Barranquilla y el caso Tamarindo

Durante los años 80 y 90, el desarrollo de Barranquilla y las inversiones en tierras de los narcotraficantes fueron vertiginosos. / Archivo - El Espectador

Por Atlántico no pasó la violencia de los 50. Pero el 9 de abril del 48, en Barranquilla hubo levantamientos, incendios, saqueos y muertos. En la ciudad hay luchas obreras desde 1910, cuando los coteros se declararon en huelga, el primer conflicto laboral del país, que se repitió en el 17. La tradición liberal del puerto tiene como antecedente la guerra de 1885, cuando el general liberal Gaitán Obeso se rebeló contra el Gobierno en Guaduas, se tomó el río Magdalena, y en Barranquilla se enfrentó a los ejércitos conservadores. En una sangrienta batalla el liberalismo fue derrotado y después, el presidente Núñez sentenció: “La Constitución del 63 ha dejado de existir”.

Lo que sí hubo fueron conflictos agrarios, aunque el peso económico y político de la región es determinado por el acelerado crecimiento de Barranquilla, la agricultura es secundaria. Sólo en los 60 se comenzó a sentir el problema agrario, en el sur del departamento. Un movimiento campesino impulsado por la Iglesia a través de la Federación Agraria Nacional (FANAL) llevó al Gobierno a tomar medidas con el Incora, a construir el embalse del Guájaro y a parcelar tierras aledañas.

El proyecto tuvo relativo éxito y los campesinos de Repelón, Manatí, Campo de la Cruz recibieron tierras, crédito, asistencia técnica, y se construyeron el embalse, la red de riego y drenaje, vías, escuelas y puestos de salud. La derrota de la política de reforma agraria hizo que el movimiento invadiera terrenos privados y baldíos y la tensión social regresara al sur. En los 70, tuvieron auge las luchas por la tierra, pero con el cultivo de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta y coca en el sur de Bolívar, se debilitaron porque muchos encontraron solución en ese renglón productivo.

El resultado fue catastrófico porque muchos capitales hechos gracias a esos cultivos se invirtieron en tierras de gran calidad como las del sur y en terrenos aledaños a la capital, para obtener ganancias vía valorización urbana. Durante los años 80 y 90, el desarrollo de Barranquilla y las inversiones en tierras de los narcotraficantes fueron vertiginosos. Emergieron nuevas formas de conflicto en el campo y un despojo silencioso.

En la represa del Guájaro los terratenientes se tomaron 5.000 hectáreas que la sedimentación permitió por mal manejo de la obra. El embalse tenía 17.000 hectáreas y hoy cubre sólo 12.000. También en el sur, Salvador Rueda ha comprado 76 parcelas con recursos, por lo menos irregulares, y formó un gran latifundio. En Campo de la Cruz sucedió algo similar.

En el departamento hay 36 predios en extinción de dominio, hoy en poder de testaferros, varios de los cuales forman parte de la Hacienda La Sonora, propiedad de Alberto Orlández Gamboa, alias ‘Caracol’. El caso de Los Campanos, de 924 hectáreas, lleva siete años en el proceso. El movimiento campesino denuncia que hace más de 20 años no se entrega ni una hectárea a las 20.000 familias de parceleros que reclaman tierras.

El paramilitarismo y el narcotráfico tuvieron especial interés y auge en Atlántico (1). Se invirtieron millones de dólares en el sector financiero y en bienes inmuebles. Una nueva clase política surgió acaballada en esos capitales, lo que aumentó la seguridad en el lavado de activos. En agosto de 2002 se dio la operación Marejada, que, según la Policía y la Fiscalía, desbarató el cartel de la costa atlántica encabezado por ‘Caracol’. Con él cayeron 30 personas más, por tráfico de estupefacientes y lavado de activos, una de las cuales –Libardo de Jesús Parra González– tiene un papel importante en la historia de Tamarindo.

