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El Espectador: ¿Cuándo reabrirán el puerto de cargue?
José Miguel Linares: El puerto lo abriremos la próxima semana pero no podemos dar una fecha exacta por la magnitud del proyecto. Estamos trabajando para poder cargar el primer buque sin haber terminado toda la construcción, las obras continúan.
El Espectador: ¿Qué características tendrá el puerto?
J.M.L.: Estamos hablando de un puerto que va a tener dos cargadores de buque con cuatro posiciones para poder cargar cuatro buques simultáneamente, con una capacidad instalada de 60 millones de toneladas. Este va a ser el puerto carbonífero más grande de Suramérica.
El Espectador: ¿Qué tipo de buques usan ustedes para el cargue de carbón?
J.M.L.: Usamos Panamax que son buques de 80 mil toneldas y los Capes que pueden ser buques de 180 o 190 mil toneladas.
El Espectador: ¿Cuándo van a pagar la multa que les puso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por el derrame de carbón en enero de 2013?
J.M.L.: Una vez conocimos la resolución que impuso la multa y analizamos cada uno de los elementos, presentamos un recurso de reposición y estamos esperando que sea resuelto por el Anla.
El Espectador: ¿En cuánto tiempo, entonces, el Anla podría responder ese recurso de reposición?
J.M.L.: Estamos en manos del Anla. Ahí se pueden tomar el tiempo que quieran para analizar los argumentos que presentamos.
El Espectador: ¿Qué es lo que ustedes argumentan para no pagar la multa?
J.M.L.: Consideramos que no estuvo bien la fórmula con la que se calculó la multa y hay varios argumentos técnicos que expuso el Anla con los que tampoco estamos de acuerdo.
El Espectador: ¿Por ejemplo?
J.M.L.: Dicen que cuando hicimos la labor de salvamento de la barcaza, la arrastramos y dañamos el paisaje marino. En esa área, el fondo del mar sólo contiene lodo y arena y las aguas son turbias. El área de los puertos carboníferos no es rica en corales ni en vida marina. Además, el Anla no acepta la labor de rescate que se hizo con la barcaza siendo que este procedimiento está contemplado en la ley colombiana y en los tratados internacionales y se conoce como aligeramiento de carga.
El Espectador: ¿Cómo se supone que se debe calcular una multa para que a ustedes el valor les parezca adecuado?
J.M.L.: No se trata tanto de valores que nos parezcan adecuados. Hoy la ley tiene unos factores que ayudan a hacer esos cálculos, y basados en eso, pensamos que la multa debió ser muchísimo menor. En otras ocasiones similares la multa más alta que se impuso fue de 6 millones de pesos.
El Espectador: ¿Le entendí bien? ¿6 millones de pesos? ¿En qué casos impusieron esa multa?
J.M.L.: Si, entendió bien. Esa multa se impuso en los casos de unas cinco barcazas que sí se hundieron con todo el carbón en otros puertos. En cambio, en el caso nuestro, la barcaza no se hundió, lo que hicimos fue evitar que se hundiera y la multa fue de 7 mil millones de pesos. No vemos una proporción cercana si comparamos los eventos.
El Espectador: ¿Qué multinacional fue la responsable de esos hundimientos de barcazas con carbón a los que usted se refiere?
J..M.L.: Fue Prodeco y el evento ocurrió hace varios años. Nosotros en Drummond hemos hecho 95 mil embarques con barcazas, y el único accidente que tuvimos fue el del año pasado y tampoco se hundió la barcaza.
El Espectador: ¿De cuánto han sido las pérdidas para ustedes y el Estado colombiano desde que les ordenaron cerrar el puerto el 8 de enero pasado?
J.M.L.: Cada día de operaciones, a Drummond le cuesta entre 5 y 6 millones de dólares de ventas, y al país le cuesta entre impuestos y regalías, alrededor de 4.700 millones de pesos diarios.
El Espectador: Independientemente de que el gobierno haya obligado a las empresas carboníferas a hacer el cargue directo, usted ha defendido el cargue con barcazas. ¿Por qué?
J.M.L.: Porque es un sistema que se viene haciendo en el país los últimos treinta años, y no es exclusivo de Colombia. El cargue con barcazas hoy en día se sigue haciendo en Europa. Estados Unidos, Shanghai, muchas partes del mundo. Ese tipo de cargue no es contaminante y es una actividad que bien hecha, no debe tener problema. Pero claro, puede haber accidentes como el que nos ocurrió en enero del año pasado, y con el cargue directo lo que esperamos es que se minimicen los riesgos.
El Espectador: Si el cargue con barcazas es tan seguro, ¿por qué al gobierno en 2007 le entró el afán para que no se hiciera más y se pasara al cargue directo?
J.M.L.: Esa es una pregunta que le debe responder el gobierno.
El Espectador: Pero cuando a ustedes les dieron esa orden, ¿qué argumentos les presentaron?
