Choque de socios en Hidroituango

Una lucha interna se vive en la sociedad que hoy tiene el contrato de explotación de Hidroituango. / Archivo

A las denuncias que han rodeado al proyecto hidroeléctrico más importante del país, conocido como Hidroituango, en Antioquia, se suma una queja que proviene del seno de la sociedad EPM Ituango, que tiene el contrato de la obra. Los socios minoritarios dicen que Empresas Públicas de Medellín (EPM), socio mayoritario con el 99,6%, los quiere sacar del negocio pagando poco por sus acciones, que por una acción que vale $14 les quiere pagar $1, algo que rechazan. Y anuncian demandas.

Los minoritarios dicen que su salida se dará en el proceso que adelanta EPM para absorber a la sociedad EPM Ituango y asumir la hidroeléctrica. Los detalles los conocieron en la asamblea del pasado 11 de enero, donde aprobaron la cesión del contrato de Hidroituango y la venta de los activos.

“Lo de la asamblea fue humillante. A cualquier pregunta nos respondían: ‘Envíe derecho de petición’. No dejaron que verificáramos las actas”, dijo uno de los socios, y agregó que el objetivo de EPM es que, al quedarse con el contrato, la sociedad EPM Ituango perderá su valor y así podrá pagar a cualquier precio las acciones.

Para Juan Estaban Calle, gerente de EPM, la razón para ceder el contrato es otra y se da ante la negativa del Gobierno de declarar la zona franca para el proyecto hidroeléctrico, con lo que perdieron los beneficios tributarios que esperaban. “La zona franca era fundamental para la competitividad del negocio. Sin esto, el impacto negativo es de US$370 millones”.

Por esta razón, para contrarrestar el impacto de la decisión del Gobierno se decidió ceder el contrato de EPM Ituango al grupo EPM (su casa matriz), para aprovechar los convenios fiscales como empresa pública, gracias a lo cual se ahorrarían US$200 millones.

Para concretar la cesión, EPM ofreció por los activos de Ituango $786.000 millones y $18.519 millones por utilidades proyectadas que, según la empresa, serían las ganancias sin zona franca. Es justamente en la distribución de utilidades donde radica parte del desacuerdo, ya que a los 64 socios minoritarios les tocaría repartirse casi $900 millones, que corresponden a 0,04% de su participación, pues ellos calculan que deberían ser al menos $12.000 millones. “Es injusto que luego de creer desde el comienzo en el proyecto, terminemos perdiendo, ya que EPM sería el único beneficiado con ahorro de la cesión. Nos van a sacar pagando menos del 10% del valor real de la acción. Queremos que nos paguen lo que es”, dicen.

Atribuyen el desequilibrio a que EPM supuestamente se negó a la realización de un peritaje imparcial del valor de la sociedad, la proyección de utilidades y sus activos, e hizo un peritaje sesgado. Por eso rechazaron su oferta. “Esto es un despojo. Buscamos abogado para analizar el tema, desde lo civil y lo penal, para demandar”.

El gerente de EPM, por su parte, defendió el peritaje resaltando la transparencia y buenas prácticas de la empresa al haber encargado la tarea a prestigiosas empresas como Corpbanca y Suma Legal. Agregó que la denuncia frente a la cesión no tiene sentido. “El propietario del proyecto es la sociedad Hidroituango, por lo que los accionistas (incluso minoritarios) recibirán beneficios. El esquema de negocio los mantiene en la sociedad, con mayores retornos y mejorando sus condiciones frente al proyecto sin zona franca”.

Pero en medio del choque por el precio de la acción y las utilidades, los minoritarios dicen que detrás hay una intención adicional: eliminar del proyecto a los “ojos indiscretos”. “El país sabe de las quejas alrededor del manejo que EPM le ha dado a los proyectos y licitaciones. Por ejemplo, la última hidroeléctrica que hizo EPM fue Porce III, con un presupuesto inicial de US$700 millones y uno final de US$1.800 millones. En esta oportunidad, creemos que EPM pretende eliminar la vigilancia externa en Hidroituango para controlar a su conveniencia”.

El gerente de EPM rechazó la insinuación y señaló que la empresa cuenta con adecuados esquemas de supervisión, control y auditoría. “Tenemos esquemas que brindan una adecuada fiscalización, como la sociedad Hidroituango (propietaria del proyecto), la Contraloría, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Personería Municipal, las firmas de interventoría para los diferentes frentes de obra y la auditoría interna de EPM. Adicionalmente, las entidades financieras que respaldaron el proyecto ejercerán derecho de fiscalización”.

Por ahora, el enfrentamiento dentro de Hidroituango sigue sin lograr el acuerdo. Incluso, algunos de los minoritarios dicen que lucharán hasta el final en esta guerra contra el gigante de los servicios públicos en el país. Todo apunta a que la lucha interna detrás del proyecto hidroeléctrico de Antioquia tendrá nuevos episodios que se trasladarán a los tribunales colombianos, donde deberá definirse quién tiene la razón.

Adjudican obra para vía a Hidroituango

Luego de un año de analizar las propuestas y de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le diera vía libre al proyecto, EPM anunció la adjudicación de la construcción de la vía más importante del plan hidroeléctrico Hidroituango. La obra estará en manos del consorcio Mispe Ituango, integrado por las firmas Mincivil S.A., Estyma S.A. y SP Ingenieros S.A.S. La vía, que tendrá una extensión de 37 kilómetros, conectará el corregimiento de Puerto Valdivia (municipio de Valdivia) con la presa, ubicada entre los municipios de Ituango y Briceño. Tres consorcios y una unión temporal habían presentado propuestas para quedarse con el contrato de $401.684 millones. Ahora, el consorcio Mispe tendrá un plazo de tres años para la ejecución. Se espera que el proyecto hidroeléctrico ubicado en el noroccidente de Antioquia, cuya inversión estimada asciende a US$5.508 millones, produzca alrededor de 2.400 megavatios.

Impacto, historia y polémica

Hidroituango se construye en los municipios de Briceño, Ituango y Toledo, en Antioquia. El proyecto se concibió en los 60 con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), pero carecía de recursos. Revivió en 2008, cuando el entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, ordenó al Instituto emitir acciones para socios minoritarios, dando vida a la sociedad Hidroituango E. S. P., que sacó la obra a subasta. Firmas internacionales se interesaron, pero en Antioquia se movieron fichas para que EPM se vinculara, pese a que inicialmente no creyeron en el proyecto. La subasta se suspendió y EPM pasó a ser socio. Hidroituango se convirtió en EPM Ituango. El objetivo de EPM era asumir toda la sociedad, pero los minoritarios no vendieron porque la oferta fue baja. Como mayoritario, EPM les impuso que de querer vender sólo le podían ofrecer a ellos. EPM Ituango abrió licitaciones para empezar obras, que estuvieron salpicadas por la polémica. Hoy surge una nueva controversia en el seno de la sociedad.