica pues la firma suiza aseguró que acudirá a medidas legales para controvertir la decisión, que considera ilegal.

La historia de la concesión para la actividad minera de Holcim en Chocontá comenzó con el contrato suscrito en abril de 1996 por medio de Ingeniesa (una de sus firmas fusionadas) y el Ministerio de Minas y Energía. El acuerdo se estableció con una vigencia de 30 años, hasta el 8 de julio de 2028, para explotar grava y arena en 504 hectáreas.

Más adelante, esta empresa se adhirió a la Sociedad Concretos Asfálticos Premezclados, que en 2004 se fusionó con Holcim. Ese mismo año pidió que se diera continuidad al Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental (PMRRA), como uno de los requisitos para continuar con su planta de minería en la vereda Retiro de Blancos.

La controversia se presentó en 2005 cuando, luego de evaluar el PMRRA, la CAR indicó que “es necesario ajustar el documento en lo referente al capítulo de identificación de impactos ambientales de tal forma que los daños causados por la explotación minera se evalúen de manera clara y precisa dentro de la matriz... de impactos”. La autoridad ambiental también le pidió a la compañía detalles sobre el diseño minero, la prevención del deterioro del suelo y el manejo de aguas y residuos sólidos.

En marzo de 2012, tras varios años de polémica entre los representantes legales de Holcim y la CAR, y luego de que la firma presentara información detallada sobre el diseño minero de la zona, la Corporación hizo ver que el terreno del contrato se encuentra en el área de reserva forestal protectora de Cuchilla de Choque y el 95% del título está ubicado en la reserva de la cuenca alta del río Bogotá, lo que no hace viable la explotación. Además, la CAR identificó que no hay un PMRRA autorizado y que no se han realizado acciones para devolver al terreno las condiciones de uso existentes antes de empezar la actividad minera.

Eso no es todo: la compañía también realizaba captación de aguas desde un punto de la quebrada Ojo de Agua, para lavar las materias primas en la producción de grava y arena, un hecho que “actualmente no cuenta con permiso de la Corporación”, según consta en el documento de la entidad.

Pese a los argumentos técnicos, Holcim, que acató y suspendió sus actividades el 30 de octubre, afirma en un comunicado conocido por este diario que no comparte la decisión, ya que siempre ha actuado legalmente y de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Insiste en que no entiende la razón por la cual la Corporación sostiene que está incumpliendo alguna norma ambiental y adopta la medida, sin resolver ni manifestarse de fondo sobre la situación de la multinacional.

La compañía, incluso, indica que ha protegido los recursos naturales, que han sido vulnerados por explotadores ilegales, “frente a los cuales la CAR no ha tomado acciones”, y agrega que trabaja con las comunidades mediante programas educativos y medioambientales para la generación de ingresos. Ahora comenzará un proceso jurídico para controvertir la decisión, pues la empresa insiste en que “cumple todas las obligaciones mineras y ambientales, como lo ha reconocido la CAR en diversos documentos”.

Respecto a la falta de control de la minería ilegal en el departamento, Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, señaló que trabaja para tomar medidas al respecto en las zonas más afectadas, como el páramo de Guerrero y el sector de Sierra Negra, donde se explota arcilla, y ya ha ordenado más de 10 medidas preventivas.

También dijo que la CAR realiza el seguimiento a las empresas que hacen sus vertimientos en la cuenca alta del río Bogotá, por denuncias que ha recibido. Aunque todavía no hay una determinación precisa, asegura que en la mira se encuentran varias multinacionales .