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El 22 de noviembre de 2011, la Registraduría acreditó a Luis Alberto Tete Samper como alcalde electo del municipio de Ciénaga (Magdalena).
Tuvieron que pasar 23 días desde las elecciones para que los pobladores de este territorio, ubicado al pie de la Sierra Nevada, conocieran a su nuevo mandatario. Tete Samper, candidato por el Polo Democrático, derrotó a Blanca Rosa Fernández de la Unidad Nacional por una diferencia de 275 votos, según los resultados finales del ente registrador. Con un total de 12.068 votos él se convirtió en la primera autoridad de Ciénaga. “Una victoria del pueblo”, señaló en su momento y agregó que ese día se enarbolaba “la bandera de la honestidad, porque mi gobierno será de cara al pueblo y transparente”.
Sin embargo, tras dos años y siete meses de gobierno un informe preliminar de la Contraloría del Magdalena parece contradecirlo: en 11 contratos estudiados de 2013 hay un presunto detrimento al patrimonio por $10.810 millones. En concreto, el ente fiscal no encontró los soportes documentales que justificaran los gastos en los diferentes convenios, además de advertir que existió un abuso de la contratación directa, con lo que “podría estar evadiéndose el principio de transparencia”. Precisamente el estudio señaló que “en materia de contratación y el presupuesto destinado para ello, el municipio ha deambulado a la deriva sin un rumbo que permita fijar las metas a lograr dentro del periodo de gobierno de la actual administración”.
Y agregó: “A juicio del equipo auditor los hechos manifiestan un afán desmedido de gastar los recursos públicos, pues tal afirmación se deriva de la palpable falta de planeación de la contratación”. Por ejemplo, en abril de 2013 se celebró un contrato por $8.438 millones para mejorar la calidad de vida de niños en situación de vulnerabilidad a través de la entrega de raciones servidas en las instituciones oficiales de Ciénaga. Sin embargo, la Contraloría no encontró prueba alguna de la ejecución del contrato. “No hay cartas de recibidos por parte de los rectores de las instituciones beneficiadas, como tampoco existen informes de interventoría o supervisión del contrato”, señaló el ente fiscal.
En la auditoría tampoco se halló un estudio previo que describiera la forma en que el contratista Asoalimentarse debía cumplir el convenio y en el que explicara por qué esta entidad era la más idónea sobre otras posibles opciones para realizar esta actividad. “No se hizo al menos una cotización, así mismo tampoco realizó el análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista. No se estableció el número de estudiantes y el número de Instituciones Educativas seleccionadas en el contrato de alimentación escolar, esos documentos son los que determinan la forma de futura contratación”, explicó el informe de la Contraloría. Y añadió que tampoco se evaluó si la propuesta presentada por Asoalimentarse se ajustaba a los precios del mercado, por lo que “se orienta una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios”.
Además, por el valor del contrato éste no debió suscribirse bajo la figura de contratación directa, sino que debió realizarse un proceso licitatorio. De ahí que el informe del ente fiscal haya concluido que se constituyó “una posible violación al principio de transparencia en el procedimiento de selección objetiva del contratista, debido a que la administración municipal de Ciénaga debió suscribir el contrato previo a un proceso de licitación pública como lo prevé la ley para estos montos”. La Contraloría también encontró que el contratista “realmente no hace ningún aporte” pues “dentro del precio que paga el municipio por cada ración alimentaria está incluido el supuesto aporte que hace el contratista”. Por lo que “no hace ningún ahorro con esta contratación”.
El estudio de la Contraloría también registra las anomalías en un contrato por $170 millones destinado a desarrollar actividades para contribuir a “la mitigación del impacto de la segunda temporada de lluvias y entrega de ayudas humanitarias para los afectados”. El ente fiscal halló que no existe “prueba alguna de la ejecución del contrato, es decir, no hay actas de recibidos por parte de los beneficiarios, como tampoco existen informes de interventoría o supervisión”. Así como tampoco en el expediente consta la “declaratoria de la ola invernal y si en realidad estaban las condiciones para certificar que se encontraban en esta situación”. Así como tampoco se demuestran “los esfuerzos o aportes del contratista, no existe certificación de idoneidad y experiencia”.
