Rechazo a la minería

Una de las zonas de Jardín, (Ant) en la que las mineras tienen intereses / Sebastián Ochoa G.

Aunque saben que podría tratarse de una lucha entre David y Goliat, y que las normas favorecen la minería, varios municipios del suroeste de Antioquia, quieren ponerle frenos a las grandes mineras que tienen los ojos puestos en sus territorios. El primer municipio en dar un paso adelante fue Támesis: el 6 de septiembre, los concejales aprobaron un acuerdo que declara como zona de protección especial todo el territorio del municipio y prohíbe la exploración y explotación minera de metales.

A su iniciativa se sumaron el pasado jueves los concejales del municipio de Urrao, tras aprobar otro proyecto similar que también rechaza esta actividad, aduciendo entre otras cosas que “es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” y que “dada la identidad cultural, agricultora y de reserva natural del Suroeste de Antioquia“ no es posible aceptar este tipo de procesos. El caso más reciente es el del municipio de Jardín, en donde el pasado viernes, los 13 concejales aprobaron otro acuerdo que prohíbe la extracción de minerales en su territorio.

Su posición tiene varias explicaciones. Estos tres pueblos , dedicados tradicionalmente a la agricultura, hacen parte del llamado “Cinturón de Oro de Colombia”, una zona conformada por varios pueblos que hoy está en los planes de grandes mineras, como la Anglo Gold Ashanti, debido a su alta riqueza en minerales.

Tal como lo publicó El Espectador y de acuerdo con cifras de Catastro y Registro Minero, casi el 90% de esta zona está solicitada para la minería. En Támesis, por ejemplo, ya se entregaron seis títulos mineros que están en etapa de exploración.

De acuerdo con la Secretaría de Minas de Antioquia, la intención de la Gobernación es “velar por el desarrollo y fomento de una minería responsable en la zona”, pero la experiencia de otros municipios mantiene en alerta a los campesinos de la región.

Una investigación del economista e investigador Guillermo Rudas, también publicada por este diario, señala que sus prevenciones no son infundadas. El informe de Rudas advierte que pese a los ingresos por regalías y al impuesto de renta en municipios mineros en los últimos años, los beneficios para sus pobladores son pocos y, por el contrario, la actividad minera tiene una estrecha relación con la pobreza, el deterioro de la salud y el aumento de muertes violentas.

Por eso, lo que empezó como una serie de protestas pacíficas de la comunidad, ya está evolucionando a políticas del territorio con el pronunciamiento de los tres concejos municipales.

Pero, ¿qué tan efectivos son estos acuerdos, cuando la minería está catalogada en el país como una actividad de utilidad pública e interés social y el dominio del subsuelo le corresponde al Estado? Rodrigo Negrete, abogado experto en derecho ambiental, explica que los acuerdos son legales, debido a que los municipios tienen la potestad de ordenar sus territorios y definir el uso del suelo. Además tienen derecho a defender su patrimonio ambiental. Por eso, aunque los títulos que ya fueron entregados tienen derechos adquiridos, la idea es que no se entreguen más permisos para esta zona. Susana Muhamad, secretaria de Ambiente de Bogotá y quien estuvo acompañando al Concejo de Jardín en la aprobación del acuerdo, agrega que “legalmente los concejos tienen la potestad de prohibir las actividades mineras en sus territorios”.

Lo mismo señala Juan Ceballos, abogado cercano al proceso: “estos acuerdos tienen un soporte constitucional. A través de éstos, los alcaldes podrán exigir a una multinacional que no ejerza actividades mineras” . Aunque reconoce que es un primer paso, Ceballos señala que los municipios del suroeste estarían buscando convertirse en provincia para que su lucha en contra de la minería sea más efectiva.

Álvaro Carval, alcalde de Jardín, es realista: “Sabemos que hay una gran maquinaria para impulsar la minería en el país y que las cosas no se van a quedar así y van a venir las demandas, pero este es el pronunciamiento de un municipio. Lo que estamos defendiendo es un territorio, una tradición”. La primera demanda ya fue instaurada por parte de la Gobernación al acuerdo de Támesis, por considerar que va en contra de las normas legales . El Espectador consultó a Claudia Cadavid, secretaria de Minas de Antioquia, quien respondió que no era prudente referirse al tema.

Negrete se refiere así al asunto: “Hay una reacción en cadena de los municipios que están sintiendo que el Gobierno está desconociendo los intereses locales, se sienten solos. El Gobierno tendrá que analizar si las decisiones se siguen tomando desde Bogotá sin pensar en los municipios”. A esta hora los demás municipios de la zona están preparando sus propios acuerdos .

Travesía por las montañas del suroeste

Con el propósito de manifestar su rechazo a la llegada de las empresas mineras a los municipios del suroeste de Antioquia, 100 caminantes recorrieron la semana pasada  los senderos tradicionales de la región durante cinco días.

La travesía empezó  en Valparaíso. Desde allí caminaron hasta el vecino municipio de Caramanta (donde hay 11 títulos mineros vigentes), luego a Támesis, Jericó, Pueblorrico ,  Andes y terminó en  Jardín, luego de que el concejo municipal firmara un acuerdo para rechazar la extracción de minerales en ese municipio

El recorrido, denominado “El abrazo a la montaña”, en el que participaron líderes locales, ambientalistas y defensores de los páramos de Santurbán y el Cauca (Caldono, Guachené y La Sierra), buscaba además unir a estos municipios campesinos que históricamente se han dedicado a la agricultura.