Tres años después de que entrara en vigencia la promocionada Ley de Justicia y Paz como fórmula jurídica para establecer la ruta de los crímenes insepultos que dejó el paramilitarismo en Colombia en las últimas dos décadas, subsisten más dudas que certezas en su aplicación. Aunque se han logrado avances sustanciales en el esclarecimiento de miles de crímenes que tenían dolientes pero no victimarios identificados, la lentitud en el desarrollo de las versiones libres de los postulados, el rearme de bandas criminales emergentes, la insignificante restitución de bienes entregados por los paramilitares, entre otro largo etcétera de ‘peros’, han dificultado el proceso de reparación a las víctimas.
El director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González León, no sin antes reconocer que faltan elementos logísticos y “que no se han cumplido los objetivos trazados”, se mostró satisfecho por los resultados en la aplicación de la norma y manifestó que por primera vez en Colombia las víctimas se han hecho visibles. Con estadísticas en mano reveló que desde que se iniciaron las audiencias de versión libre de jefes de las autodefensas se han enunciado más de 11 mil crímenes y se han confesado en detalle 2.700. Son 138 mil las víctimas que se han registrado en Justicia y Paz, 1.284 fosas comunes han sido halladas y muchas verdades del maridaje entre la política y el paramilitarismo han venido a conocerse.
Pero las cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social siguen siendo desconcertantes. Las inmensas fortunas que por años ostentaron los jefes de las autodefensas al parecer se esfumaron, porque al Fondo de Reparación a las Víctimas tan sólo le han entregado $9.184 millones, representados en dos helicópteros, un carro, un camión, cinco camionetas, tres camperos, 18 motocicletas, un tractor, una volqueta, dos lanchas, 15 predios rurales y seis urbanos, $743 millones en efectivo, 652 prendas de vestir, 70 pares de zapatos, 10 motores fuera de borda y 5.147 semovientes. Eso sin contar que los ‘paras’ han entregado predios embargados o que no son de su propiedad.
En un documento elaborado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la procuradora delegada para los derechos humanos, Patricia Linares, advierte que el resultado en materia de avance en la ley ha sido precario, pues sólo se
han formulado 12 imputaciones, no se ha producido la primera condena a un miembro de las autodefensas por un magistrado de Justicia y Paz y las audiencias de versión libre avanzan a paso de babosa. González León le dijo a El Espectador, sin embargo, que a finales de este año se esperan las primeras condenas y que se está haciendo todo lo posible para acelerar el ritmo de los procesos.
De igual manera, siete víctimas de los grupos de autodefensa fueron asesinadas por reclamar su derecho a que les devolvieran las tierras que les quitó la barbarie paramilitar. Yolanda Izquierdo, por ejemplo, ultimada en Montería a principios de 2007 por órdenes del prófugo jefe de las autodefensas Vicente Castaño Gil, alias El Profe. Analistas del conflicto piden que los números de los crímenes confesados por los ‘paras’ sean analizados con reposo porque, en su criterio, muchos de los que han rendido versión libre se han dedicado a incriminar como autores de masacres, desapariciones y crímenes a oficiales de la Fuerza Pública que ya murieron.
Asimismo, muchos reparos le han caído a la Fiscalía por la lentitud para investigar a prestantes dirigentes políticos, reputados militares e influyentes empresarios que han salido a relucir en las audiencias de versión libre de los ‘paras’. No obstante, el director de Justicia y Paz de la Fiscalía les sale al paso a las críticas con números contundentes: en total, y por cuenta de las revelaciones de los jefes de las Auc, se han compulsado copias para investigar a 155 políticos, 76 miembros de las Fuerzas Militares, 22 servidores públicos y 13 funcionarios judiciales.
En el Congreso las opiniones están divididas. El representante liberal René Garzón sostiene no ha habido justicia, ya que las víctimas siguen sufriendo porque no las han reparado. “A esos señores tocó extraditarlos porque eso no funcionó. Lo único es que los jefes paramilitares dieron la cara”. En igual sentido se pronunció el senador del Polo Democrático Alexánder López. “Hoy, después de tres años, es una ley que no ha servido ni siquiera para un proceso de paz. Todo terminó en una extradición y es una ley que finalmente creó un remedo de negociación de paz”. Jairo Clopatofsky, del Partido de la U, sí cree que el balance de la ley es positivo. “Si falló en algo fue porque el sistema judicial no brindó todas las garantías”, concluyó.
En síntesis, tres años después de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz son más las lagunas de la norma que los avances en el esclarecimiento de la barbarie paramilitar. Aunque sería un despropósito reconocer sus méritos.