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En los cerros de Peñas Blancas, en el municipio de El Colegio, habitan los agricultores de frutas como mora y lulo, que solamente crecen en esta zona, que está a 2.095 metros sobre el nivel del mar. El 1º de octubre estos habitantes fueron convocados a una audiencia pública en la zona urbana del municipio. Allí, delegados de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y de la Alcaldía municipal les dijeron que la construcción de un embalse de 48 hectáreas en el área rural era prácticamente un hecho.
Se trata del embalse Calandaima, un proyecto del que se ha hablado desde 2006 pero que apenas en 2010 empezó a tomar forma con un estudio de factibilidad. La Gobernación de Cundinamarca confía en que este embalse solucionaría dos problemas que han perjudicado a la región del Tequendama: las inundaciones por desbordamientos de afluentes de agua como los ríos Bogotá y Calandaima, y la sequía que todavía se presenta en Tocaima, Apulo, Viotá, El Colegio y Anapoima.
Sin embargo, para lograrlo deben ser inundadas 48 hectáreas en el costado occidental de los cerros de Peñas Blancas. La CAR ya realizó los estudios de prefactibilidad y en los próximos seis meses se conocerán los diseños del proyecto, según el calendario de la Gobernación. De hecho, el departamento, Empresas Públicas de Cundinamarca y la CAR firmaron un convenio por $4 mil millones para le elaboración de los diseños. “El gobernador quiere entregar este embalse antes de que termine su administración. Es un megaproyecto que él ha liderado”, señala una fuente de la Gobernación.
Lo que ha llamado la atención de los habitantes es que después de tres años no existe información pública sobre la construcción del embalse. Vicente Monastoque es un agricultor de la zona que vive a menos de un kilómetro del sector en donde se realizará la obra: “Llevo 60 años aquí y conozco muy bien el terreno. Me preocupa que es inestable y puede haber derrumbes. Lo único que sabemos hacer en Los Campos (vereda en la que está asentada su finca) es cultivar mora y la única zona de páramo es esta. Hasta ahora nadie ha venido a ofrecerme plata por mi terreno”.
“Por eso convocamos a una audiencia pública, porque ese tema ha sido tratado sólo en los escritorios”, explica Gilberto Moreno, alcalde del municipio. Tanto él como los campesinos tienen inquietudes frente al proyecto: “Hay personas que creen que el agua se va a vender como se hizo en su momento con las tres hidroeléctricas de Codensa y Emgesa que tenemos en el municipio. Cuando las construyeron dijeron que Mesitas del Colegio iba a tener preferencia, y es el momento en que pagamos la luz más cara en todo el país. La gente conoce ese antecedente y tiene miedo”.
Además, señala Moreno, “la topografía de la región es difícil porque es montañosa. El proyecto es fundamental porque garantizará el agua de cinco municipios, tiene un impacto para más de 37 mil habitantes. Nosotros hemos propuesto que se puedan realizar actividades de ecoturismo, como deportes náuticos. No va a haber desplazamiento de personas. También hemos planteado que el municipio administre el embalse y obtenga los recursos para hacer agua embotellada”.
El futuro del embalse no está tan claro. De acuerdo con un documento que presentó la CAR ante la Gobernación departamental en abril de este año, “la generación hidroeléctrica, así no se haya contemplado en los estudios anteriores del proyecto embalse de Calandaima, se considera un factor de suma importancia. Debe contemplarse dentro del alcance del estudio”. De acuerdo con Juana Laverde, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, “la opción de generar energía a partir del embalse es sólo una posibilidad. Lo más urgente es evitar las inundaciones que se presentan en Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot. Y por otro lado, garantizar el acueducto para Apulo, El Colegio, Anapoima, Viotá y Tocaima. Este embalse podría suplir lo que no se ha logrado con el acueducto Anapoima-La Mesa”.
Con el proyecto del embalse la Gobernación quiere borrar la huella que dejó el acueducto Anapoima-La Mesa, que fue ideado en 2006 durante la gobernación de Pablo Ardila y que sería ejecutado por el grupo Nule. Sin embargo, nunca fue entregado. La Contraloría Departamental encontró un detrimento patrimonial de $31 mil millones y en La Mesa son constantes los racionamientos de agua.
Ahora, sea una hidroeléctrica o no, la CAR asegura en el documento presentado que “la construcción del embalse no generará reubicación de la población y las actividades productivas no se verán afectadas”. Teresa Espitia, habitante de la vereda La Victoria (cercana al lugar en el que será construido el embalse), dice: “Cuando nos explicaron lo del embalse salimos con más preguntas que respuestas. Cuando construyeron hidroeléctricas hubo mucha contaminación. Fue negativo para el municipio. Un embalse tan grande puede cambiar el clima y nuestros cultivos se dañan. Estamos 200 familias en esta situación y no tenemos ninguna garantía de que nuestras cosechas se queden como están”.
El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, dice que la población “tiene unos temores infundados frente a supuestos efectos nocivos. Este es un embalse tan pequeño que no tiene ningún impacto ambiental negativo. Lo que encontré en la audiencia pública que se realizó en el municipio fue un debate más político, más electoral, que un debate técnico”.
Otro punto que no está claro es qué entidad financiará la construcción del embalse, que según la CAR cuesta aproximadamente $36 mil millones. Al respecto, el alcalde dice que están esperando recursos por parte del Gobierno Nacional: “En enero, durante el mes de la prosperidad, el señor presidente escuchó la propuesta de construir el embalse de Calandaima. A él le pareció interesante, porque tiene una finca en Anapoima y sabe que ese municipio carece de agua”.
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