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Momentos de angustia se vivieron en la Institución Educativa San Felipe Neri, ubicada en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, cuando parte del techo se desplomó.
Un grupo de estudiantes se encontraba en el laboratorio del colegio, lugar donde sucedieron los hechos, dejando a uno de los menores heridos.
“Estamos ad portas de una crónica de un desastre escolar anunciado. Hago un llamado enérgico a las autoridades educativas, a Jaime Hernández Amín, secretario de Educación, para salvar y defender la educación pública, iniciando por la infraestructura que está por el suelo y representa un verdadero peligro”, expresó, para el diario El Universal, el presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb), Medardo Hernández.
De acuerdo al medio local, los docentes realizarán un plantón este viernes, exigiendo al alcalde encargado, Sergio Londoño, el traslado a otra sede de los casi 1.900 estudiantes y, por supuesto, la reconstrucción del colegio.
¿Dónde están los $5.300 millones que serían destinados a la reparación de colegios?
El concejal conservador Edgar Mendoza Saleme se refirió a la gravedad del caso ocurrido en esta institución y cuestionó a la administración local sobre un convenio de $5.300 millones que serían destinados a la reparación de instituciones educativas.
Mendoza instó al alcalde (e), Sergio Londoño Zurek y al gerente (e) de Edurbe S.A., Bernardo Pardo Ramos, a explicar a la corporación y a la ciudadanía qué colegios van a ser reparados con el dinero del convenio administrativo 373-374-2017, advirtiendo que en este se violaron los principios de la contratación pública contenidos en la ley.
“Dicho convenio interadministrativo no cumplió con el principio de publicidad, ya que revisado el portal de la contratación estatal se evidencia la no publicación de los documentos previos del contrato, que son los que se establecen o fundamentan el principio de planeación contractual, al igual que la oferta presentada por Edurbe S.A, y el acto administrativo que justifica la contratación”, indicó Mendoza Saleme.
Precisó, mediante una proposición, que ni en el objeto del contrato ni en las obligaciones del mismo se define con claridad cuáles son las instituciones educativas oficiales a intervenir, ni mucho menos las especificaciones técnicas de la intervención con relación a la reparación y mantenimiento de las mismas.
“El plazo de la ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2017, pero en el contrato no se establecen las obligaciones específicas del contratista o ejecutor del contrato, y por el contrario se tratan de obligaciones ambiguas que no garantizan la efectiva satisfacción de las necesidades de los administrados y la consecución de los fines esenciales del Estado”, recalcó.
Señaló que a pesar de que se trata, de acuerdo con su objeto, de un contrato de obra, al momento de pactar la forma de pago no se cumplió con la exigencia contenida en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 para el manejo del anticipo, como en efecto lo es la constitución de una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que recibiera el contratista por concepto de anticipo.
“Con fundamento en lo antes expuesto, muy respetuosamente solicito que se cite a los señores Jaime Hernández Amín, en su condición de secretario de Educación del Distrito de Cartagena, a Clara Calderón Muñoz, en su condición de secretaria de Infraestructura Distrital, y a Bernardo Pardo, en calidad de Director de Edurbe S.A, para que remita con destino a este proceso copia de los documentos que a continuación se solicitan y resuelvan el cuestionario formulado”, indicó.