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En medio de la alarmante guerra que se ha desatado en los últimos meses en el puerto de Buenaventura entre bandas criminales por el control de las rutas del tráfico de drogas y el microtráfico al interior de la ciudad, el Defensor del Pueblo, Germán Otálora, hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa e Interior y a la Fiscalía para que tomen medidas para frenar el masivo desplazamiento intraurbano que se ha presentado por cuenta de la ola de violencia. Según datos de la Personería Distrital, el pasado 6 de noviembre 629 familias fueron obligadas a abandonar sus hogares por temor, amenazas y homicidios que se presentaron en sus barrios.
Las confrontaciones entre miembros de La Empresa –estructura de los Rastrojos– y Los Urabeños, obligaron a 2.516 personas que vivían en los barrios Viento Libre, Alfonso López, La Calle Ramiro y El Puente de los Nayeros, a abandonar sus hogares.
Una de las mayores preocupaciones de la Defensoría del Pueblo, es que en el último de los barrios mencionados estaban asentadas las víctimas de la masacre del Naya, ocurrida en este municipio de Cauca en 2001, y en la que murieron más de 200 personas.
En el comunicado enviado al Gobierno y la Fiscalía, Otálora resaltó que el 15% de las personas registradas como desplazadas por la Personería fueron declaradas como víctimas.
En un reciente informe de la Secretaría General de la OEA sobre las labores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la organización valoró “los esfuerzos tendientes a la visibilización y a la atención del fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano en materia de protección, restitución y reconocimiento de las víctimas”. Sin embargo, solicitó que se realizara un esfuerzo mayor para erradicar esta problemática que principalmente afecta a ciudades como Medellín, Buenaventura, Soacha (Cundinamarca) y Tumaco (Nariño).
Buenaventura , según el Registro Único de Población Desplazada, ha sido históricamente el municipio con el mayor número de desplazamientos masivo con 26.106 personas (29,6%), seguido por Medellín (Antioquia) con 22.221 personas (25,2%), Quibdó (Chocó) con 1.640 personas (1,9%) y Timbiquí (Cauca) con 1.395 personas (1,6%). Por esta razón, la Defensoría del Pueblo indicó que “el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas de carácter político, social, y económicas, para evitar el menoscabo de los derechos fundamentales de la población por el accionar de los grupos ilegales, sobre todo, cuando ha sido informado de manera reiterada de las situaciones de riesgo para una comunidad”.
También hizo un llamado a la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía para que asuma el caso de la situación de derechos humanos de Buenaventura "con el fin de determinar los fenómenos de delincuencia organizada y articular la información aislada que actualmente se encuentra disponible en las distintas unidades de la Fiscalía, para avanzar en términos de justicia efectiva para las víctimas del Puerto”.
Según cifras oficiales, entre octubre y noviembre de 2012 se produjeron ocho desplazamientos masivos por cuenta de la confrontación armada entre La Empresa y Los Urabeños. Estos hechos afectaron a más de 1.500 familias y 5.000 personas.
Otros delitos que han marcado la reciente historia de violencia del puerto fueron los múltiples asesinatos y especialmente los desmembramientos que se han registrado en 2013. Un total de ocho cuerpos descuartizados fueron encontrados y Medicina Legal registro 63 homicidios, mientras que 165 personas fueron declaradas como desaparecidas.
Para la Defensoría es de vital importancia hacer efectivas las medidas de protección de la comuna 12, la más afectada en Buenaventura, que ha sido testigo del reclutamiento de menores, homicidios, masacres, extorsiones y la aparición de cuerpos que día a día llegan a sus calles.