Avanza proceso contra fumigaciones con glifosato

El Consejo Superior de la Judicatura atendió parcialmente la solicitud que hicieron desde el departamento de Cauca, de crear un nuevo juzgado administrativo en Popayán para que se encargara de resolver la acción de grupo, que presentaron casi 40 mil indígenas, afrocolombianos y campesinos de siete municipios (Sucre, Bolívar, Mercaderes, Balboa, Patía, Guapi y Timbiquí), con la que buscan que la justicia le prohíba a la Nación fumigar cultivos ilícitos con glifosato en sus territorios.

Si bien no se creó el despacho que esperaban, necesario por la magnitud del proceso, el Alto Tribunal autorizó la vinculación de dos sustanciadores adjuntos al Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán para descongestionar, dar trámite y colaborar en las tareas necesarias para resolver la acción de grupo, que fuera de pretender frenar las fumigaciones, también busca una indemnización por casi $3 billones, por los daños físicos y psicológicos que ha sufrido la población del Cauca por años de aspersiones aéreas con el químico.

A pesar del anuncio, los líderes de las comunidades demandantes quedaron insatisfechos, como es el caso de Juan de Dios Martínez, exalcalde del municipio de Sucre (Cauca), una de las poblaciones afectadas con la fumigación, quien señaló que “dos funcionarios no darán abasto para ayudar a resolver rápidamente la acción de grupo, que incluye casi 40mil demandas”.

Algo muy parecido piensa Edgardo Rodríguez, expersonero del municipio Mercaderes, quien aseguró que, a pesar de que las últimas fumigaciones fueron hace dos años, “aún hay familias afectadas por las fumigaciones, porque perdieron sus cultivos y hoy no tienen como producir su sustento. El plátano es el cultivo más afectado, porque las aspersiones dejaron hongos en las plantaciones”.

Este tipo de cultivos también se afectaron en Guapi, otro de los municipios afectados por el glifosato. Según Rosa Maria Montaño, representante legal de Consejo Comunitario de la población, “la gente está pasando hambre, porque todos los cultivos de plátano, maíz, arroz, yuca y plantas medicinales se dañaron, al igual que el agua de los ríos que quedó contaminada”.

Brotes en la piel, fiebre, vómito, asfixia, irritación de ojos y enfermedades gastrointestinales son algunos de los efectos nocivos del glifosato en la salud de estas comunidades, según Yolanda García, directora de la Asociación Manos Negras. Estos perjuicios físicos, que se viven desde 2004, se suman al temor que sienten las familias, en especial los niños, al oír las avionetas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo apoya a las comunidades demandantes, para que las aspersiones con glifosato se hagan en el marco de la ley. Víctor Meléndez, Defensor del Pueblo del Cauca, aseguró que a la entidad “han llegado recientemente notificaciones de los organismos encargados de las fumigaciones, anunciando que en Miranda (Cauca) habrá aspersiones. Lo desconcertante es que no se ha dado la consulta previa en este municipio, de población indígena”.

Por lo pronto, los dos sustanciadores trabajarán exclusivamente en la acción de grupo, pero los líderes de las comunidades afectadas no descartan que el Consejo Superior de la Judicatura considere la creación de un nuevo despacho especializado, para atender el recurso, que según Germán Ospina, abogado apoderado de la demanda, “es más voluminosa que todas las acciones grupales del Cauca juntas”.

Más disputas por el glifosato

Esta acción de grupo en Cauca se suma a otros líos alrededor del glifosato. En agosto del año pasado, este diario reveló que el Programa de Erradicación de Cultivos con Glifosato (PECIG) no cumplía con los estándares de calidad exigidos por el gobierno de EE.UU. La Policía Nacional, en 2011, cambió el acostumbrado herbicida norteamericano y compró uno chino, que tiene componentes más tóxicos e inflamables. Para terminar de agravar la situación, alteraron sin explicación alguna etiquetas del producto, para hacer creer que cumplía con todos los requisitos.

Por su parte, varias comunidades han arremetido contra el PECIG a través de diferentes mecanismos judiciales. En 2001, los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Nariño suspendieron de manera provisional las aspersiones, porque vulneraban derechos colectivos entre los cuales estaba gozar de un ambiente sano.

En 2003, casi 650 familias interpusieron una acción de grupo en Nariño, por los daños en casi un millón de hectáreas de cultivos, donde se verificó que no había plantaciones ilícitas. Por el contrario, las plantaciones que se afectaron eran de maíz, café, frijol, yuca y papa. Las fumigaciones aéreas también provocaron casos de dermatitis, conjuntivitis y laringitis, según reportes estadísticos de la Secretaría de Salud del departamento.

Pero las disputas por las aspersiones han traspasado las fronteras del territorio nacional. En 2008, Ecuador demandó a Colombia por el uso de glifosato en la frontera. La demanda que se encuentra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pide que se declare responsable a Colombia de violar la soberanía de Ecuador; que se acabe con las aspersiones aéreas en la frontera, y que se repare al país vecino por los daños causados a la población y al medio ambiente.

Estas acciones legales contra las fumigaciones, promovidas por diferentes grupos, se suman a la cantidad de cuestionamientos a la efectividad de la política antidroga en el país y, puntualmente, de la fumigación aérea de cultivos ilícitos.