‘Jorge 40’ (Rodrigo Tovar Pupo) tenía un eje militar entre sus bases de Malambo, Soledad, Sabanalarga y Galapa. “Sólo en 2004 en Atlántico hubo 730 asesinatos, mientras que en 2005 y 2006 hubo 637 y 609, respectivamente. Barranquilla fue la ciudad más afectada por los paramilitares con 1.664 asesinatos entre 2003 y 2006, seguida por Soledad, con 572, y Malambo, con 116” (2). El desangre creó un terror irrefrenable, condición e instrumento del desplazamiento.

Según CODHES, entre 1999 y 2001 llegaron a Barranquilla 24.958 personas, de: Magdalena (29%), Bolívar (22%), Cesar (13%) y Sucre (7%)(3). La estrategia de las AUC se amplió a amenazas y asesinatos de dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos (4). El eje era corredor de narcotráfico, como lo indica la siguiente denuncia: “Entre 2003 y 2006 los narcotraficantes, según la Dijín, lograron sacar más de 100 toneladas de cocaína con permiso de miembros de la Policía del Atlántico, que se cobraba por transitar por (el) territorio bajo su control”. Más significativo: “Los paramilitares cobraban hasta dos millones de dólares de impuesto a los embarques de narcóticos que pasaban por el Atlántico(5).

A la par con el crecimiento del narcotráfico y la seguridad inversionista garantizada por el paramilitarismo creció Barranquilla hacia el sur y el occidente, pero también creció en pobreza. En la primera dirección se comió a Soledad y en la segunda ha avanzado por tres ejes principales: la Carretera de la Cordialidad, la Avenida Circunvalar y la Vía al Mar. Se ha urbanizado por medio de invasiones de lotes de engorde. Entre 1957 y1993, de las 3.762,6 hectáreas en que se amplió la ciudad, el 60% eran barrios de invasión. Entre los años 70 y 90, el 50% de la ciudad creció en esta dirección(6). Barranquilla está en cuarto lugar, con un coeficiente de 1,4338 establecimientos por km², debajo de Itagüí, Sabaneta y Medellín.

La apertura económica inaugurada en 1994 golpeó y resintió la industria de Barranquilla, y muchos capitales manufactureros huyeron o se transformaron. Con los TLC, el dinamismo económico regresó, pero a preparar infraestructura básica de puertos, zonas francas y autopistas. Los principales corredores industriales son la Vía 40, la Circunvalar, la calle 30, Autopista al Aeropuerto y Barranquillita. Se han puesto al servicio varios parques industriales como Metroparque, Industrial del Caribe, Industrial Riomar, Industrial, Comercial y portuario (PIPCA), Industrial del Norte, Industrial La Trinidad, además de los ya existentes, Marisol y Almaviva.

La Zona Franca de Barranquilla es la más antigua y extensa del país, con cerca de 90 empresas. A partir de 2007 se construyen otras tres: Galapa, Barranquillita y La Cayena. El Tamarindo es fruto de estos conflictos y procesos. Hay que sumar el cuestionado puerto multipropósito “Palermo”. Por último, se está construyendo la Zona Franca Internacional (ZOFIA), en Galapa. Estos desarrollos han disparado los precios de la tierra en la periferia, confundido los límites de los municipios y creado problemas administrativos.

Hace 10 años, en pleno furor del paramilitarismo, las masacres en Montes de María, sur de Bolívar, Cesar y Magdalena obligaron a cientos de campesinos a huir hacia las capitales departamentales, donde nacieron barrios de invasión como el Nelson Mandela en Cartagena y Soledad 2000, La Chinita, en Barranquilla. También invasiones a predios rurales como El Tamarindo, ubicado en el límite entre Galapa y Barranquilla. Poco a poco, como en los años 30 después de la Ley 200, los campesinos se instalaron sigilosamente en tierras que de buena fe consideraban baldías. La buena fe aplica no sólo para propietarios, sino también, y quizá con mayor razón, para desplazados por la violencia como los campesinos que entraron a ElTamarindo a cultivar plátano, patilla, guandul, marañón, ciruelas, yuca, ñame y maíz. Venían corridos de Montes de María, San Ángel, San Pablo, Sitio Nuevo, y Plato, Magdalena; todos lugares donde hubo matanzas monstruosas.