J.M.L.: Siempre nos dijeron que el cargue con barcazas no servía porque generaba contaminación y nosotros respondimos que queríamos ver los estudios en los que basaban esa decisión, pero la verdad, nunca los conocimos.
El Espectador: La Fiscalía imputó cargos por daño ambiental por el accidente de la barcaza a seis funcionarios de Drummond. ¿Sabe cómo va esa investigación?
J.M.L.: Lo que esperamos es poder tener acceso a todas las pruebas y evidencias sobre las cuales se basó la Fiscalía para tomar esa medida. Todavía no hemos tenido acceso total a esa información.
El Espectador: El fiscal general Eduardo Montealegre sí habló de unas evidencias muy complicadas para ustedes.
J.M.L.: Estamos sorprendidos con las declaraciones que dio el Fiscal porque el estudio que hizo la Universidad Jorge Tadeo Lozano tiene como conclusión que no hay un efecto de contaminación de largo plazo. Hay un efecto que causó la caída del carbón al mar pero es por el efecto de aplastamiento. Ya ha habido hundimiento de barcazas aquí y en otros lugares del mundo, se han hecho estudios y las conclusiones son las mismas, no hay contaminación.
El Espectador: El Fiscal sostuvo justamente todo lo contrario. Él dijo que sí hubo contaminación y aseguró que hubo daños irreparables por los próximos 30 o 40 años en la vida marina y el mar caribe colombiano. Y que esto se basó en informaciones de buzos que contrataron para tomar las pruebas en Pozos Colorados en Santa Marta.
J.M.L.: Todas esas pruebas que menciona el Fiscal, no las conocemos. Lo que conocemos es el estudio que le comenté. Es más, nosotros les ayudamos a los buzos que llevó el CTI para hacer esas inmersiones. Eso es todo lo que sabemos. Y el fiscal dice que estuvieron en Pozos Colorados, pero ¿sabe de qué puerto es el carbón que encontraron? Porque si hicieron inmersión por toda el área donde operan todos los puertos, ¿cómo sabe de quién es el carbón?
El Espectador: ¿Qué ha pasado con los cinco mil trabajadores de Drummond este tiempo que ha estado cerrado el puerto?
J.M.L.: Aún con el puerto cerrado, mantuvimos a todo el mundo y los horarios normales, ni siquiera redujimos los trabajos extendidos. Mantener toda la nómina con todos sus beneficios, ha sido un gran esfuerzo.
El Espectador: Usted ha hablado de trato discriminatorio del gobierno frente a las otras multinacionales carboníferas. ¿Por qué cree que pasa eso?
J.M.L.: No lo sé. No entiendo por qué han sido tan duras las medidas en nuestro caso.
El Espectador. ¿Lobby de las otras empresas con el gobierno?
J.M.L.: No sé, puede ser.
El Espectador: El viceministro de Medio Ambiente estuvo en Santa Marta revisando qué pasaba con la mancha negra que apareció en enero de este año. Y dijo algo que, sin ser explícito, apuntaba a ustedes como responsables.
J.M.L.: Esas declaraciones nos cayeron muy mal y las consideramos tremendamente injustas. Por eso le pedimos a la Procuraduría que hiciera un acompañamiento especial a la investigación, porque vimos que se estaba prejuzgando y era contraevidente lo que se estaba diciendo frente a todas las pruebas que hemos aportado. Así mismo, le solicitamos que investiguen al funcionario que dio esas declaraciones.
El Espectador: ¿De dónde pudo haber salido la mancha?
J.M.L.: Nosotros le entregamos al ANLA toda la colaboración necesaria para que adelantaran la investigación. Es más, quien detectó y dio aviso a las autoridades de las manchas en el mar fue Drummond. Luego hicieron creer que lanchas de la compañía estaban tratando de hacer desaparecer esas manchas, y lo que sucedió fue que la ANLA y CORPOMAG nos pidieron la ayuda para hacer ese trabajo. Nosotros le entregamos a la ANLA toda la información documental (escrita, fílmica y fotografías) que demuestran que esa mancha no se produjo en nuestro puerto, es más, cuando eso pasó el puerto estaba cerrado.
El Espectador: Ustedes tienen unos planes para ampliar la mina de carbón, razón por la cual el ANLA le dio a las empresas mineras la orden de reasentar las poblaciones cercanas en el Cesar. ¿Por qué no lo han hecho?
J.M.L.: El reasentamiento de las poblaciones del Hatillo, Plan Bonito y Boquerón, no tiene nada que ver físicamente con la ampliación de las minas de Drummond. Cuando solicitamos la licencia ambiental para la mina El Descanso, nos sorprendió que nos impusieran la obligación de hacer el reasentamiento de estas poblaciones porque ninguna de ellas está dentro del área minera de Drummond.
