“La situación en Buenaventura es una de las más alarmantes que hemos observado en muchos años de trabajo en Colombia y la región. Tan sólo caminar por una calle equivocada puede provocar que uno sea secuestrado y desmembrado; por ende, no debería sorprendernos que los residentes huyan de a miles”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, organización que ayer presentó un completo informe sobre la situación humanitaria que vive Buenaventura.
El documento de 34 páginas, titulado La crisis en Buenaventura: Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico, se dio a conocer al tiempo que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunciaba el redoblamiento de la presencia militar y policial en el puerto. Pinzón, quien hace unas semanas afirmó que en Buenaventura no existen “casas de pique”, ordenó la militarización del municipio desde hoy, con más de 600 nuevos efectivos.
El informe de la ONG estadounidense da cuenta del escandaloso fenómeno del desplazamiento y la desaparición forzada que golpea con particular fuerza al puerto por el que entran la mayoría de las mercancías al país. “Pudimos advertir que barrios enteros de la ciudad se encontraban bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares —conocidos como los Urabeños y la Empresa—, que restringen la circulación de los habitantes, reclutan a sus hijos, extorsionan a comerciantes y participan habitualmente en actos aberrantes de violencia contra cualquier persona que se interponga a sus intereses”, señala el informe.
El fenómeno de la desaparición forzada está ligado a otra aterradora forma de violencia: la desmembración de personas, que en realidad ocultan las famosas casas de pique que las autoridades nacionales se niegan a reconocer. “En varios de los barrios, los residentes denuncian que existen ‘casas de pique’, donde los grupos desmiembran a sus víctimas. Varios residentes con quienes hablamos indican que han escuchado a personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en vida”, relata el informe de Human Rights.
El documento agrega detalles dados por un habitante del puerto que escuchó los gritos de una víctima y por miedo no denunció lo que ocurría. “Por mucho grito que escucha, el temor no lo deja a uno salir. La gente se da cuenta y sabe dónde hay casas de pique, pero la gente no se mete porque es un temor total”, agrega el documento. La desaparición, el desmembramiento de personas y la falta de denuncias son fenómenos que caminan juntos en Buenaventura.
HRW hace el recuento de cómo se vive el terror en Buenaventura y recuerda que el 13 de septiembre de 2013 cientos de personas del puerto acudieron a un llamado de la Iglesia para rechazar masivamente la violencia y el terror que se vive allí. La actividad culminó con un acto ecuménico en una cancha de fútbol. Sin embargo, al día siguiente, la cabeza de un hombre de 23 años apareció en el centro del escenario deportivo donde horas antes los pobladores de Buenaventura habían rezado por el fin de la cruenta situación.
“Durante varios meses en 2013, residentes de un barrio costero vieron a integrantes de un grupo sucesor que ingresaban a personas a una casa de pique semanalmente. Luego estos integrantes del grupo salían llevando bolsas de plástico que, según creían los vecinos, contenían los cuerpos desmembrados de las víctimas. En algunas ocasiones, debido a los gritos que provenían de la casa, los testigos creían que las víctimas estaban siendo descuartizadas vivas. Miembros del grupo fueron vistos por residentes cuando llevaban los restos de varias de las víctimas a una isla cercana en la bahía”, relata el informe.
Al final, HRW hace una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional, al alcalde de Buenaventura, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría. Al presidente Santos le sugiere implementar una estrategia de seguridad que garantice el desmonte de los grupos paramilitares, crear una comisión independiente que investigue el fenómeno de la desaparición forzada en el puerto y asegurar que la población reciba ayuda humanitaria.
A la Fiscalía le sugiere investigar la desaparición forzada, dándoles garantías de seguridad a quienes denuncien e investigar a los miembros de la Fuerza Pública que tienen relaciones de connivencia con grupos paramilitares. Al Ministerio Público le pide que reciba las declaraciones de familiares víctimas de la desaparición forzada y que tramiten las ayudas humanitarias. Y al alcalde del puerto le recomienda adelantar tareas humanitarias de forma eficiente, crear un alberge para desplazados y entregarles la ayuda humanitarias con eficiencia.