Aceite de palma, de Tibú a Holanda

En 2011, en Colombia se produjeron alrededor de 4.500.000 toneladas del fruto de la palma. / Ronald de Hommel

“Aquí la plata está enterrada”, dice uno de los trabajadores de Promotora Hacienda Las Flores, mientras señala los cultivos de palma africana que están a lado y lado de la carretera. Son más de 20.000 hectáreas que se expanden por el Catatumbo, una tierra que desde hace décadas ha padecido el narcotráfico y la violencia de las FARC, el ELN y el EPL.

Aquí, donde se cree están Timochenko (comandante de las FARC) y Megateo (jefe del EPL), y donde los paramilitares irrumpieron en 2000 con cruentas masacres, parece reinar la incertidumbre. “Ese problema se ha ido resolviendo poco a poco. Cada vez hay menos atentados. Ahora vivimos en una especie de ‘calma tensa’”, cuenta mientras un tanque del Ejército escolta nuestro recorrido por las afueras de Tibú, un municipio a un poco más de 120 kilómetros de Cúcuta.

El calor en esta zona, que alberga pozos de petróleo que han sido explotados desde hace más de 50 años, es agobiante. Las distancias entre las fincas palmeras son cortas, pero unas carreteras destrozadas que impiden superar los 20 km/h prolongan los trayectos. A la vera de la vía, la pobreza y el contrabando son evidentes: separadas por pocos kilómetros, familias enteras venden pimpinas repletas de gasolina traída de Venezuela.

La palma llegó a Tibú desde antes del 2000, pero fue a principios de este milenio cuando empezó a cultivarse a gran escala. En aquel entonces, de la mano de Carlos Murgas, ministro de Agricultura del gobierno de Pastrana, se iniciaron las alianzas productivas que pretendían sustituir los cultivos ilícitos de la región y asociar campesinos con grandes productores. La palma, ésa que había arribado por primera vez a Colombia en 1945 cuando la United Fruit Company estableció una plantación en el Magdalena y que ahora ocupa casi 360.000 hectáreas en todo el país, fue el sustituto de terrenos cocaleros —aunque también de arroz, maíz y cacao—.

Ésa fue una de las razones por la que la Embajada de Holanda decidió invertir $1.300 millones en un proyecto que inició en compañía de Fedepalma, de Oleoflores y algunos palmicultores, en 2010. El principal motivo que los impulsó a destinar tal cantidad fue la creación de una cadena sostenible de aceite de palma; un mercado que alcanzó a recoger casi 4’500.000 toneladas de fruto en el 2011.

Desde que este organismo entró al programa, se ha convertido en un mediador para crear pactos económicos entre productores nacionales y Unilever, una compañía británico-holandesa que se ha posicionado como una de las más grandes procesadoras de aceite de palma en el mundo. La multinacional ha empezado a comprar el producto colombiano que cumpla con los criterios RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), que, palabras más palabras menos, es un certificado internacional que se le otorga a los cultivos sostenibles en términos ambientales, laborales y económicos.

“Hoy sólo se cumple aproximadamente con el 45% de los requerimientos que exige el RSPO. La idea es que para 2015 alcancemos el 100%”, asegura Joel Brounen, oficial de Asuntos Económicos de la Embajada. El certificado ya lo tienen 480 campesinos de los 1.000 que hay en la región, aunque algunos hasta ahora estén implementando las medidas necesarias. Por eso, porque así aseguran la venta de un producto cuyo precio se fija en Ámsterdam, muchos están satisfechos.

Más allá de la contribución holandesa a las buenas prácticas agrícolas y a las ganancias de alrededor de $2 millones mensuales que puede obtener una familia palmicultora, las críticas han llovido sobre el modelo que desde principio de siglo implantó Carlos Murgas.

Conocido también como el ‘Zar de la palma’, Murgas creó un modelo que le permite controlar el negocio en su totalidad. La Promotora Hacienda las Flores —de la que es dueño Murgas— es la aliada de los pequeños productores que aportan la tierra y la mano de obra. Ellos, para iniciarse como palmicultores, reciben un préstamo a 12 años del Banco Agrario, gestionado por la Promotora Hacienda las Flores, que también les suministra las semillas, los fertilizantes, los fungicidas y la asitencia técnica. El fruto, del que en 2011 se produjeron 4’500.000 toneladas en toda Colombia, debe ser vendido de forma obligatoria a la Promotora Hacienda las Flores, durante 25 años. Desde Tibú, esa producción es transportada hacia la planta extractora de biodiesel en Codazzi, Cesar.

Y aunque algunos campesinos están satisfechos con ese modelo porque les garantiza la compra de su producción, otros, por el contrario, no ven con muy buenos ojos ese pacto. Es el caso de Joaquín**, que desde 2005 se convirtió en palmicultor. Él asegura que estos cultivos les cambiaron la vida y que, en suma, la relación con Murgas siempre ha sido buena. “Pero nosotros firmamos ese contrato a ciegas y nadie nos dijo si estaba bien o estaba mal. No sabíamos si era equilibrado, y ahora nos damos cuenta de que es más favorable para ellos. A veces sentimos que no nos miran como socios”, dice.

Las críticas hacia ese modelo también apuntan a una compra masiva de tierras después del paso de los paramilitares, que ocasionaron que muchas fincas fueran adquiridas a precios irrisorios. “Ha habido señalamientos contra nosotros, pero jamás hemos comprado un predio en la zona. Nunca. Critican nuestro sistema, porque ayudamos a erradicar coca”, afirma Carlos Murgas (hijo), actual analista de procesos de la compañía.

Pero por ahora, los campesinos esperan la planta extractora que ha sido prometida desde el 2005 y que, según Murgas, estará lista en junio de 2013. Si las obras se concluyen para esa fecha, las 18 tractomulas que salen diariamente hacia Codazzi cargadas de fruto se ahorrarían los destrozos de las carreteras de Tibú que, pese a los $3.400 millones que obtuvo de regalías en 2012, les exige aportes a los pequeños palmicultores para pavimentación.

*La visita a Tibú fue posible gracias a la invitación de la Embajada de Holanda.

**Nombre cambiado a petición de la fuente.