La sucesiva aparición de hechos violentos en las principales capitales del país parece más que una coincidencia. Panfletos amenazantes en 20 departamentos, guerra de bandas en Medellín (con un saldo de cerca de 30 muertos en la última semana) y aumento de fleteo, hurto callejero y homicidio en Cali, son sólo algunos de los ejemplos.
Los gobiernos Nacional y locales inventan soluciones. Recompensas por los autores de las amenazas anónimas, sugiere la Policía; mayor pie de fuerza en Medellín, anunció la Presidencia de la República, y “Cascos Azules” en Cali, aunque no de Naciones Unidas, pidió el gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía.
Al margen de la controversia política que el hecho genera y la diferencia de enfoques entre cada administración, lo cierto es que hay un resurgir de actividades delictivas que hoy es reconocido también por autoridades nacionales y en el que, tristemente, es cada vez más común el empleo de menores de edad, algunos desmovilizados reincidentes y clanes familiares dedicados a la delincuencia común.
Sólo en Medellín hay desde el miércoles un grupo élite para el control urbano, integrado por 500 unidades de varias fuerzas. La medida fue adoptada ante el asedio de bandas y pandillas y las guerras entre combos desatadas, al decir de las autoridades, tras la captura de Fabio Édison Gómez, alias Riñón, uno de los jefes de sicarios de la temida oficina de sicarios de Envigado”.
Como dijo a Caracol Radio el secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María Ramírez, se trata de “paradojas derivadas en esta ciudad con la aplicación de la ley, pues siempre que es detenido un capo, aparecen los celos entre los miembros de las bandas y los combos y se desata la guerra entre ellos”.
Dicha guerra, como en las demás ciudades del país, obedece al afán por hacerse a los negocios ilícitos, las casas de vicio y hasta a las pertenencias del delincuente caído en desgracia.
Cada alcalde o gobernador tiene su receta para combatir el crimen. Desde los que prefieren la mano dura, como el gobernador Juan Carlos Abadía, reconocido ya por su idea de “cero tolerancia con el crimen”, hasta quienes prefieren modelos que integran los esfuerzos en lo social con la respuesta y la prevención policiales, como ocurre con los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín, guardadas las diferencias de enfoque.
Lo cierto es que en distintas regiones del país, gobernadas con éste o aquel enfoque, los brotes de inseguridad urbana a partir de la delincuencia común comienzan a tomar ribetes preocupantes.