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Nacional 22 Jun 2013 - 10:00 pm

39.058 fueron plagiadas entre 1970 y 2010

Las cifras del secuestro y sus lecturas

Esta semana causó gran impacto la publicación de una investigación sobre cuatro décadas de este delito en Colombia. Hablamos con el investigador César Caballero, quien dirigió el trabajo.

Por: Nicolás Rodríguez/ Especial para El Espectador
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El director de la firma investigadora Cifras y Conceptos, César Caballero, fue director del DANE. / David Campuzano - El Espectador

Tras el lanzamiento del informe Una verdad secuestrada. Cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970-2010, el director de Cifras y Conceptos, César Caballero, habló con El Espectador sobre el origen y retos de la investigación, las 39 mil personas que han sido secuestradas al menos una vez, las posibles lecturas de algunos de sus hallazgos, las motivaciones de los principales secuestradores y la presión que enfrenta el Estado en materia de justicia. Frente a las desapariciones forzadas, prometió un informe similar.     

¿Por qué primero hablar de secuestro antes de abordar la desaparición forzada?

Porque ese era el interés que tenía Francisco Santos, quien fue secuestrado, quien fundó País Libre, y quien  siendo vicepresidente me reconoció que había problemas con las estadísticas y me pidió que tratara de desarrollar una metodología que le pudiera permitir al gobierno en ese momento, o al país, unas cifras más adecuadas.

¿Encontraron muchas dificultades para acceder a la información?

La primera son los celos institucionales. A veces en Colombia hay funcionarios públicos que creen que los datos son de ellos.  La segunda, que creo que es irresoluble para un funcionario público, son los cambios en la definición del delito. Hemos venido sosteniendo que entre 1970 y diciembre de 2010, el código penal cambió 16 veces. Cada vez que se modifica, hay una conducta que ayer contabilizábamos como secuestro y hoy ya no. Y vice versa, que ayer no contabilizábamos y hoy sí lo hacemos.  El funcionario público está atrapado en eso, nosotros no. 

Algunas personas plantean que con las cifras de secuestro se ha hecho mucha política. En concreto, se dice que entidades adscritas a las fuerzas militares inflan las cifras. ¿Encontraron algo de eso?

Lo que encuentro es que al país no se le estaba diciendo lo que estaba ocurriendo. De hecho no veo una sobre estimación sino una subestimación. La base más grande para el periodo considerado es la de Fondelibertad, y habla de 24.000 personas; nosotros estamos entregando una base de 39.000 víctimas, lo cual hace pensar que realmente las cifras no se inflan, sino que las desinflaron.

¿Cuáles pueden ser los límites explicativos de una base de datos como esta? ¿Algún sitio al que le habría gustado llegar pero no pudieron? ¿Cosas que quedaron por hacer? 

Llegar a más juzgados. Llegamos a juzgados en 10 ciudades, y nos habría gustado llegar a juzgados en 21 ciudades. Nos habría gustado tener acceso a más información de la Fiscalía, aunque el actual fiscal (Eduardo Montealegre) ha facilitado mucha. Y conocer más de lo que tienen otras entidades públicas. Pero con lo que tenemos, creo que el resultado es bastante sólido. 

Entiendo que la metodología tiene sus etapas…

La metodología tiene varias etapas: la decisión de haber tomado una definición con fines estadísticos; acopiar las 7 bases disponibles (Fondelibertad, prensa, DAS, Fiscalía, Policía Nacional, sentencias, entrevistas y publicaciones); fusionarlas en una sola, y depurar, porque hay casos que excluimos de la definición, como ocurre con desaparición forzada o patria potestad. 

Y en términos de etapas históricas del secuestro, ¿cuál es la propuesta del informe?

Son cinco. Una que llamamos los “inicios”, en donde encontramos que como máximo  se presentan  cerca de 300 o 350 secuestros al año, que es el periodo que va de 1970 a 1989. Ahí uno nota que el fenómeno está comenzando pero no es masivo. Luego viene el “escalamiento” (1990-1995), donde ya nos subimos a 500 secuestros o más de 500 por año. Y luego la “masificación” (1996-2000), en donde estamos hablando de más de 3000 o 3500 secuestros por año, que es un volumen aterrador. Luego viene lo que denominamos la “contención” (2001-2005), que inicia a finales del gobierno Pastrana, se extiende con la seguridad democrática y que muestra una caída muy importante, que llega a niveles de 1200 o 1300 secuestros al año, pero que luego pasa a la fase que hemos llamado de “reacomodamiento” (2006-2010). ¿De quién? De los criminales, quienes entienden cómo funciona la política criminal colombiana y empiezan a adaptarse para mantenerse en el negocio. En todo está implícito que hay un negocio.