En el informe también figura otro contrato por $1.200 millones para desarrollar un programa de mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor “con los componentes de salud, recreación, lúdicas y cultura”. Sin embargo, “no aparece el programa ni los componentes” que serán utilizados como herramienta de la política pública dedicada a la población de avanzada edad, “lo que conlleva a un incumplimiento en los requisitos para contratar con fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro”. Además, el convenio establece que el municipio cuenta con tres centros de vida ubicados en el área urbana del municipio, a través de los cuales se atienden en el momento 3.080 adultos mayores. Aun así, se sustenta la necesidad de dos médicos únicamente y “se puede establecer que llama la atención que tan solo dos médicos generales puedan llevar a cabo 1.250 citas mensuales”.
De hecho, también aparece que sólo son necesarios 2 odontólogos, 1 optómetra, 2 auxiliares de odontología y 3 de enfermería. Un personal médico que a todas luces parece insuficiente para atender a una población de 103.293 habitantes. Y, una vez más, el contrato no específica el número de adultos mayores atendidos ni si los profesionales que adelantaron el programa. La administración de Luis Alberto Tete Samper también buscó dotar a algunas instituciones educativas del municipio con 350 ventiladores. No obstante, cuando se revisó la adquisición avaluada en $76 millones, el ente fiscal encontró que la factura del contratista cobraba $10 millones de más. Es decir, que cuando se sumó el valor de cada abanico, el total fue de $66 millones, pero el contrato fue suscrito por $76. Tampoco se encontró factura de compra del contratista que corroborar el precio de los bienes.
No obstante, el grupo decidió realizar su propio estudio de mercado y después de cotizar en varios locales del centro de Santa Marta y de Ciénaga y descubrió que en los almacenes de cadena no venden la marca de abanicos adquirida por la alcaldía “por considerarlos ilegítimos” y que al comprar la misma cantidad de ventiladores con características similares existía “un costo inferior en grandes proporciones en comparación con los precios ofrecidos por el contratista”. De manera que el valor de la propuesta corregida, según las cotizaciones realizadas, era de casi $27 millones. Así se estableció que hubo un presunto detrimento patrimonial por $49 millones. La Contralaría halló otro contrato por $766 millones para dotación de material didáctico en los colegios del municipio. Convenio que se canceló posteriormente “sin que existiera la necesidad de realizarlo”, porque en la administración anterior fueron dotados con 8.000 textos, por lo que “la contratación realizada no generó ningún impacto en la comunidad estudiantil”.
El diagnóstico fiscal, con fecha de marzo pasado, pedía una respuesta por parte de la alcaldía para aclarar esta situación en máximo cinco días, una contestación que nunca llegó, por lo que “el informe preliminar queda en firme con los hallazgos de responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Como en la Contraloría solo adelantamos procesos fiscales, le damos traslado a las cuatro incidencias penales y a las dos disciplinarias para que la Fiscalía y la Procuraduría, según corresponda, inicien sus investigaciones”, explicó a El Espectador el contralor del Magdalena Alejandro Pérez Prada.
Y añadió que después de la auditoría es evidente que en Ciénaga “la administración le hace el quite a la contratación pública por medio de la licitación, por lo que hay una evasión a la norma. Cuando hablamos de presunto detrimento es porque no se encontraron soportes de pago, de ejecución, de actividades, no se sustenta legalmente en qué se gastaron todos los recursos”. De ahí que en la auditoría se registren “deficiencias en la utilización del recurso para financiar sendos contratos y convenios; especialmente en el sector educación donde se celebraron convenios con varias fundaciones sin ánimo de lucro, para desarrollar programas, que no se encontraron inmersos en el plan de desarrollo del municipio”.
Concretamente, el 80% de los contratos de la alcaldía se dieron bajo la modalidad de contratación directa, abusando de esta figura, y se presenta una desorganización en la alcaldía para presentar los documentos soporte de cada convenio. La Contraloría del Magdalena realizó una radiografía de la manera en que se contrata en Ciénaga y expresó su preocupación al respecto. Después de todo, en un municipio que, según el DANE, tiene un índice del 43.78% de necesidades básicas insatisfechas, resulta preocupante que el presupuesto público se despilfarre en acuerdo que no le están generando un impacto positivo a los habitantes ni le mejoran la calidad de vida.
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@macamilarincon