108 familias de Cartagena están a la deriva ante riesgo de colapso de edificaciones

La Alcaldía de Cartagena de Indias ordenó el desalojo inmediato de sus apartamentos ante un inminente riesgo de colapso, lo que les deja expuestos a la intemperie y el abandono de sus hogares.

Ricardo Maldonado Rozo / EFE
20 de enero de 2018 - 04:05 p. m.
Personas caminan frente a uno de los 16 edificios que el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño, ordenó desalojar luego que un estudio de la Universidad de Cartagena determinara que estas edificaciones están en riesgo de colapso.  / EFE
Personas caminan frente a uno de los 16 edificios que el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño, ordenó desalojar luego que un estudio de la Universidad de Cartagena determinara que estas edificaciones están en riesgo de colapso. / EFE

La familia del historiador Oscar Ballesteros y 107 más no saben qué va a ser de sus vidas; la Alcaldía de Cartagena de Indias ordenó el desalojo inmediato de sus apartamentos ante un inminente riesgo de colapso, lo que les deja expuestos a la intemperie y el abandono de sus hogares.

Por eso, para muchos de ellos dejar sus casas no es una opción, al menos hasta que las autoridades locales les otorguen "condiciones y unas garantías iguales o mejores a la forma en que estamos viviendo porque nosotros no somos invasores de este edificio, somos propietarios", explica Ballesteros.

La pesadilla comenzó para ellos este jueves, cuando el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño, decretó el estado de calamidad pública y ordenó el desalojo de 16 edificios.

Son los predios Innova, Shalon, Villa Vanessa, Villa Ana, Portal de los Alpes, Calipso Tower, Brisas de los Alpes, Alpes 31, Brisas de la Castellana, Villa Mary, Tsalach, Villa May, Villa Naevia, Brisas de Blas de Lezo, Portal de los Caracoles y Portal de Lezo I, todos ellos levantados por un polémico constructor, Wilfran Quiroz.

La empresa del mismo hombre era la que construía el edificio Blas de Lezo II, otro edificio que se derrumbó el pasado 27 de abril de 2017 en una tragedia en la que murieron 21 obreros y 26 más quedaron heridos.

Quiroz actualmente se encuentra en detención domiciliaria en un apartamento vecino de uno de los que el alcalde ordenó desalojar.

Ante esta situación, Ballesteros afirma que toda la tragedia comenzó tras el desplome del edificio Blas de Lezo II: "Ahí fue que nos dimos cuenta que los 16 edificios se construyeron de manera ilegal, con registros notariales falsos, licencias de construcción falsas y permisos de curaduría urbana falsos".

"Todos los que compramos de buena fe, compramos en el aire, porque los documentos que tenemos de nuestros apartamentos no tienen ninguna validez", asegura.

A todos ellos les aguarda la incertidumbre y se sienten abandonados por la administración, pues fuera de sus hogares en los que han invertido buena parte de sus ahorros y energías no tienen adonde acudir.

"El distrito (de Cartagena) en representación del Estado colombiano lo que ha hecho es revictimizarnos, criminalizarnos, maltratarnos, primero con la omisión que tuvieron con respecto a la otorgación de licencias y permisos para estas construcciones", dijo.

Y puntualizó que "aquí lo que se derrumbó son los sueños de muchas familias que creyeron estar construyendo ese sueño de tener vivienda propia, cosa que en este país es una vaina totalmente difícil".

"Es una tragedia lo que está ocurriendo porque hay desesperanza, desasosiego, la gente está asustada porque no sabe qué va a pasar con ellos, con su patrimonio que es lo que está en juego en esto y nadie habla al respecto de eso".

La señora Katy Verónica Gómez dijo que ella, su familia y 12 más son damnificadas del edificio Portal de Blas de Lezo I, hermano del que se derrumbó en abril pasado.

Según comenta, su caso es peor porque los desalojaron de una forma que calificó como "infrahumana".

"Nos sacaron de un día para otro ofreciéndonos una suma irrisoria de arriendo, entonces al desalojar los apartamentos porque somos 13 familias las que nos fuimos, estos apartamentos fueron desvalijados y robados", comenta Gómez.

Para ella, "si la gente entendiera la magnitud de las deudas en los bancos" comprenderían la magnitud de su drama porque con el pago de las hipotecas "no dan espera".

"Al banco no le importa si nos quitaron el apartamento o con qué vamos a pagar (...) Me siento frustrada, agobiada, me da mucha tristeza porque uno piensa en su vivienda, en que sus hijos estén bien, en el futuro, en que estemos tranquilos", subraya.

Así, una tras otra se repiten las historias de las 108 familias que tendrán que desalojar sus apartamentos a la espera de una respuesta del distrito de Cartagena, que según todos los entrevistados "aun no ha llegado".

Mientras tanto, se preparan para pasar su noche más oscura y sin saber si mañana seguirán en sus hogares.

Por Ricardo Maldonado Rozo / EFE

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