Los niños dorados de Ataco

Menores de edad trabajan en las minas de oro en Ataco. Cuando hay presencia de las autoridades se alejan del lugar.

En marzo de 2012, durante un Acuerdo para la Prosperidad en Chaparral (Tolima), el alcalde de Ataco, José Antonio Jiménez, alertó al presidente Juan Manuel Santos sobre la dramática situación de su municipio, el tercero más pobre del departamento, que obliga a los niños a desertar o ausentarse de la escuela para buscar oro con el fin de ayudar en la economía familiar.

A pesar del angustioso llamado, el alcalde denuncia que hasta hoy no ha obtenido respuesta. “Ni el presidente, ni el gobernador del Tolima (Luis Carlos Delgado) se han interesado, hay total indiferencia”, afirma.

Jiménez cuenta que el fenómeno se presenta desde hace por lo menos cinco años, cuando entró maquinaria para la explotación ilegal y muchas familias llegaron al municipio a sacar oro. Los atacences, al ver que los foráneos aprovechaban el recurso, decidieron dedicarse a lo mismo e incluyeron a sus hijos en la labor.

Los niños corrían detrás de las máquinas que removían la tierra y esto causó accidentes como golpes fuertes en cabeza y espalda por la caída de roca, amputación de dedos de manos y pies, y, en algunos casos, invalidez. La práctica de esta labor debe hacerse desde temprano y por varias horas, bajo un intenso calor que va de los 27 a los 32 grados centígrados.

Los menores barequean en los márgenes de los ríos Saldaña y Atá, y la quebrada Mesa de Pole, lo que no es ilegal en el caso de los adultos, pero la minería no está incluida como forma de trabajo infantil, dice Fanny Barragán, coordinadora de Infancia y Adolescencia de la Gobernación del Tolima. “Tiene mayor factor de alto riesgo, requiere máximo esfuerzo y hay explotación laboral”, afirma, y señala que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le corresponde entrar a identificar la magnitud de esa realidad, verificar los derechos que están siendo vulnerados y restablecerlos.

Sin embargo, el director regional de esa institución, Carlos Eduardo Buenaventura, desconoce la situación y asegura que Ataco no está registrado dentro de las estadísticas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo.

“No se conocen cifras de Ataco. Sin embargo, según oficio 603 del 21 de octubre de 2011, el alcalde refiere que en la zona urbana la principal fuente de ingresos proviene de la minería artesanal, lo que conlleva a que los jóvenes en un porcentaje no muy alto se vean en la necesidad de acudir a este tipo de prácticas”, asegura Buenaventura.

Por su parte, la Secretaría de Educación del departamento, en cabeza de Pedro Leal, que iniciará en Ibagué y el Líbano una convocatoria de la mano de la Iglesia católica para concientizar a las familias de que sus hijos no deben trabajar, no tiene aún la estadística de deserción de 2012. Ataco no está en los primeros lugares de deserción y se desconoce si quienes abandonan la escuela lo hacen por el oro.

Ante la falta de información oficial, y de acuerdo con lo que se ha observado, Pedro Leal calcula que por lo menos 400 niños con edades entre los 5 y 15 años desarrollan este tipo de actividades.

Mientras sus denuncias producen algún eco, el alcalde José Antonio Jiménez asegura que seguirá dando charlas radiales a través de la emisora comunitaria, porque no tiene los recursos suficientes para invertir en la solución de este grave problema. “La voz del alcalde ha sido como una gota de agua en un desierto”, puntualiza el mandatario local.