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La crisis carcelaria que se vive en el país cada vez se torna más compleja. A la difícil situación que se presenta en las penitenciarías de Jamundí (Valle del Cauca), Bellavista, Itagüí y El Pedregal (Antioquia), y que obligó al Ministerio de Justicia a decretar una emergencia carcelaria por crisis en salud, se suma la alerta hecha este miércoles por la Defensoría del Pueblo, que pidió intervenir de manera inmediata las cárceles de Chocó, departamento en que también se han presentado varias problemáticas al interior de sus penales.
El organismo pidió al Gobierno Nacional que intervenga en la crisis carcelaria que vive ese departamento, principalmente por el tema de hacinamiento que, según cifras que maneja, supera el 200% en tanto solo hay dos penitenciarías en todo Chocó: una en Quibdó y una en Istmina. Por esto, Luis Enrique Abadía, defensor del Pueblo del departamento, solicitó que se construya una nueva cárcel, como solución parcial a la crisis que tiene el Chocó.
Solución parcial, puesto que en el Chocó también se presentan otras dificultades que son, en esencia, las mismas que denuncian los funcionarios de las cárceles de otros departamentos. Una grave situación humanitaria que deriva de la difícil convivencia entre los internos, problemas con la alimentación y complicaciones en la atención en salud (se estima que hay 311 presos en las cárceles del país con VIH, 89 con cáncer, 1.112 con diabetes y 2.884 que padecen problemas psiquiátricos), son las problemáticas más recurrentes y que agravan la crisis carcelaria no solo en el departamento, sino en todo el país.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo en la cárcel municipal de Quibdó, que tiene capacidad para 285 presos, hay actualmente 551 personas recluidas. En cuanto a la penitenciaría de Istmina, construida para 80 reos, tiene actualmente 140 personas.
Por las graves denuncias en los diferentes penales del país, la Defensoría ya había presentado una queja disciplinaria ante la Procuraduría por la crisis sanitaria de estos centros y pidió a la Contraloría y a la Fiscalía revisar el manejo administrativo de $83.000 millones asignados para la atención médica de los internos.