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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó "inquietud" sobre cómo el Gobierno colombiano protege los derechos de los campesinos desplazados por la construcción de presas o grandes proyectos hidroeléctricos.
Después de escuchar las quejas de 21 organizaciones colombianas que representan a campesinos, los comisionados pidieron al Estado información específica sobre las medidas que está tomando para restituir los derechos de las personas desplazadas y proteger su derecho a la tierra.
"No me quedó claro si se reconoce como problema real y de qué magnitud", destacó el comisionado Felipe González, en la primera jornada del 153 Periodo de sesiones de la comisión, que empezó este lunes en Washington.
Por su parte, el comisionado José de Jesús Orozco Hernández hizo alusión a las nueve personas asesinadas y las 27 que han sido amenazadas por su oposición a la construcción de represas, según denunciaron los peticionarios.
"Soy Cristina Zuleta, víctima del paramilitarismo en Ituango, Antioquia, y víctima del megaproyecto más grande de Colombia, Hidroituango. Toda mi vida he buscado las razones por las cuales a mis 14 años tuve que salir con mi familia de mi pueblo", dijo en su intervención una de las afectadas por los macropoyectos.
"Hoy con el dolor que me produce, puedo afirmarles que el interés por construir las presas Urrá, Hidroituango, Espíritu Santo y las decenas de megaproyectos minero energéticos pensados para la zona son las causas reales de mi desplazamiento", subrayó la afectada.
En este sentido, incidió en que 79.429 personas han sido desplazadas de la región conocida como el cañón del río Cauca, en Antioquia (noroeste), y que otras 3.200 fueron expulsadas de la zona de Córdoba, "porque había que abrirle paso a los megaproyectos".
"Vine a presentar mi testimonio porque en Colombia se nos agotaron las oficinas que visitar. Hemos acudido a todas las instancias y no hemos encontrado soluciones", añadió Zuleta, que preguntó a los representantes del Estado: "¿Cuántos somos expulsados realmente por el conflicto armado y no por las represas?".
Tras el testimonio de Zuleta, otra de las peticionarias, Johana Rocha, pidió a la CIDH que visite algunas de las zonas afectadas para conocer de cerca la situación y desarrollar medidas para garantizar la reparación de los campesinos desplazados.
Además, pidió a la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que inste a Colombia a aplicar una moratoria a todos los proyectos que están provocando desplazamientos.
El Estado contestó a las reclamaciones de los peticionarios, alegando que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia reconoce como personas desplazadas a las víctimas de la violencia y no a los campesinos desplazados para "proteger sus derechos" mediante el reasentamiento.
"No ha habido desplazamientos sino protección de lo derechos a la vida, la sociedad y el medio ambiente mediante la imposición a las empresas de ciertas obligaciones", aseguró el representante del Gobierno colombiano en materia de Medio Ambiente, Javier Molina.
El reasentamiento de las comunidades y el acompañamiento psicosocial son algunas de las condiciones impuestas por el Gobierno a las empresas.
Ante las peticiones de la CIDH, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, afirmó que el país está "totalmente a disposición" de la organización.
Además de esta audiencia sobre las denuncias de desplazamiento forzado, Colombia compareció hoy a otras cuatro, entre las que destacaron una sobre la participación de mujeres en el proceso de paz.
En ella, once asociaciones denunciaron la histórica marginación de las mujeres en el reparto de recursos y alertaron de la posibilidad de que esto continúe tras un eventual fin del conflicto armado.
"¿Cuántas mujeres tenemos que morir para que nuestros derechos sean efectivos? Pedimos a la CIDH que haga un seguimiento de nuestro caso", clamó Belinda Márquez, una de las peticionarias.
La representante del Ministerio del Interior de Colombia Paula Rivero señaló que el Gobierno ha creado una "convención" para afrontar "los diálogos de paz con un enfoque de género".