¿Algún dato que haya llamado la atención, por escandaloso o contraintuitivo?

Lo primero que me pareció escandaloso es cómo las redes criminales victimizan niños y mujeres. Eso me sorprendió. Y me sorprendió porque no lo preveía. Creo que ahí hay un tema de trata de personas que no logro identificar perfectamente. El segundo tema que me parece escandaloso es la situación del Cesar. Lo de Antioquia es aterrador, lo de otros departamentos también. Pero lo que pasa en el Cesar (2621 secuestros) es realmente aterrador.

Cómo se explica que Cesar sea el departamento con el mayor número de secuestros por 100 000 habitantes? (Seguido por Cauca, Meta, Antioquia, Norte de Santander y Santander)

Es parte de los retos hacia adelante. Tiene mucho que ver con que ahí estuvieron todos los actores del conflicto: guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico. Pero es una de las grandes preguntas hacia el futuro.

¿Hay algún indicador que permita pensar en quién le enseña a quién a secuestrar, o quién aprende de quién?

La sensación que deja la lectura de otras fuentes es que el M-19 aprendió de los tupamaros y luego lo extiende a otras guerrillas.  Las redes criminales, en alianza con el narcotráfico, en un momento encuentran que esto se puede convertir en un negocio. Quienes convierten realmente esto en un negocio son las redes criminales. 

Si se mira hacia las redes criminales, la motivación para secuestrar es mayoritariamente económica (95%, frente a 3% de secuestro político).  Qué debemos entender por “redes criminales” y por qué no se incluyó en esta base la categoría “narcotraficantes”? 

Lo primero es que nos negamos a hablar de delincuentes comunes cuando estamos pensando el secuestro. Un tipo que está dedicado a secuestrar es todo menos un delincuente común. Por eso nos negamos a usar esa categoría, con la cual en las estadísticas oficiales la persona que se roba un celular sale al lado del que hace un secuestro. Adicionalmente hemos notado que hay una industria, en la que hay unas etapas del secuestro, en donde las redes funcionan para cometer los secuestros. Eso en cuanto a la denominación. Lo segundo es qué estamos incluyendo: evidentemente temas de narcotráfico y temas de bandas criminales que funcionan como redes. Todo lo que funciona como una estructura organizativa, que tiene unas partes que funcionan para la inteligencia, otras para el momento de la captura, otras para el cautiverio, eso es lo que denominamos redes criminales.

¿Que la mayor cantidad de secuestros en las filas de las FARC (39%) y del ELN (29%) sean funcionarios públicos, confirma que el secuestro es un arma de lucha política?

Lo que vemos claramente, por el volumen de parlamentarios, diputados, concejales y alcaldes que han sufrido el secuestro, es que hay una estrategia de parte de las Farc particularmente, y del ELN también, que consiste en atentar contra la democracia colombiana. 

¿Alguna lectura frente a que el 51% de los secuestrados pertenecientes a cargos políticos sean liberales? (Conservadores: 30%; movimientos de izquierda: 4%)

Es que el partido liberal tenía más presencia en las regiones, eso es lo primero. Y segundo, en las regiones históricas de las Farc, que es el grupo que más victimiza a los liberales, el partido liberal era el opositor. Era el que defendía la democracia, buena, mala o regular. 

Algunos textos académicos plantean que la combinación del secuestro con el narcotráfico degradó el conflicto. ¿Confirmaron algo de eso?

Al interior de la categoría de redes criminales nosotros podemos encontrar cuáles lo son por narcotráfico; son un subconjunto de lo que nosotros llamamos redes criminales. El narcotráfico  contribuyó pero antes de hablar de degradación, haría énfasis en la  masificación.

En materia de exigencias, llama la atención que el 25% de los secuestros exigen entre 1000 y 5000 millones. ¿Confirma esto que el secuestro es un delito de clase?

También hay que ver que hay un 8% de los secuestrados a los que les piden menos de 20 millones de pesos. Luego quisiera enfatizar que acá no solo secuestraron personas ricas. Evidentemente es un negocio, entonces secuestran más personas adineradas.  Pero también hay secuestros de menos de 20 millones.  Creo que no es un delito de clase.

