CIDH alerta sobre situación de migrantes en Turbo, Antioquia

AFP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró este lunes que está preocupada por la situación de los cerca de 1.300 migrantes de distintas nacionalidades que se encuentran varados en Turbo (Antioquia), cerca al Tapón del Darién, cerca de la frontera con Panamá.

El organismo afirma que entre estas personas que tienen como destino Estados Unidos, la mayoría provenientes de Cuba y Haití, se encuentran mujeres embarazadas, niños y bebés recién nacidos. “La situación se ha agravado como consecuencia del cierre de la frontera y el aumento de los controles migratorios por parte de Panamá el 9 de mayo”, dijo la CIDH, que también aplaudió que el Estado no realizó ninguna detención de migrantes irregulares “porque esa práctica no es legal en el país”.

Ante esta situación, la Defensoría ha dicho que las principales preocupaciones en materia de derechos humanos se relacionan con las condiciones en las que se están alojando, “dificultades en el acceso a alimentos, riesgo de contraer enfermedades, así como la posibilidad de ser víctimas de trata de personas”.

“La CIDH recuerda que antes de promover la salida voluntaria, es obligación del Estado identificar migrantes que tengan necesidades especiales de protección, tales como solicitantes de asilo y refugiados, personas sujetas a protección complementaria, víctimas de trata, entre otros, y adoptar medidas para su protección”, dijo el organismo.

Por último, la Comisión sostiene que los canales legales y seguros para migrar son insuficientes, y que por eso estas personas han optado por rutas y canales clandestinos, en los que han sido objeto de extorsión y abusos por parte de organizaciones criminales y uniformados de la Policía.

“El Estado informó que a la fecha no se ha presentado ningún recurso para impugnar la deportación. Ante esto y la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas, la Comisión observa que estas personas se encuentran en Turbo, una zona remota del país, y que el Estado debe adoptar medidas para hacer efectivo el derecho a la impugnación”, concluyó.