La alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, calificó este jueves como “insólito” el hecho de que el Fiscal 16 seccional de esa ciudad, de quien no se dio a conocer el nombre, ordenara al Distrito entregar, mediante una concesión, más de 25 mil metros cuadrados de la playa de Castillogrande a la firma privada Witri Ltda.
El espacio de playa solicitado en concesión abarca desde el Hospital de Bocagrande hasta la Carrera 9ª. De Castillogrande, más exactamente, hasta el edificio Castillo del Mar, terreno que comprende dos cuadras. Según la mandataria, en este espacio el inversionista de nombre Peter Kreill pretende construir, comprometiendo unos 25.598 metros cuadrados de playa, un complejo turístico que llevaría por nombre “Ibiza Beach”, proyecto que incluye la construcción de un beach resort, un restaurante, un chiringuito y, al final, una plataforma marítima que se asemeja a un muelle.
La Alcaldesa manifestó que el Fiscal ordenó al Distrito otorgar la concesión de estas playas, sin tener en cuenta el concepto técnico emitido por la secretaría de Planeación Distrital, entidad a la que le compete el tema de concesiones en playas, que conceptuó, basada en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que la vocación o uso de estas playas era familiar y que están ubicadas en zona residencial, por lo que resulta inviable levantar este tipo de construcciones en esta zona.
“El concepto que dieron los expertos de Planeación fue desfavorable para el proyecto en esa zona, al considerar inviable su construcción en unas playas de uso colectivo, y que meter una carga de restaurantes, resort, en un bien de uso público, no era viable”, dijo Pinedo Flórez.
Ante esto, la mandataria interpuso una denuncia penal contra el Fiscal Seccional 16 por los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública. “El Fiscal delegó la función de considerar si el proyecto era viable o no en estas playas, a un técnico del CTI, obviando completamente el concepto técnico de Planeación Distrital. Y, con base en el concepto emitido por este técnico, fue que nos ordenaron entregar esta playa en concesión”, explicó Pinedo Flórez.
Según explicó la Alcaldesa, determinar si una playa es apta o no para una concesión es una competencia netamente administrativa. “Estimamos que un Fiscal no puede dar una orden de esta naturaleza, además, un técnico del CTI no tiene la especialidad ni la función legal para emitir un concepto sobre este tema, esta competencia en este caso le correspondía a Planeación Distrital, por lo que decidimos demandar al Fiscal por usurpación y abuso de funciones públicas, y además advertir a Capitanía de Puerto y a la Dimar, solicitando que se abstenga de tomar decisiones en este caso”, dijo la mandataria.
La Alcaldesa dijo además que es un caso sin precedentes en la ciudad y, tal vez, en el país. “Es un caso insólito en Cartagena, y creo que hasta en el país, la Fiscalía 16 de Cartagena ordenó al Distrito la entrega de las playas de Castillogrande, orden basada en el concepto de un Técnico del CTI y no de la autoridad competente en este caso. No podemos estar sujetos a las decisiones de una entidad no competente, que no consulta el interés general y viola totalmente la legislación de Planeación de Cartagena”.