Los horrores en las cárceles bogotanas

En las cárceles bogotanas el hacinamiento puede llegar a ser del 137%, como lo es en el caso de La Modelo. / El Tiempo

Quien dijo que la libertad era el bien más preciado del hombre no conocía la cárcel La Modelo de Bogotá, uno de los tres centros de reclusión en la ciudad. Estar en él sin ser capaz de controlar esfínteres puede derivar en una escena dantesca: los reclusos no reciben los pañales que necesitan, sólo hay una enfermera para todo el patio y, lo peor, las cobijas permanecen sucias y llenas de excremento; ellos por sí solos no pueden lavarlas. Dormir apretujados, pero limpios, ni siquiera es una opción.

Si se está enfermo, la pérdida de la libertad también viene a ser lo de menos. Es el caso de Alondra Heredia, internada en el tramo 1B del patio 5 de la cárcel El Buen Pastor, en el cual se encuentran todas las mujeres que son investigadas por primera vez por la justicia: las “primíparas”. La aqueja un tipo de cáncer conocido como linfoma de Hodgkin que ya le hizo metástasis en el cerebro. Los médicos le dijeron que necesitaba dosis semanales de quimio y radioterapia, pero hace tres meses no las recibe. Los médicos le dijeron que necesitaba morfina para menguar el dolor. Recibe acetaminofén.

Los que están en La Picota no sufren por menos. Los enfermos terminales de VIH no tienen asistencia. Los internos de tercera edad y los discapacitados, como regla general, no son apoyados por sus familias y ni cuentan con lo básico: duermen en el piso. Los líderes de los patios se quejan de que cuando logran una cita con el médico general sólo les dan ibuprofeno y acetaminofén. En un pasillo, por ejemplo, viven 250 personas pero sólo hay dos baños. En otros pasillos, el servicio de agua es intermitente y los hedores nunca se van.

Esa la cruda radiografía que encontró en las cárceles de la capital del país una comisión especial de la Procuraduría General de la Nación. El informe, que hace unos días fue remitido a la oficina del procurador Alejandro Ordóñez, retrata las paupérrimas condiciones de vida en las que se hallan internos e internas de El Buen Pastor, La Modelo y La Picota. Son 143 páginas de fotos, descripciones y recomendaciones con las que se busca remediar, por ejemplo, que no sea una guardiana sino alguien con conocimiento quien determine qué mujeres necesitan realmente ser vistas con urgencia por un médico.

Está sobrediagnosticado que el hacinamiento es un problema de tamaño mayúsculo. Pero cada cárcel tiene sus dramas. En El Buen Pastor la sobrepoblación es del 74%: caben 1.250 reclusas pero hay 2.175, de las cuales el 31% (690 de ellas) está ahí como medida preventiva pero aún sin condena. En La Picota la sobrepoblación es del 61%: hay capacidad para alojar a 4.973 reclusos pero en realidad hay 8.066. Hay gente que termina durmiendo en los pasillos o en los baños, esos en los que persiste un olor nauseabundo por la falta permanente de agua. En La Modelo la cosa es aún peor: allí se encuentran 7.096 reclusos, pero el centro sólo puede recibir a 2.968. La sobrepoblación es del 137%.

La cantidad excesiva de personas en cada cárcel trae varias consecuencias. En El Buen Pastor, por ejemplo, sólo hay dos médicos y una fisioterapeuta asignados para las más de 2.000 reclusas. La falta de condiciones de higiene facilita la propagación de enfermedades respiratorias o de la piel. Hay gente que ni un colchón tiene para dormir. En La Modelo ha pasado más de un año desde que a los presos los dotaron con jabón, crema dental, cepillo de dientes o papel higiénico: el que no tenga quién lo visite —que es la mayoría— está “en la olla”.