El Espectador: Sorprendente o no, lo cierto es que un informe de la Contraloría dice que la concentración es tan alta, que la emisión de partículas en el aire ha llegado a niveles de peligrosidad para la salud y supervivencia de las poblaciones aledañas. Esa es la razón por la que determinan su reasentamiento.
J.M.L.: Si miramos la red de calidad del aire del Cesar manejada por Corpocesar, encontramos que en la mayoría de las estaciones, los niveles están por debajo del nivel máximo permitido.
El Espectador: Pero la información que tengo dice lo contrario. Para dar un ejemplo, en El Hatillo en 2010 los niveles de partículas PM10 presentes en el aire superaron la medida anual recomendada que es de 60 microgramos por m3, y los medidores registraron hasta 87 en la época más seca del año. En Plan Bonito fue peor, 177 microgramos por m3.
J.M.L.: Lo primero que hay que mencionar es que el estudio de la ANLA que mencioné anteriormente sobre el cual establecieron los porcentajes, miraba las proyecciones a futuro de cómo iba a comportarse la calidad de aire, y la realidad ha mostrado que el estudio estaba equivocado. La calidad del aire y los niveles de concentración han bajado en lugar de haber subido como la ANLA pensaba que iba a suceder.
El Espectador: ¿Pero cómo es que los informes de Corpocesar difieren tanto de los reportes de la Anla y la Contraloría?
J.M.L.: La información que tenemos de la red de calidad de aire manejada por Corpocesar indica que hoy en día, de todas las estaciones, solo existen tres que están excediendo la norma. Todas las demás estaciones están por debajo del máximo permitido por la norma.
El Espectador: Según el reporte de Corpocesar que usted ha mencionado, en esos dos puntos donde se han excedido los niveles, ¿hay responsabilidad de Drummond?
J.M.L.: Lo que pasa es que la red de calidad de aire está tomando el efecto, no solamente de la operación minera, está tomando la operación de todo tipo de tráfico, industria y actividad. Es más, si los vecinos por ejemplo cocinan con leña, ese efecto también se mide.
El Espectador: Lo que es cierto es que el ANLA los obliga a realizar el reasentamiento de esas poblaciones y no lo han hecho. Los plazos que les dieron ya se vencieron.
J.M.L.: Si, y estamos trabajando en eso. Lo estamos haciendo a través de un operador canadiense muy reconocido. Hemos avanzado en Patio Bonito y también vamos bien en El Hatillo. El sitio donde no ha habido mayores avances es El Boquerón.
El Espectador: ¿Por qué?
J.M.L.: Porque la dinámica no ha sido fácil. Hay una gran división dentro de la población. Mucha de la gente que vive allí no quiere ser trasladada. Y muchas de las personas del comité que ellos nombraron para negociar no vive en la población y lo que están es detrás de un negocio. Y ese es un sitio donde no están excedidos los límites de contaminación permitidos, la calidad del aire es buena.
El Espectador: Según sus explicaciones, todo funciona perfectamente. Sin embargo, las personas de esas poblaciones del Cesar siguen diciendo que el polvillo del carbón los está enfermando.
J.M.L.: Este es un tema que se debe abordar de forma técnica y científica. No sé si haya casos particulares que muestren que efectivamente hay alguna condición médica complicada. Pero según la información que tenemos, no hay condiciones como las que se han querido plantear. La gente no se está muriendo por enfermedades pulmonares. Eso no es correcto.
El Espectador: Finalmente, el gobierno dijo en enero que Drummond ha sido desafiante con el país. ¿Cómo está la relación ahora?
J.M.L.: Tenemos unas buenas relaciones y venimos trabajando para reanudar cuanto antes el cargue directo. Yo tengo una comunicación frecuente y buena con la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Minas, la directora de Anla, la ministra de Transporte.
El Espectador: El viernes pasado se hicieron públicas unas imágenes de un vertimiento de cemento en el mar, y una vez más, la denuncia decía que salía del puerto de Drummond. ¿Qué puede explicar sobre el tema?
J.M.L.: Eso no es cierto. Eso que se ve en la filmación no es cemento ni concreto. Lo que estamos haciendo es la práctica normal de la construcción: se pone una especie de anillo en el fondo del mar, con una tubería se saca el sustrato marino y luego se hinca el pilote, y ese sustrato marino es el que se bota al mar y es lo que se ve en las imágenes. Posteriormente se le inyecta concreto alrededor para asegurarlo. Si algo queda flotando es contenido en una malla que hay alrededor de la operación y no hay por qué temer un elemento contaminante.
El Espectador: ¿Ustedes saben esas imágenes a qué momento de la construcción del puerto de cargue directo corresponden?
Nuestros ingenieros las estudiaron cuidadosamente y nos informan que son de aproximadamente mayo o junio del año pasado. Entonces sí nos llama la atención que cuando estamos a punto de reanudar operaciones saquen estas imágenes tergiversando todo con el fin de frenar la reapertura del puerto.
@ClaMoralesM