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El fiscal general Néstor Humberto Martínez llegó a Cartagena y el Concejo distrital tembló. El pasado viernes 9 de diciembre, durante un receso de la sesión, cuatro agentes del CTI ingresaron al recinto, en el tradicional barrio de Getsemaní, y capturaron al cabildante conservador Jorge Useche. La sesión fue suspendida de inmediato.
El concejal tendrá que responder ante la Fiscalía dentro de un proceso por fraude electoral en las elecciones de octubre de 2015 y, según señaló el mismo fiscal, Useche habría pagado $150 millones por la curul en la corporación. También fueron capturados Patricia Jiménez, registradora del departamento de Bolívar; Humberto Carlos Ceballos, delegado departamental de la Registraduría en Bolívar; y Alfonso Camerano, presidente de la Comisión Escrutadora Departamental.
Dentro del proceso, Useche deberá responder por el delito de cohecho; Jiménez, por cohecho impropio, concusión, falsedad ideológica en documento público y prevaricato; y Ceballos, por concusión. Por su parte, Camerano deberá responder por prevaricato por acción, cohecho impropio y falsedad ideológica en documento público.
Otros implicados son Jorge Luis Correa Rosales, quien es tío del concejal y exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), y Jorge Restrepo Name. Estas dos personas, según el ente acusador, son los intermediarios en el pago de dádivas a funcionarios públicos.
El fiscal Martínez explicó, de común acuerdo con abogados litigantes, y durante el término de las notificaciones de las demandas electorales, se habría inducidos a varios candidatos para que dieran dádivas con el compromiso de emitir conceptos favorables en las demandas. Useche, el concejal implicado, disputaba la curul con el candidato Rodrigo Reyes.
En la imputación de cargos, la Fiscalía reveló varios audios de interceptaciones telefónicas, que fueron realizadas luego de una orden judicial emitida el 30 de noviembre de 2015, y que revelan diálogos entre Useche y su tío Jorge Correa. De acuerdo al ente acusador, existen alrededor de 90 audios de llamadas de Useche, y una cantidad igual de la registradora departamental Patricia Jiménez.
Contratos con el ICBF
En la misma movida en contra de la corrupción, la Fiscalía también capturó a varios familiares del concejal Américo Mendoza, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de casi 8 mil millones de pesos suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Prociencia.
La Fiscalía informó que en este caso fueron capturados Olga Lucía Pérez Gutiérrez, representante legal de la fundación; Flor Elena Pérez Gutiérrez, actual tesorera de la fundación y esposa del concejal Mendoza; Patricia del Carmen Arnedo Pombo, representante legal de la fundación durante el 2015; Iván Camilo Mendoza Pérez, hijo de la actual tesorera de la fundación y proveedor a través de Distrimarket MYM SAS y Minimarket SAS; y María Camila Mendoza Pérez, hija de la actual tesorera de la fundación y proveedora a través de Comercio y logística Integral SAS.
Dentro de la investigación en ente acusador estableció que en el contrato, cuyo fin era la atención integral durante 2015 a 3.744 niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes y lactantes en 10 municipios de Bolívar, hubo una presunta apropiación de recursos de más de $1.500 millones, “mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que nunca fueron entregados, sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato, mediante la falsificación de facturas, entre otras irregularidades”.
También se señala que se habrían crearon tres empresas proveedoras fachadas que funcionaban en la residencia de Olga Pérez Gutiérrez, que vendieron refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente fueran cobrados al ICBF, con presuntos sobrecostos y mediante falsificación de facturas.