Que los sanitarios funcionen es casi un milagro: si dos funcionan, tres están fuera de servicio o tapados. Algunos internos tienen que comer en el piso, cerca a alcantarillas. En La Modelo designaron el segundo piso del patio tres para la reclusión de hombres con enfermedades infectocontagiosas, pero allí permanecen también dos enfermos mentales. En ese centro, la Unidad de Salud Mental ni siquiera tiene un médico psiquiatra de tiempo completo y es también un dragoneante el que determina si un interno tiene de verdad una emergencia médica o no.

Luis Eduardo Olivares encierra en su caso las paradojas a las que estas cárceles someten a los internos: el hombre, enfermo al parecer de párkinson y de artrosis, convulsiona constantemente y no puede hablar ni moverse. Tenían que suministrarle una dieta especial, pero ésta le fue suspendida y lo trasladaron. Si quiere mantener su dieta debe ir a la oficina de sanidad pero, como no se puede mover, lleva semanas sin alimentarse como necesita. Sus compañeros de patio sólo le pueden dar agua y, cuando les toca ración, comparten con él el pollo del almuerzo, lo que ocurre una o dos veces a la semana.

Hace un par de semanas, este diario publicó un informe especial titulado “Cárceles, una olla a presión”, en el cual se indicaba que un exconvicto le había ganado una demanda al Estado por cuenta del hacinamiento y las condiciones infrahumanas que soportó en la cárcel de Bellavista. El Tribunal de Antioquia condenó al Estado a pagarle $100 millones y criticó al Inpec porque, “con altas dosis de sarcasmo”, había pregonado que es el recluso el determinante de su infortunio por cometer el delito que lo llevó a estar tras las rejas. “Que no se diga que un prisionero es una persona de tercera categoría”, señaló entonces el alto tribunal.

Este reporte de la Procuraduría, conocido por este diario, detalla el estado de las cárceles de la capital, de las cuales se despide en los próximos días el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte. Según trascendió ayer, Ricaurte le notificó a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, que la Policía Nacional lo envía como agregado a la Embajada de Colombia en España. Ya de salida, el mayor escándalo que enfrenta es el traslado de Camilo Torres, alias Fritanga, quien supuestamente fue enviado a la cárcel de Girón a pesar de que su esposa resultó ser prima del director y de que, además, intentó hacer una gran fiesta para celebrar su cumpleaños.

Estas son las polémicas que Ricaurte, como a su turno cada director del Inpec, ha tenido que enfrentar con más frecuencia: las que resuenan. Como cuando el excongresista Juan Carlos Martínez quiso ampliar su celda en la La Picota y para ello contrató como albañiles a otros presos. El drama del día a día de los reclusos, sin embargo, sólo es publicitado cuando una comisión registra que en esos centros de reclusión, que se supone están para rehabilitar a quienes le han fallado a la sociedad, poco o nada se cumple ese viejo adagio de las cárceles: “Aquí entra el crimen y sale el hombre”.

El descarnado informe de la Procuraduría concluye que no hay una política alternativa estructural por parte de las autoridades para resolver tantos problemas revueltos entre los barrotes.

Cargos por contratos irregulares en cárceles

Por irregularidades en los contratos con los que en 2008 se dotó de equipos de seguridad a por lo menos siete cárceles del país, la Fiscalía les imputó los cargos de fraude procesal y falsedad en documento privado a Diana Nassif de Rima y Santiago Porras. De acuerdo con las autoridades, los imputados representaban a una empresa que licitó para quedarse con los referidos contratos. Sin embargo, las autoridades descubrieron que a ellos les habrían pagado $1.000 millones para que la empresa que representaban perdiera la licitación para que otro licitante, cercano a ellos, se quedara con los millonarios contratos. Estas maniobras le habrían significado al país un detrimento patrimonial de $37 mil millones y, según la Fiscalía, desde 2010 el empresario que al final se quedó con la licitación había avanzado apenas un 15%. “En los establecimientos carcelarios se han detectado cámaras de video, sillas, esclusas obsoletas y cables que han sido apropiados por los internos”, añadió.

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