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La muerte, el domingo pasado, de Gustavo Adolfo García Márquez dejó ayer al descubierto un litigio de grandes proporciones luego de que El Espectador publicara la historia del hermano del Nobel que falleció demandando una pensión en su calidad de cónsul de Colombia en Barquisimeto, Venezuela. (Vea: Un García Márquez murió esperando pensión)
Este diario consultó las versiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Colpensiones, y recibió explicaciones que justificarían que no se le reconozca ese derecho por distintos factores legales, aunque la familia insiste en que sus derechos fueron violados porque se les ofreció una indemnización que nada tiene que ver con la liquidación de sus servicios en el exterior, hecha con base en tablas elaboradas por la oficina jurídica de la Cancillería y que equiparan a funcionarios nacionales con internacionales.
El Espectador confirmó que en el Tribunal Superior de Bogotá, el Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado cursan decenas de demandas similares en cabeza de exministros de Relaciones Exteriores como Noemí Sanín y Luis Fernando Jaramillo. La excanciller confirmó que había preferido mantenerla en reserva: “Es verdad. Yo tengo una demanda puesta”. Ante el Tribunal Administrativo ganó en primera instancia, porque los aportes a pensiones que el gobierno le hizo mientras fue funcionaria por fuera del país no equivalen a lo que ella ha devengado a nivel salarial. “Sólo me reconocen la mitad de la pensión a que tengo derecho comparándola con otras personas que han tenido sueldos y cargos similares, por eso voy ganando el pleito”.
Colpensiones apeló el fallo y será el Consejo de Estado el que decida en última instancia para sentar doctrina. “Hay una serie de conflictos entre jurisprudencias que tienen que ser resueltos, porque hay muchas personas en la misma situación que yo”. Insistió que lo único que quiere es que su historia pensional sea justa y revisada en igualdad de condiciones que la de cualquier otro ciudadano, razón por la cual ofreció “ayudar con mucho gusto y gratis” a los demás funcionarios que están en el mismo lío, que calificó como “una locura”.
Una demanda similar había interpuesto el excanciller Luis Fernando Jaramillo Correa, pero falleció a finales de 2011 sin que, según un allegado, “sus derechos hubieran sido restablecidos”. Otro que reclama la revisión del impacto de su escala salarial sobre su ahorro pensional es el actual jefe de negociadores de los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc en Cuba, Humberto de la Calle Lombana. Le dijo a este diario que lleva diez años esperando a que el Estado repare la “arbitrariedad”. Fue embajador en España a mediados de los años 90 y luego ante la Organización de Estados Americanos.
Así se pronunció: “Tengo pensión de 3,8 millones. No privilegiada. No tengo pensión como ex vice (vicepresidente de la República). Lo que he buscado es que reliquiden con salario real como embajador, pagando yo las cuotas que me correspondan como cualquier ciudadano. El Tribunal de Bogotá me dio la razón, pero el ISS en un abuso del litigio llevó esto a la Corte Suprema, donde está hace años. Dos veces he ofrecido conciliar. Advierto que si hay condena con retroactividad, ello obedece a omisión arbitraria del Estado. Ni siquiera contestan mis derechos de petición. En 2012 Colpensiones dictó resolución dándonos la razón. Pedí que en aras de igualdad me la aplicaran a futuro y dejáramos que la Corte resolviera lo demás. No fue posible. Acuso a Colpensiones de obrar de manera arbitraria”.
La lista de indignados es larga e incluye nombres como Alfonso López Caballero, hijo del presidente Alfonso López Michelsen y quien fue embajador de Colombia en Canadá y en los últimos años ante el Reino Unido. Aparte de estos conocidos, el tema afecta a decenas de exfuncionarios de todo nivel que alguna vez trabajaron en embajadas, consulados o legaciones ante entidades multilaterales. Por ejemplo el excónsul en Holanda y Alemania Luis Ignacio Andrade, que ya ganó las demandas incluso ante el Consejo de Estado y sigue atento a que le reconozcan su pensión con base en lo que realmente ganaba como sueldo y no con base en las tablas de la Cancillería, a las que todos condenan, entre varias causas, por no tener en cuenta el cambio real de las monedas en que recibían sus mesadas. Casi en todos los casos hablan de la pérdida de la mitad de sus derechos.
“Ahora me tocó interponer tutela reclamando indemnización moratoria para que revisen el cálculo actuarial de los aportes a pensión que no han querido reconocer —explica Andrade—. Me quieren pagar los aportes de hace 14 años y no he querido conciliar, porque lo hacen de una manera injusta, como el que le tira un hueso a un perro”. Lo más grave, según él, es que hay quejas de la planta de personal del año 2005 hacia atrás y muchos no tienen recursos para defenderse en un proceso que dura años.
Los fallos que han favorecido a estas personas hablan de “derechos imprescriptibles” y exfuncionarios como Andrade también preparan denuncias para que la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo investiguen las responsabilidades de los funcionarios que “se inventaron este régimen” y con el que pudieron haber incurrido en varios delitos, incluido el de “detrimento patrimonial del erario”, ahora que el Estado entre a pagar condenas. “La embarrada fue muy grande y tienen que responder”.
Cuando El Espectador llamó al Ministerio de Relaciones Exteriores en busca de explicación para el caso del hermano de García Márquez, un funcionario dijo extraoficialmente que a todos los empleados bajo su responsabilidad les cumplió con los aportes de ley y que el tema pensional es de Colpensiones.
Sin embargo, las reclamaciones coinciden en que la reglamentación interna de esa entidad mantuvo vigente ese tipo de liquidaciones hasta el año 2005 y a través de la resolución 0512 de 2006 actualizó el tema para frenar los casos que tramita un Comité de Conciliación que se creó a través de la Procuraduría General de la Nación. Allí los demandantes han sido invitados a aceptar indemnizaciones como la de $16 millones que le ofrecieron a Lilia Travecedo, la viuda de Gustavo García Márquez, y que no quiso cobrar “porque no corresponde en justicia a lo que mi esposo trabajó para dejar en alto el nombre del país”. El escándalo apenas comienza. Bien dijo Gabriel García Márquez que la realidad supera la ficción.
Viuda de hermano del Nobel no recibiría pensión
Lilia Travecedo, viuda de Gustavo García Márquez, hermano de Gabriel García Márquez, no podría recibir la pensión que su esposo demandó del Estado los últimos años de su vida, porque no cumplía con los requisitos de ley. Una fuente de Colpensiones le dijo a El Espectador, de manera extraoficial porque por ahora la entidad no hará pronunciamiento público, que la familia del ingeniero civil fallecido el 9 de marzo por alzhéimer se demoró demasiado en presentar la reclamación por discapacidad. Él dejó de ser diplomático en 2001 y apenas cuatro años después iniciaron el proceso. Como no cumplía con el término de “estructuración”, ni tenía las semanas cotizadas requeridas —sólo 342—, le asignaron indemnización sustitutiva de $16 millones del Instituto de Seguros Sociales. La familia no se notificó, según un edicto público de ley. Como el dinero no fue reclamado, volvió a las arcas del ISS, hoy Colpensiones, y ahora el expediente será revisado, pero dentro de “un consecutivo” que cumplen todos los ciudadanos y que requiere mínimo cuatro meses. “No será acelerado porque se trate de la familia del Nobel y seguramente ratificará lo que ya se había decidido”. La viuda insiste en que no aceptará indemnización, sino una pensión justa.