Bojayá pone en debate el periodismo y la dignidad de las víctimas

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Bojayá, uno de los pueblos que representa con mayor fuerza el horror del conflicto con las Farc, está nuevamente en la opinión pública. El pasado 2 de mayo, cuando se cumplieron 15 años de la masacre que dejó más de cien muertos, el comité de víctimas determinó que los medios de comunicación no podrían registrar los momentos en que Medicina Legal exhumaría los restos de sus seres queridos. (Vea: Bojayá le canta a sus muertos)

La discusión, esta vez, corre por cuenta de que algunos reconocidos periodistas señalaron este hecho como un “veto a la prensa”. El hecho que detonó el debate se presentó esta semana cuando la escritora Patricia Nieto y la fotógrafa Natalia Botero pretendían registrar una de las jornadas de exhumación.

Según cuenta la periodista, el pasado 7 de mayo, Léyner Palacios, líder del comité por los derechos de las víctimas de Bojayá, y quien conocía del trabajo que realizarían las dos reporteras, les informó que el comité “no estaba dispuesto a permitir el trabajo de la prensa” en la exhumación.

Nieto narra que hubo intimidaciones por parte de miembros del comité de víctimas a los periodistas que intentaban registrar el evento y señala que incluso un miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenó apagar la cámara con la que los periodistas María Hoyos y Adrián Franco grababan un documental.

El veto que denuncia la periodista se mantuvo durante varios días y llegó hasta el punto que, según cuenta Nieto, fue instada a abandonar una misa cuando intentó anotar apuntes en su cuaderno porque “las libretas y los lápices (así como las grabadoras y las cámaras) están prohibidos en Bojayá”, escribió en una carta titulada ‘El silencio de Bojayá’.

A la historia se suma un “Protocolo para el manejo de las comunicaciones en el marco de los acuerdos del proceso de paz para Bojayá”, creado por el comité de víctimas y entregado durante esta jornada a algunos periodistas por miembros de la ONU.

En el documento se solicita a medios de comunicación, académicos y personas externas “abstenerse de filmar, tomar fotografías, grabar, escribir o realizar entrevistas individuales a las familias, o a cualquier persona vinculada con el proceso de la exhumación, entrega de los cuerpos, y ceremonias relacionadas con la masacre del 2 de mayo de 2002, desde el 4 de mayo de 2017 hasta el fin de las exhumaciones. Esto por respeto a nuestra dignidad, creencias y cultura”.

También agrega que será el comité el encargado de grabar las imágenes y entregar a los medios de comunicación las que considere “respetuosas con la dignidad de las víctimas”. Frente a esta situación, la periodista Nieto se preguntó: “¿A quién beneficia el veto impuesto a la prensa por el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá?”.

Léyner Palacios, miembro del comité de víctimas, le dijo a este diario que lamenta la situación presentaba por la publicación del protocolo para el cubrimiento de las exhumaciones y aclaró que no se pretende limitar la libertada de prensa. "Es necesaria, pero estamos en un momento específico. Hemos retenido la posibilidad de hacer un duelo formal desde hace 15 años. Bojayá quiere tener un momento de intimidad, que la gente pueda llorar todo con tranquilidad sin ser objeto de las cámaras", cuenta Palacios. 

Explicó que la petición a los medios es específica para el proceso de exhumación. "Queremos que se respete esa intimidad. En un encuentro con nuestros huesos, con nuestros familiares. El país tiene claro que no somos violentos. Acá vinieron las Farc y no fuimos capaces de decirles ni una mala palabra", señaló Palacios. 

El caso también fue expuesto por Pascual Gaviria en su columna en El Espectador, en donde señaló que “Bojayá sigue siendo un reino del dolor, pero ahora tiene un visitador y un Comité de tribunos que censuran, ordenan, manipulan y actúan más allá de la Constitución y las leyes”.

Para Gaviria, no es lógico que el comité decida “qué revisar y qué avalar sobre las publicaciones de Bojayá”.

La sensibilidad del debate es tan evidente que también surgieron quienes respaldan las peticiones de las víctimas.

Por ejemplo, el académico Ricardo Chaparro Pacheco ha expuesto en redes sociales que el trabajo sobre el conflicto “exige la construcción de confianzas mutuas y no la imposición de un derecho sobre otro”. Asimismo, no resta credibilidad a la narración de la periodista Nieto sobre el asunto, pero señala que “es eso, su relato, uno entre los varios al respecto”.

Por su parte, Javier Darío Restrepo, maestro de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), señaló que la decisión de los habitantes de Bojayá de mantener la intimidad del traslado de los cuerpos de las víctimas “es una decisión que el periodista debe respetar por cuanto es un derecho que protege su dignidad”.

“Es importante destacar que nadie está obligado a responderle a un periodista y cualquier decisión de las personas en ese sentido es respetable; también es válido recordar que el mejor periodismo no es el audaz, que rompe barreras, sino el que se hace con inteligencia y con respeto a las personas”, opina Restrepo, en referencia al episodio ocurrido con los periodistas en esta región del Medio Atrato.

Lo sucedido en Bojayá pone en la mesa la discusión la ética periodística a la hora de cubrir a las miles de exhumaciones que se realizarán tras el fin del conflicto con las Farc. ¿Está el derecho a informar por encima de la decisión de una víctima de mantener en intimidad los restos de sus familiares? ¿Solo se puede reconstruir la verdad y la memoria cuando los periodistas participan de los momentos más íntimos de las víctimas? ¿En verdad este hecho representa el silencio de Boyajá?