Un juzgado de control de garantías profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario contra seis supuestos integrantes de una organización al margen de la ley que se dedicaba al cobro de pensiones de gracia de profesores de manera fraudulenta en la Costa Atlántica.
De acuerdo con el delegado fiscal, adscrito a la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, los procesados se apropiaron de cerca de $5.000 millones a través de la liquidación de pensiones con documentación falsa de por los menos 60 docentes, quienes se habían beneficiado del reconocimiento económico por su buen desempeño durante el tiempo de labores en el departamento de Magdalena.
Según el argumento de la Fiscalía y acogido por el juzgado penal, estas personas podrían continuar con la actividad delictiva, obstruir a la justicia o incluso salir del país para evitar las labores de la administración de justicia.
El trabajo de agentes encubiertos de la Fiscalía General y la Policía Judicial permitió establecer que estas personas, entre las que se encuentra vinculada penalmente una funcionaria de la Gobernación del Magdalena y cinco abogados de Santa Marta (Magdalena) y Bogotá, al parecer, se apropiaron de las mesadas entre los años 2008 y 2009 en la capital y esta región del país.
La medida restrictiva de la libertad fue concedida por la gravedad de los delitos contemplados en la ley penal como son los de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.