San Andrés seguirá marchando

Empresarios y cerca de 700 familias raizales calculan que perderán US$3 millones al año sólo en exportación de la langosta que ya no podrán pescar en el mar que les pertenecía. Piden al Gobierno no acatar el fallo.

Alrededor de cinco mil sanandresanos marcharon ayer por las calles de la isla y volverán a protestar mañana. / Fotos: Tarek O’neill
Alrededor de cinco mil sanandresanos marcharon ayer por las calles de la isla y volverán a protestar mañana. / Fotos: Tarek O’neill

Raizales, pescadores, empresarios, políticos, estudiantes y demás sanandresanos marcharán mañana en su isla, en protesta contra el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le entregó a Nicaragua una porción del mar Caribe antes perteneciente al archipiélago colombiano de San Andrés.

Los isleños se manifestarán vestidos de negro, pues están de luto por haber perdido un área vital para su subsistencia. No planean llevar banderas de Colombia ni de Nicaragua, sólo las de su isla, en protesta por el abandono histórico del Gobierno Nacional hacia el archipiélago. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, otros colombianos se unirán a la movilización, que buscará presionar al Gobierno para que tome medidas que salven a San Andrés de un colapso económico tras la pérdida de sus aguas más ricas en recursos pesqueros.

Uno de los que se manifestaron ayer y seguirán haciéndolo mañana es Armando Basmagi Pérez, dueño de King Crab, una de las dos pesqueras industriales colombianas que trabajan en la zona ahora perteneciente a Nicaragua. Basmagi le dijo a El Espectador que “nos cercenaron un área donde estaban los bancos de langosta más importantes para nuestra producción. No podremos seguir trabajando allá y eso significa, prácticamente, que Colombia deja de exportar langosta y que las dos plantas industriales dedicadas a ese negocio cerrarán. La langosta que se pueda conseguir será en cantidades que no suplirán las necesidades del mercado internacional”.

La producción del banco de langosta en Luna Verde (el cuadrante suroriental del meridiano 82 con el paralelo 15) está estimada, según Basmagi, en $12 mil millones anuales. “Para rematar, nos enclavaron los islotes de Serrana y Quitasueño, donde hay pesca de caracol, algo de langosta y pargo rojo”.

Sólo en King Crab hay 25 empleos directos en planta, unos 80 en barcos y alrededor de 300 indirectos que hoy están en riesgo. El 95% de los trabajadores de la pesquera son raizales.

“Yo le dije al presidente que se ponga los pantalones y no acate el fallo, para que no pase a la historia como el que regaló nuestro océano. Los sanandresanos no acatamos el fallo. ¿De qué nos sirve la arena de unos cayos? Aquí comemos y vivimos del pescado”, afirma Basmagi, quien estuvo presente cuando el presidente Juan Manual Santos fue a la isla a proponer la puesta en marcha del plan San Andrés.

Manuel Manuel Cubillos, gerente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de San Andrés , donde trabajan 85 raizales, ha dicho a este diario que el gremio espera, por lo menos, “un subsidio decente para suplir las pérdidas, tener con qué comer y pagar la educación de nuestros hijos”. Los pescadores de Copesbi, dice Cubillos, recibieron durante el gobierno de Álvaro Uribe (quien ahora está en San Andrés y ha llamado a desacatar el fallo) un subsidio que durante el mandato de Santos dejaron de recibir.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Andrés, el raizal Alain Manjarrés Flórez, aseguró a este diario que son cerca de 700 familias raizales (300 en Providencia y 400 en San Andrés) las que ahora están ante un futuro incierto. Además, “las empresas pesqueras le generan al departamento exportaciones de alrededor de US$3 millones al año sólo en pesca de langosta, y esa pérdida generará muchos problemas. Habrá que buscar alternativas, pero no será fácil un cambio cultural y laboral para quienes viven al ritmo del mar hace más de 200 años”, dice Manjarrés.

Confecámaras y la Red de Cámaras de Comercio de Colombia rechazan en conjunto el fallo de la CIJ y han expresado su apoyo a nuevas iniciativas para contribuir a mejorar las condiciones de los isleños y prevenir que el fallo “impida que su población tan apreciada y respetada ...pueda alcanzar un mejor futuro para las actuales y venideras generaciones”.

 

Canciller: ‘No hemos acatado el fallo’

En referencia al modo como ha reaccionado el gobierno colombiano al fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia, emitido el pasado 19 de noviembre, la canciller María Ángel Holguín dijo que “el fallo tiene 180 páginas en donde tiene una minucia que creemos que la tenemos que entender y ver las repercusiones que trae para la soberanía colombiana, para los tratados que tenemos con terceros países, como el caso que tenemos con Costa Rica y Panamá, y ver qué otros aspectos jurídicos Colombia ve que van en contravía del derecho internacional”. Haciendo eco de palabras del presidente Juan Manuel Santos, Holguín también dijo que “rechazamos apartes de ese fallo por alejarse del derecho internacional”, y que se están estudiando tres recursos ante La Haya: de revisión, de aclaración y una demanda de entendimiento.