¿Pero los datos disponibles permiten afirmar que el secuestro se diversifico hasta el punto de democratizarse?

No. Ahora si usted mira el volumen de funcionarios públicos, particularmente policías y militares, por los cuales nunca pudieron pedir grandes volúmenes de recursos, a ellos les pidieron de a tres y cuatro millones de pesos. Acá no solo secuestraron a los ricos.

¿Quién secuestra en las regiones y quién en las ciudades?

En las ciudades las redes criminales y en las regiones los grupos guerrilleros.

¿Cómo se llegó a la cifra de más de 130 mil millones ejecutados en la lucha antisecuestro? 

Hay un estudio de María Eugenia Pinto Borrego (El secuestro en Colombia: Caracterización y costos económicos), que se hizo para Planeación Nacional y se publicó en el 2004.  Cubría del año 1986 al 2003. Lo que hicimos fue hablar con la gente de Planeación Nacional, que amablemente colaboraron con las cifras, y actualizar. 

¿Por qué parecería que a partir de cierto punto (año 2004), la cantidad de recursos ejecutados en la lucha antisecuestro no lleva necesariamente a una disminución en el número de secuestro?

Tengo la siguiente teoría: las redes criminales se adaptan y entienden cómo las están combatiendo. El estado se demora más. Además, en el gobierno pasado hubo una terquedad enorme al no adaptar los resultados de la seguridad democrática; se pensó que con la misma fórmula se podía seguir. Esto requiere humildad y reconocer que parte del Estado debe estar permanentemente revisando sus estrategias.

¿Cómo se explica que, pese a la cantidad de veces que ha sido reformada la ley y pensado el delito del secuestro, el número de sentencias condenatorias sea tan bajo? (3144 de un total de 39.058 procesos)

Este es un país sin justicia y eso es parte de lo que tenemos que resolver. Frente a un delito que claramente es de organizaciones criminales, de grupos, la justicia colombiana persigue y judicializa individuos. Al hacerlo no desarticula las organizaciones.

¿Se sabe cuál fue el impacto de la ley antisecuestro de 1993 en materia de condenas? 

Muy poco impacto. 

Cómo se explica que ya habiendo sido tipificado el delito de desaparición forzada en 2000, entre 2001 y 2010 la ejecución de penas sea tan diferente entre secuestro y desaparición forzada? (para secuestro: 1.032 penas ejecutadas de un total de casos de 11.874; para desaparición forzada: 12 penas ejecutadas de un total de 16.222 casos)

Es algo frente a lo que no tengo elementos de juicio para responder. Pero es claro que si en el secuestro la justicia actúa poco, en desaparición forzada la situación es dramática.

Hay un problema de memoria histórica en el hecho de que la desaparición forzada sea tipificada apenas en el 2000, y el secuestro, en cambio, lo sea en 1936. ¿Hay una falta de reconocimiento de esas víctimas de parte del estado?

El Estado colombiano las negó hasta el 2000. Del 2000 al 2010 hubo un trabajo  inicial pero no reconocer que había un conflicto armado interno, en contra de la realidad, fue aterrador. Ahora en medio de un proceso de paz hay una oportunidad histórica para que los victimarios reconozcan el tema de la desaparición forzada.  

¿Cómo hacer para que esas víctimas de la desaparición forzada ganen más espacios?  

 Creo que el rol emblemático que tienen algunos grupos de personas, como la organización de las Madres de la Candelaria o las Madres de Soacha, están ayudando a que la desaparición forzada emerja.  El compromiso nuestro es el de avanzar hacia un informe similar al que estamos discutiendo, pero centrado en el tema de la desaparición. Además, el centro de memoria histórica está organizando su propio informe, bajo la dirección de Carlos Miguel Ortiz.

Los desesperanzadores récords del secuestro en Colombia

86  años tenía Lila Qüenza, la  persona con mayor edad alguna vez plagiada, cuando fue secuestrada. Ya está libre.

5.088  días, aproximadamente, estuvo el sargento Libio José Martínez secuestrado hasta el día de su muerte a manos de las Farc.  

5 veces fue secuestrado el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, antes de ser asesinado por las Farc.

9.678 es la cantidad de años que estuvieron secuestrados, en conjunto, 21.345 de los 39.058 plagiados desde 1970.

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