Artillería jurídica por Las Pavas

Argumentando que es herencia del año 1805, empresa Aportes San Isidro entabló recientemente 12 demandas con el fin de recuperar la hacienda para ejecutar un proyecto agroindustrial de palma, en detrimento de 131 familias de campesinos.

La hacienda Las Pavas, situada en el corregimiento de Papayal del municipio del Peñón (Bolívar), es conocida por la larga disputa que han protagonizado las comunidades campesinas y varios empresarios que han querido hacer del bien un enclave agroindustrial para la producción de palma africana. A mediados de 2012, a través de varias resoluciones, el Incoder declaró que no existen títulos suficientes para acreditar propiedad privada en los diversos predios que componen la hacienda de 2.661 hectáreas. La réplica no se hizo esperar.

En los últimos tres meses, la sociedad Aportes San Isidro S.A. ha interpuesto doce acciones de nulidad ante el Consejo de Estado, encaminadas a echar abajo las disposiciones del Incoder que le dieron la categoría de baldíos a tales predios, es decir, para tratar de demostrar que no son propiedad de la Nación y que, por lo tanto, no pueden destinarse a los fines que el Estado requiera. Se trata de revivir una polémica que desde hace más de una década ha sido objeto de controversia pública, desnudando los apremios para ejecutar la Ley de Víctimas.

Aunque la pelea por esa hacienda data de los tiempos de la reforma agraria de Lleras Restrepo, en los años 60, está documentado que hacia 1997 empezó a ser el destino de grupos de campesinos que sembraron en ella maíz, arroz, yuca o plátano. Con el paso del tiempo, en medio del fuego cruzado de paramilitares y guerrilleros, los labriegos se agremiaron en torno a la llamada Asociación de Campesinos de Buenos Aires. Según ellos, como no apareció un dueño conocido ni el Estado se asomó a la región, allí terminaron viviendo.

Hacia el año 2006, como quiera que empezaron los rumores de que la hacienda Las Pavas iba a ser objeto de un gran negocio, la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, al amparo de la Ley 160 de 1994, solicitó al Incoder la declaratoria de la extinción de dominio de la hacienda por inexplotación económica. Entonces sobrevino la confrontación. Un año después la empresa Aportes San Isidro apareció con escrituras de propiedad y en julio de 2009 los campesinos fueron desalojados. Sin embargo, el Incoder intervino de inmediato.

Primero lo hizo con resoluciones para que se clarificara la propiedad en Las Pavas y, a partir de 2012, declarando que no existen títulos suficientes de propiedad privada. Contra estas decisiones es que se ha presentado en los últimos tres meses la artillería judicial de la sociedad Aportes San Isidro. En sus demandas sostiene que estas tierras poseen títulos de propiedad desde los tiempos de la Colonia y aseguran que a partir de 1805 hicieron parte de una herencia tras el deceso de Gonzalo José de Hoyos. De ahí en adelante se dieron otros negocios.

Los herederos de Gonzalo José de Hoyos le vendieron en 1909 al norteamericano Joel Riks, quien a su vez lo hizo en 1913 a la sociedad Colombian American Corporation. En las demandas se aportan registros de que se adquirieron mejoras realizadas por colonos y también está documentado que hacia 1949 esta empresa abandonó el territorio nacional. No obstante, se manifiesta que son tierras que “siempre han estado bajo el dominio privado”, y que por tal razón el Incoder no podía declarar que fueran predios baldíos.

Además, la sociedad Aportes San Isidro dedica una larga disertación a tratar de demostrar que con títulos de propiedad empezaron a desarrollar un proyecto a gran escala de cultivos de palma africana, como consta en escritura desde 2007. La idea de la empresa es demostrar a través de pruebas documentales que existen cédulas reales o archivos en oficinas de registro de instrumentos públicos que acreditan su propiedad en Las Pavas. Una controversia que vuelve a convocar a las organizaciones campesinas a defender sus intereses.

En pocas palabras, se trata de una pelea entre un grupo de empresarios que sostienen que compraron de buena fe los predios de la hacienda porque no existía reserva alguna sobre su propiedad, y la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, quienes manifiestan que el Incoder ya constató que a partir de 2006, con préstamos agrarios, han venido trabajando la tierra para efectos alimentarios. La decisión ahora la debe tomar el Consejo de Estado, que por lo pronto ha aceptado las demandas, repartiéndolas entre los distintos magistrados, y está a la espera de las contrademandas.

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