Los “presuntos propietarios” reaccionaron. Decimos “presuntos propietarios” porque “Tamarindo está situado –según el IGAC– entre el Distrito de Barranquilla y el municipio de Galapa”. La Secretaría de Planeación de Galapa afirma, sin embargo, que “el predio conocido como El Tamarindo se encuentra en jurisdicción del municipio de Galapa”. El registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla certifica también que “entre 1955 y 1972 no aparece propietario alguno de los predios El Mirador, Granja Catalina, Natacha, y Beitjala” y, por tanto, en sana ley, carecen de tradición. El equívoco es la fuente de la presunción de buena fe que alegan los campesinos. Más aún, alegan que El Tamarindo debe ser considerado “territorio autónomo de población desplazada habitado por personas que han sufrido desplazamiento forzado y que vuelven a producir en una zona que configuran colectivamente y de forma autónoma”.

Tamarindo está dividido en cuatro parcelas: El Mirador y Natacha, reclamados por Julio Muvdi; Beitjala, de Invermas S. A., del que hace parte Henry Char Muvdi, y Granja Catalina, de Negocios Abdala Tarud S. A. Son 120 hectáreas ocupadas hoy por 130 familias. El conflicto se agrava porque los “presuntos propietarios” han acudido a instancias judiciales. Ha habido 39 intentos de desalojos judiciales en los que se han tumbado y quemado cosechas y ranchos; confiscado gallinas, cerdos y patos; tumbado cercas, y desviado arroyos que riegan cultivos de arroz. Las últimas diligencias fueron el 16 de noviembre de 2012, el 28 de enero y el 2 de febrero de este año. La primera fue autorizada para la Granja Catalina, pero se intervinieron las otras sin orden judicial, con asistencia del Escuadrón Antimotines (ESMAD).

Los campesinos dicen que el inspector de Policía de inspección inmediata no pudo, por falta de información veraz, identificar los predios. El 28 de enero se practicó un desalojo en compañía del ESMAD, Ejército Nacional y vigilantes privados de la empresa 911, propiedad de Enilse López, alias la ‘Gata’. Arrancaron los cultivos con buldócer; talaron árboles con motosierra; tumbaron el rancho de doña Lucy de Ávila, enferma terminal de cáncer a quien el teniente Vera, encargado de Derechos Humanos, salvó de terminar incinerada.

A la señora Carmen le tumbaron el rancho, ubicado en el lote Beitjala, cuando la diligencia era para la Granja Catalina; ella decía que tenía un papel que le habían dado en la Defensoría del Pueblo, que era desplazada, “por qué nos atropellan”, rogaba, pero comenzaron a tumbar las matas de plátano, y una teniente del Ejército le dijo: “Ya no pregunte más, quítese que la catapila la va atropellar”. La máquina aplastó los animales, no pudo sacar nada de la casa porque venía del hospital de visitar a su hija, que a los días murió.

Hubo tiros de goma, gas mostaza y arremetida con bastones. Los campesinos bloquearon la carretera de La Cordialidad con apoyo de la CUT, FANAL, CGT y 45 organizaciones campesinas del Atlántico. Hubo 14 heridos. Álex García, por orden de Lesman Parra –hermano de Libardo Parra, lugarteniente del ‘Caracol’ (Alberto Orlández Gamboa ) y extraditado a raíz de la Operación Marejada– disparó delante del Ejército una pistola 7.65 mm. Fue detenido, pero luego liberado. Los Parra son considerados cabezas del llamado Cartel de la Tierra.

Todo esto ha sucedido a pesar de que en la Mesa de Tierras realizada en 2011 se adquirió el compromiso de suspender las diligencias de desalojo mientras se aclaran la titularidad de los predios y el problema jurisdiccional, a manos del IGAC, el Incoder y el Ministerio del Interior. Los afectados han interpuesto una tutela para suspender el desalojo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sabe lo que está pasando en El Tamarindo.

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