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Con denuncias ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, tres organizaciones veedoras ciudadanas presentaron una denuncia de presunta contratación de dedo por parte de la administración de Barranquilla.
Son varias las críticas que hacen los miembros de las veedurías Popular, Corposocial y No a la corrupción. Aseguran que el contratista beneficiado con un contrato de $13.000 millones para alimentación escolar, ya había sido investigado por presuntas irregularidades con otro convenio con la administración, en esa ocasión, por medio de la Fundación Fundaenlace.
La queja, que está en manos de las autoridades, señala que el señor Alejandro Hernández, representante legal de Colombia Digna, fundación ganadora del contrato, es el mismo representante leal de Fundaenlace, lo que a juicio de los veedores, deja claro el direccionamiento del contrato.
Precisamente, en 2015, Fundaenlace estaba en la lista de empresas encargadas de dar alimentación a menores que, a juicio de la Defensoría del Pueblo, le daba alimentos en estado de descomposición.
“Al parecer el ganador es Alejandro Hernández, quien estaría detrás del cambio del nombres de las fundaciones ya que fue el dueño de Fundaenlace y Colombia Digna, así mismo figura en los contratos de arrendamiento, de la fundación que le presta sus instalaciones a la Fundación Rey de Reyes. A él le han dado contratos en varias partes del país con distintas razones sociales. Causa curiosidad que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, no se cuestione ese hecho que fue señalado como irregular” dijo Wilmer Sánchez, presidente de la “Veeduría Corposocial”.
Para José Javier Caro de la Cruz, vicepresidente de la Veeduría no a la Corrupción, se trata de fundaciones fachadas que “no cuentan con la estructura necesaria para ejecutar el contrato de alimentación escolar”.
“La subsanación de documentos para el contrato de alimentación escolar, se fijó de manera irregular, saltando la ley y las normas de contratación con el aparente animo de favorecer a quien se quedará con el contrato”, advirtió Héctor Pérez, presidente de la Veeduría Popular.
La denuncia señala que el ganador del contrato para alimentación escolar no cumplía con los requisitos que planteaban los pliegos, fue rechazada su propuesta y en solo dos días logró cumplir estar acorde con las solicitudes y ganar el contrato.