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Nacional 20 Mar 2013 - 8:15 am

'65 pueblos indígenas corren peligro de desaparecer': Onic

Los pueblos de Colombia ven con preocupación el riesgo de su exterminio físico y cultural, por eso solicitan que se prohíba el ingreso de compañías mineras en sus territorios.

Por: Redacción Vivir
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Foto: Archivo Particular

El exterminio de los indígenas dejó de ser una predicción y se convirtió en un asunto alarmante. Según la Onic (Organización Nacional Indígena de Colombia) unos 65 pueblos, es decir el 62,7% de los 102 existentes, corren peligro de desaparecer a causa de los efectos adversos del conflicto armado interno, el empobrecimiento, la discriminación, el abandono institucional y la penetración de la minería en sus territorios.

Las comunidades piden "acciones urgentes" encaminadas a contener la problemática. Por eso, el pasado 14 de marzo, presentaron un informe a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en el que dan cuenta de la grave situación y vulneración de sus derechos como minorías étnicas.

La Onic solicitó al organismo multilateral que, "como medida cautelar" para la protección de los pueblos indígenas, "se prohíba en estos territorios la explotación por terceros de cualquier recurso de extracción y se anulen los títulos mineros y otros títulos de concesiones para extracción de recursos".
Asimismo, piden defender “urgentemente” la titulación colectiva de terrenos pertenecientes a resguardos ubicados en la Orinoquia y la Amazonia colombiana.

 Minería y conflicto: dos aliados temibles

El informe describe a la minería en territorios indígenas como “punto neurálgico” de las causas que agravan su riesgo de exterminio. Según cifras de la Consejería de Territorio, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Onic, en los territorios de los 65 pueblos que ellos documentan como amenazados, el gobierno ha concesionado 28.410.812 hectáreas a empresas mineras en las zonas de resguardo, de las cuales 242.317 ya fueron tituladas.
Así las cosas, 27 resguardos tienen títulos mineros en más del 50% de su área y 14 ya fueron titulados completamente.

“Evidenciamos que en los territorios de los 65 pueblos a los que hemos hecho referencia se comprueban lazos entre la acción armada legal e ilegal y la presencia de industrias extractivas de manera inconsulta y violatoria de todos los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales”, agrega el informe.

La Onic pone como ejemplo los últimos hechos de violencia por parte de la fuerza pública reportados contra el pueblo Emberá Katío del resguardo Tahemí Alto Andagueda, en el muncipio de Bagadó, Chocó, donde el pasado 25 de febrero, por tercera vez en el año, hubo bombardeos del Ejército debido a la presencia de otros grupos armados en la zona.

Según el documento de los indígenas, la presencia de grupos está vinculada al otorgamiento de 13 títulos mineros que ocupan 40.870.8645 hectáreas, es decir, el 26,21% del total del resguardo, en donde operan la Anglogold Ashanti (con siete permisos para explorar), Exploraciones Chocó Colombia, Costa y Negocios Mineros.
A la situación se suma que, de acuerdo al informe, “existe un contexto de abandono estatal”, caracterizado por la ausencia de servicios estatales suficientes para atender necesidades de salud, vías de acceso y programas de desarrollo para la permanencia de los indígenas en sus territorios.

No hay claridad en el número de pueblos en riesgo

Aunque la Corte Constitucional ha otorgado medidas de especial protección a varios de sus pueblos (mediante los autos 004 de 2009, 382 de 2010, 174 de 2011, 173 de 2012 y los proferidos para el pueblo emberadel 1 de diciembre de 2011 y del 9 de noviembre de 2012), los indígenas se sienten desprotegidos.

Se sienten desprotegidos porque el Alto Tribunal, mediante el Auto 004 de 2009, sólo reconoce a 35 comunidades en riesgo de extinción, mientras ellos hablan de 65; razón por la cual 30 pueblos, que a criterio de los indígenas necesitan protección especial, han quedado excluidos de las órdenes de salvaguarda de la norma, que incluye un programa de garantía de derechos y planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y e desplazamiento forzado.

“Esta fragilidad demográfica, aunada a otros procesos complejos, como el conflicto armado interno que vive este país, la pobreza, la discriminación y el abandono institucional, los sitúa en una situación de extinción física y cultural”, concluye el informe.

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